Los acontecimientos suscitados en Salamanca, Guanajuato durante la tarde del 19 de septiembre en los que fue utilizado alto explosivo para atentar en contra de la vida de dos personas nos hace recordar que en mayo de 2020, la Fiscalía General de la República confirmó que el material asegurado hacia finales de abril de ese mismo año en un inmueble de San Pedro Cholula era un explosivo plástico conocido como C4 y dejó abierta la hipótesis de que podría estar relacionada con la actividad delictiva que desde ese entonces se había recrudecido en la región del Bajío, en especial del estado de Guanajuato.

Si bien este hecho pasó casi inadvertido, hoy cobra relevancia en virtud de que la entidad poblana se ha visto envuelta en una serie de hechos de violencia que obligan a replantear la coordinación entre los tres niveles de gobierno, máxime que se trata de grupos que operan en más de una entidad federativa.

Una pronta revisión de la historia reciente indica que la colaboración en México solo se ha dado ante hechos de extrema violencia como los sucedidos el 31 de enero de 2021 en Villas de Salvárcar en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde un total de 15 jóvenes perdieron la vida y otros 10 resultaron lesionados. Tras dichos sucesos los gobiernos municipal, estatal y federal formaron un solo frente y se designó a un responsable de coordinar los esfuerzos en materia de seguridad, teniendo como resultado que en menos de dos años las cosas mejoraron de manera sustancial.

En el caso de Salamanca, Guanajuato, donde un artefacto explosivo de fabricación casera envuelto en forma de regalo (dotado de un mecanismo de iniciación por liberación de presión) causó la muerte de dos personas y heridas a otras cinco; todo parece indicar que al fin el gobierno federal emanado de un color partidista, el gobierno estatal de otro y el gobierno municipal del mismo color, aunque la presidenta haya competido por el PT para reelegirse (sin lograrlo), finalmente se pondrán a trabajar en favor de los guanajuatenses.

Al menos así se desprende de las declaraciones del presidente de la República y del gobernador del estado el 20 de septiembre, cuando este último señaló que la Fiscalía General del Estado se haría cargo de la investigación del homicidio de las dos personas, así como del uso de explosivos, enfatizando que a nivel local está tipificado el delito de terrorismo y que hoy como nunca está trabajando con el municipio de Salamanca, además de haber solicitado la intervención del gobierno federal para la investigación sobre la naturaleza y el origen de los explosivos.

Sin embargo, lo más relevante de sus dichos es que el gobernador finalmente se atrevió a llamar a las cosas por su nombre y lo calificó de “atentado terrorista”, mientras que el titular del ejecutivo federal matizó sus señalamientos para no comprometer la investidura presidencial y aceptar lo que siempre ha negado, que en México existan grupos armados con capacidad de cometer actos terroristas.

Habrá que tener cuidado con el fraseo de los acontecimientos en virtud de que el gobierno de Estados Unidos sólo está esperando que México otorgue la categoría de terroristas a los carteles de la droga o algún otro grupo generador de violencia en cualquier parte del país para tratar de intervenir y así evitar que sus acciones afecten sus ciudadanos e intereses.

De ser así en breve podríamos tener la visita de más agentes de Estados Unidos en busca de pruebas que faciliten la aplicación de sus leyes extraterritoriales que dicho sea de paso les permiten ir hasta donde se encuentren los grupos terroristas o narcoterroristas para detenerlos o neutralizarlos antes de que ingresen a su territorio con sus mercancías ilícitas o explosivos, como ya sucedió en Colombia, Pakistán y Afganistán.   

¿Será que las instancias del gobierno federal y estatal responsables de atender este tipo de crisis no se han dado cuenta del alcance de una declaración de esta naturaleza en el plano internacional, más allá de que una acción violenta como la registrada en Salamanca deba ser condenada pero sobre todo investigada y aclarada?

Por lo pronto en Puebla ya existen evidencias de actividad de células delictivas vinculadas con las que operan en el estado de Guanajuato y habrá que estar atentos del desarrollo de los acontecimientos.