En el marco del aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), el Presidente de la República anunció un paquete de reformas constitucionales, que plantean transformar la institucionalidad electoral, y dar paso a una nueva etapa que tenga como principio, la austeridad en el sistema de elecciones.

 Varios son los temas importantes de estas propuestas de reforma: se busca ampliar la representatividad y garantizar la pluralidad en los poderes públicos; la unificación de las autoridades electorales administrativa y jurisdiccional, la desaparición de los Organismos Públicos Locales (OPL) y de los tribunales electorales locales; facilitar el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana en la vida pública; fortalecer a los órganos administrativo y jurisdiccional en materia electoral salvaguardando el equilibrio de poder y su imparcialidad en las contiendas, así como homologar los procesos electorales locales y el método de representación.

En el caso de la unificación de las autoridades electorales administrativa y jurisdiccional, la desaparición de los Organismos Públicos Locales (OPL) y de los tribunales electorales locales, se reformarán nueve artículos de la Constitución Mexicana. Los argumentos versan en la falta de independencia del Instituto Nacional Electoral (INE), de los OPL, de los órganos jurisdiccionales, así como su desapego a los principios que rigen el quehacer electoral.

Un tema a resaltar es el ejercicio que presenta la propuesta de reforma sobre el costo de operación de las elecciones, justificando el crecimiento exponencial de recursos públicos, de la elección de 1999 a 2018 con un aumento del 409 por ciento, en el transcurso de 19 años.

La iniciativa de ley busca una vez más, la transición del INE, al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) otorgándoles la centralización total de las atribuciones en materia de administración y organización de los procesos electorales, y los ejercicios de democracia directa previstos en la CPEUM.

El camino para llegar aquí, a la desaparición de los institutos electorales de los estados, inició con la transición del IFE al INE al otorgarle facultades esenciales en los comicios para poder tener no solo injerencia, sino capacidad de mando, sobre los procesos electorales locales, ya que la mayoría de actividades que se realizan en los OPL son supervisadas y avaladas por el INE, restándoles autonomía en muchas de las decisiones operativas.

Otro fenómeno que se ha observado clara y paulatinamente es que el INE a través del Consejo General, ha nombrado en la mayoría de las consejerías electorales, a miembros del servicio profesional electoral, generando un efecto dominó, que deja de lado la experiencia de quienes han trabajado  por años en los OPL,  porque erróneamente se compara una elección federal con una local; siempre se ha subestimado a quienes trabajan en los organismos locales, y se ha denostado su conocimiento del comportamiento electoral y postelectoral; lamentablemente la experiencia local nunca ha sido valorada.

En el caso de Puebla, un claro ejemplo es la efervescencia de las elecciones municipales, con una geografía electoral compleja de 217 municipios. Nuestro estado ha sido testigo de quema de los inmuebles de los Consejos Municipales, de plantones afuera de los organismos electorales, quema de urnas y de boletas, así como elecciones violentas, en el proceso electoral local del 2021. De acuerdo al “Reporte de incidencias durante las sesiones permanentes de seguimiento a la Jornada Electoral 2020-2021” alrededor de veintiún municipios requirieron resguardo policiaco y apoyo para el traslado de paquetes electorales; por ejemplo, el cómputo del municipio de Zoquiapan, se realizó de manera supletoria, debido a que por conflictos postelectorales, no aceptaban el triunfo de su presidenta electa.

Regresando al tema del allanamiento del camino, la propia conformación de los institutos electorales en los estados, al contar con un amplio personal proveniente del INE, da pauta a considerar que es posible pensar que no existiría obstáculo alguno, para que las funciones de los OPL las realice el INEC.

Para la elección de quienes serán parte del INEC, el esquema involucra a los Poderes de la Unión, participarán en candidaturas presentadas por las Cámaras de Diputados y Senadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Ejecutivo Federal, el voto de la ciudadanía definirá la integración del Consejo General del INEC.

La consejería del INEC será elegida por un periodo de seis años, sin derecho a reelegirse. El primer domingo de junio será su proceso electivo exceptuando la primera jornada efectiva.

Se propone la reducción del número de miembros del Consejo General de 11 a 7 personas consejeras; la presidencia corresponderá a quien obtenga el mayor número de votos.  El organismo nacional electoral estará conformado por órganos temporales y auxiliares, por lo que desaparecerán las juntas locales y distritales del hoy INE.

Quienes aspiren a una candidatura al Consejo General del INEC podrán hacer campaña, teniendo acceso a la radio y a la televisión, de manera equitativa; en teoría de acuerdo a la iniciativa quedarían de lado las cuotas partidistas, los favoritismos y la meritocracia.

 La propuesta de reforma tiene muchas similitudes al anterior proyecto de reforma, la que desencadenó la defensa férrea por parte de los organismos electorales, la sociedad civil y los partidos políticos opositores al actual gobierno. Es posible que dichas reformas sean una antesala para las primeras acciones que realizará la próxima legislatura, debido a que actualmente, al encontrarnos inmersos dentro de un proceso electoral, existe la prohibición del artículo 105 constitucional, que durante el proceso comicial no podrá haber modificaciones legales fundamentales en dicha materia; por lo que por principio de certeza, el presente proceso electoral se realizará con las reglas actuales sin que se puedan hacer alguna modificación de las propuestas por el Ejecutivo Federal.  

@luza1975