Como sabemos, la Secretaría de Educación Pública federal determinó que en este ciclo escolar que inicia el 24 de agosto, las clases serán impartidas a distancia, específicamente, a través de la televisión abierta. Considero que es una decisión acertada, ya que ayudará a contener la propagación de la pandemia y contribuirá a la economía de las familias, en estos momentos de crisis.

En este marco, el pasado 5 de agosto, la Secretaría de Educación Pública del estado, emitió un comunicado con información que considero muy importante para las familias poblanas. El documento establece que no se podrá condicionar la inscripción al pago de aportaciones o cuotas que, por definición, son voluntarias; que, por instrucciones de la Secretaría de Educación Pública federal, el periodo ordinario de inscripciones se extenderá hasta el 21 de agosto y que habrá un periodo extraordinario de inscripciones del 24 de agosto al 11 de septiembre; y que no habrá solicitud de lista de útiles escolares.

Esto significa que las madres y padres de familia cuentan ahora con más tiempo para inscribir a sus hijos y que no tendrán que surtir ninguna lista de útiles. Además —y esto es lo más importante— que no se podrá condicionar la inscripción al pago de cuotas y que, en todo caso, quienes de manera voluntaria quieran y puedan, realizar la aportación, tendrán la opción de hacerlo en dos partes: la primera, de aquí al 11 de septiembre y la segunda, hasta que el semáforo epidemiológico esté en verde y se puedan realizar las clases de manera presencial.

La pregunta obligada es: si ahora se tiene la opción de pagar la aportación en dos partes, ¿qué hacer con las familias que tuvieron que pagarla completa? Considero que lo justo es que, si alguien ya hizo el esfuerzo de pagar la cuota, tenga la opción de que le reembolsen la mayor parte de esos recursos, si así lo desea. En estos momentos, a muchas familias de escasos recursos, ese dinero les sería de mucha utilidad para irse adaptando a los requerimientos de la nueva modalidad de educación a distancia.

¿A qué me refiero? A que en cada hogar los hijos cuenten con los elementos necesarios para poder ver las clases a distancia, comenzando con una televisión y luz eléctrica. Recordemos que muchas familias carecen de un aparato de televisión o no tienen para pagar la luz. En Puebla se estima que alrededor del 10% de los hogares no cuenta con televisión, y que de ese total, solo el 76% tiene un televisor digital capaz de captar la señal abierta. Tampoco podemos olvidar que, recientemente, la CFE le cortó la luz a 44 mil hogares en Puebla por falta de pago y que muchas familias más, en el medio rural, carecen de electricidad o de señal de TV. 

Pensando en esta problemática, acabo de presentar un paquete de propuestas en la Cámara de Diputados exhortando a las autoridades educativas de las 32 entidades federativas, a la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes:

Primero, a garantizar la devolución de las cuotas o aportaciones voluntarias a las familias que quieran recuperarlas. Segundo, a asegurar que las familias que cuentan con televisión tengan garantizado el servicio eléctrico. Es decir que, durante la pandemia, la CFE no realice cortes de luz por falta de pago y que reestablezca de manera inmediata el suministro de energía a los hogares que se les haya suspendido el servicio durante la pandemia. La coyuntura exige que esta empresa del Estado adopte una política de “cero cortes de luz”. 

Tercero, a brindar apoyo financiero para que, quienes tienen electricidad pero no cuentan con una televisión adecuada, puedan adquirir un aparato receptor con las características necesarias para captar la señal abierta de alta definición. Y cuarto, a que en las zonas rurales apartadas donde no haya servicio eléctrico o que no llegue la señal de televisión, la autoridad garantice el funcionamiento de los sistemas de tele-educación en todos los niveles.

Como sociedad y como gobierno tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que el modelo de educación a distancia adoptado en este ciclo escolar profundice la desigualdad al excluir a los sectores más vulnerables. Solo así se hará valer el derecho constitucional de que la educación impartida por el Estado mexicano, además de obligatoria y gratuita, sea verdaderamente universal e inclusiva.