En 2010, el Congreso colombiano rechazó la posibilidad de que el entonces presidente, el derechista Álvaro Uribe, accediera a una segunda reelección. Uribe aseguraba que contaba con el respaldo y aprobación popular y sostuvo que el Estado de Derecho se impuso al Estado de Opinión, término acuñado por uno de sus más cercanos asesores: José Obdulio Gaviria.

Su tesis sostenía que el sentir de las masas debe ser el fundamento para el diseño y funcionamiento de las instituciones.

El Estado de Derecho implica que todas las instituciones funcionan a partir de reglas claras y sólidas en las que tanto la ciudadanía, como jueces, magistrados, servidores públicos y demás dirigentes las respetan y hacen valer por igual a partir de entender que en este funcionamiento se basa el desarrollo y estabilidad de la región.

Aunque este término se acuñó por políticos de derecha, y aunque parezca peculiar, es natural que para los gobiernos de izquierda se busque que las instituciones estén al servicio de la población y se rijan a cumplir a cabalidad el mandato popular. En contraste, con los gobiernos de derecha, donde las instituciones rigen a la población que debe someterse a sus reglas y mecanismos.

Sin embargo, en México, en diversas latitudes y órdenes de gobierno se observa como esta disputa entre el Estado de Opinión y el Estado de Derecho, alcanza niveles preocupantes, sobre todo porque genera escenarios donde los excesos depositan una gran cantidad de poder y responsabilidad en una persona o grupo.

La voluntad de la mayoría como rector institucional.

Con esta lógica es que se impulsa la Revocación de Mandato, un empujón a una de las instituciones, simbólicamente más importantes del país: el Instituto Nacional Electoral, que después de validar millones de firmas ciudadanas deberá organizar el mecanismo de consulta a pesar de semanas de jalones y tirones. El mandato popular se hace presente y confirma entonces el fenómeno.

El riesgo aparece cuando intentamos profundizar en el origen de lo que entendemos como la "voluntad de las mayorías" o lo que desde el poder se quiere entender o construir como el mandato popular.

En un momento donde las voluntades, los sentires y las preocupaciones sociales están basados en opiniones y percepciones, las posibilidades de que las instituciones se dobleguen ante presiones sociales manipuladas o desinformadas es por demás delicado.

Es entonces que el Estado de Percepción puede desplazar al Estado de Opinión y con ello al Estado de Derecho, a partir de una eficiente administración de los mecanismos de creación de realidades. El Estado de Percepción permite que fiscalías inicien procesos legales contra quienes "inciten protestas contra nuevos impuestos" por "ser minorías malinformadas".

El Estado de Percepción justifica el uso de instituciones públicas para auditar medios de comunicación lejanos a los intereses de quienes las controlan.

El Estado de Percepción normaliza el uso indiscriminado de recursos y medios públicos para que un mandatario descalifique adversarios políticos, se involucre o busque incidir en procesos electorales de otros órdenes de gobierno, o instruya persecuciones y linchamientos públicos, utilizando como única fuente de información los medios que están a su servicio.

Colocar al pueblo en el centro de la toma de decisiones siempre será el camino de un Estado democrático y justo; sin embargo, se tiene que estar muy pendiente de la responsabilidad que tiene el Estado en la construcción de las percepciones sobre las que ese mismo pueblo se conduce.

Hasta la próxima.
Comparte y sígueme en:
https://twitter.com/LuisMartiMX