Al cumplirse veinte años de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York por parte de Al Qaeda una cosa ha quedado clara, la violencia asociada al tráfico y consumo de drogas en nuestro país es significativamente mayor que en 2001.

En 2002 las víctimas de homicidio intencional de acuerdo al INEGI fueron 10 mil 88, mientras que en 2020 alcanzaron las 36 mil 574, es decir 3.6 veces más. Únicamente en 2007 y 2014 se registraron descensos temporales, con 8 mil 867 y 20 mil 10 víctimas respectivamente, sin embargo, al año siguiente volvieron a incrementarse.

Sin ser su objetivo central, los atentados en las torres gemelas modificaron la geografía de las drogas, impactando el mercado internacional y los patrones de consumo en este y el otro lado de la frontera, con el consecuente incremento de los homicidios dolosos, principalmente del lado mexicano.

El cierre inmediato de fronteras por parte de los Estados Unidos, provocó que las drogas ilícitas no pudiera ingresar a su territorio y comenzaran a ser colocadas en las ciudades fronterizas, particularmente entre los jóvenes que acudían a divertirse en los denominados “giros negros” y posteriormente en los puntos de venta al menudeo, que comenzaron a proliferar en las zonas urbanas colindantes con la Unión Americana.

En términos de mercadotecnia, los grupos delictivos comenzaron a impulsar el consumo de droga interno para posteriormente disponer de un mercado cautivo que les generara ganancias suficientes como para hacer redituable el negocio y no depender de los consumidores en los Estados Unidos.

Es así como los distribuidores comenzaron a acercarse a las escuelas y espacios públicos donde los jóvenes se reunían, para literalmente regalar “muestras” entre los ellos como si de bebidas o productos farmacéuticos nuevos se tratara, todo con el fin de que en la siguiente ocasión la droga tuviera un costo y una vez que los jóvenes se volvían dependientes o adictos garantizaban la rentabilidad del negocio.

Así pasó en Tijuana y Ciudad Juárez donde los grupos delictivos comenzaron a pelear palmo a palmo cada colonia, barrio o calle que consideraban como su área de influencia, por lo que si algún distribuidor que no perteneciera a su estructura se metía a colocar su “mercancía” primero era reconvenido y si hacía caso omiso era asesinado, iniciando así una nueva etapa de violencia que rápidamente se tradujo en una mayor cantidad de homicidios dolosos entre 2008 y 2010.

Ante el relativo “éxito” alcanzado por los grupos criminales en las ciudades fronterizas, comenzaron a replicar el modelo en sentido norte-sur hasta llegar a los estados pertenecientes a la región occidente, centro, sur y sureste del país, donde se comenzó a observar un mayor consumo de drogas ilícitas con el consecuente aumento de la violencia.

Es así como el problema de la violencia comenzó a manifestarse en Chihuahua capital, Gómez Palacio, Durango-Torreón, Coahuila y Monterrey, Nuevo León, así como en diversas ciudades de los estados de Sonora, Zacatecas, Tamaulipas, Aguascalientes, Michoacán, Colima, Jalisco, Guanajuato, Morelos, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche y desafortunadamente también Puebla, donde el número de homicidios dolosos pasó de 463 en 2001 a 981 en 2020, teniendo como único año con un sensible descenso en 2014 con 338 casos.

Mención aparte merece la Ciudad de México, donde por más que sus autoridades negaron que cárteles de la droga operaran en su territorio, los hechos terminaron demostrando que eran escenario de operación, distribución y ajustes de cuenta entre ellos. Algo similar en términos de violencia homicida ocurrió en el Estado de México, particularmente en los municipios conurbados con la capital del país y los colindantes con los estados de Guerrero y Michoacán.

En suma, los atentados del 11 de septiembre en Nueva York marcaron un antes y un después en materia de violencia, antes porque una alta proporción de la droga que atravesaba el país por tierra, mar y aire llegaba a su destino final en los Estados Unidos sin mayores contratiempos, después porque a partir del cierre de fronteras, los grupos delictivos buscaron la forma de comercializarla al menudeo para recuperar su “inversión” con el saldo de homicidios antes mencionado y que en los últimos 6 años no hemos conocido un punto de inflexión.

Es deseable que en la mitad del camino que le falta por recorrer a López Obrador haga un ajuste a la estrategia en materia de seguridad para por lo menos evitar que más mujeres mueran y más jóvenes se incorporen a la cadena delictiva que significan las drogas y por su misma dinámica pierdan la vida. Con una sola muerte que se evite de aquí en adelante habrá valido la pena el esfuerzo, aunque eso no fue lo que prometieron, sino reducirla en un 50%.