Las reformas político electorales de 2014, los protocolos institucionales que acompañaron el proceso electoral en 2018, las más recientes reformas nacionales del pasado abril de 2020 que modificaron la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, junto con siete disposiciones jurídicas, son el resultado de las alarmantes consecuencias durante el proceso electoral 2018, en el que se recrudecieron las condiciones de violencia en contra de las mujeres que participamos activamente en la construcción de nuestra endeble democracia. 

Hoy tenemos claro que toda acción intolerante basada en elementos de género y ejercido dentro de la esfera pública o privada, con el objeto de limitar, anular o menoscabar nuestro ejercicio de derechos político-electorales, las acciones  u omisiones que buscan afectarnos de manera injusta y desproporcionada, o aquellas trastocan nuestro acceso a cualquier cargo de elección popular, las que afecten nuestro desempeño de actividades y el propio desarrollo en las funciones públicas: como por ejemplo la toma de decisiones, el acceso a prerrogativas de manera incluyente y libre de expresiones violentas, o las acciones u omisiones que limiten nuestra participación en total libertad, es violencia de política en razón de género, para esto ya existe el marco jurídico que la identifica, la atiende y la sanciona; que existen responsabilidades en las propias acciones u omisiones de parte de servidores públicos que se vuelvan cómplices, simulen o sean indiferentes ante la violencia política en razón de género contra mujeres.

Las reformas legales que durante este proceso electoral se estrenarán, requieren con urgencia la acción gubernamental del Instituto Nacional Electoral, por esto celebramos que en su lanzamiento haya estado presente la Dra. Carla Humphrey Jordan gran aliada de esta causa. En este Instituto así como en los Institutos Electorales Locales, se deposita la tarea fundamental de salvaguardar el desarrollo de campañas y precampañas libres de violencia de política en contra de las mujeres. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como las comisiones locales, tienen la responsabilidad de cumplir con la prevención que establece el artículo 1º. de nuestra Carta Magna, velando para que la violencia sexista que obstaculiza la participación de las mujeres no se invisibilice, y se rompan los pactos que sistematizan las violaciones a nuestros derechos humanos. Por esto, resaltamos la importancia de contar con el acompañamiento de la Dra. Brenda Santamaria, Jefa de Observación Electoral de la Secretaría de Asuntos Políticos de la Organización de Estados Americanos, de la Dra. Alejandra Mora Mora, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, así como la importante intervención de Nira Cardenas, por parte de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. 

Si la violencia política en razón de género contra mujeres no se visibiliza, no se cuantifica, no se dimensiona, no se asume como un problema, con la correspondiente responsabilidad del Estado para prevenirla, atenderla, sancionarla y esperamos que algún día erradicarla, la irrupción de las mujeres en la democracia de nuestro país, de nuestras entidades y ciudades, seguirá sujeta a los pactos patriarcales, que condiciona, arrebatan, silencian, agreden de forma psicológica, física, sexual, llegando hasta privar de la vida, a las mujeres que nos atrevemos a promover la participación política en igualdad. 

Esta red de redes proviene desde la articulación que ha impulsado la Dra. Patricia Olamendi, desde #NosotrasTenemosOtrosDatos, con la activa participación de Yndira Sandoval, Las Constituyentes Feministas, Fátima López, Red de Abogadas Violeta, Edurne Ochoa, 33 Mujeres, y la propia con la participación del Capítulo Puebla de la Barra Mexicana de Abogados. 

Desde esta gran Observatoria Ciudadana, estaremos difundiendo acciones de prevención contra la violencia política en razón de género contra mujeres, como el Protocolo de atención de casos de violencia política, que tiene por objetivo identificar acciones y omisiones que se materializan en violencia política en razón de género, agentes agresores, posibles víctimas directas e indirectas, los derechos que todas las mujeres tenemos y las autoridades que deben atenderla. Desde la Observatoria acuerparemos a las mujeres para canalizarlas ante el Instituto Nacional Electoral, los Institutos electorales locales, Tribunal Federal y locales electorales, Fiscalías especializadas en delitos electorales, Comisiones de Derechos Humanos, Secretarías de la Función Pública o Contralorías. Queremos decirles que nos están solas, que no estamos solas. 

A las 150 colectivas que se han sumado, a las cientos de mujeres que en lo individual se han inscrito para acompañar esta Observatoria, les agradecemos su importante acompañamiento. En México las mujeres contamos y votamos, estamos unidas, organizadas, fuertes para esta contienda, por TODAS las mujeres, TODAS con las gafas violentas bien puestas para observar este proceso electoral.

Desde aquí pueden descargar el Protocolo para la atención de violencia política en razón de género contra mujeres https://issuu.com/bmapuebla/docs/plgvprotocolo