Justo en plena pandemia, cuando millones de familias están pasando por una situación económica muy difícil, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ordenó el corte del servicio eléctrico a más de medio millón de familias en todo el país. Tan solo en Puebla —uno de los estados más afectados— estamos hablando de 36 mil familias sin servicio eléctrico por falta de pago.

Como lo he señalado en repetidas ocasiones es inadmisible que, en esta situación de emergencia, la CFE actúe de manera indolente y sea incapaz de aplazar el pago de luz a las familias más vulnerables y que más están padeciendo los estragos de la falta de empleo. Muchas familias no han podido pagar la luz debido a que los recibos han llegado dos o tres veces más elevados que en bimestres anteriores. Pero desde antes de la pandemia, en nuestro país 3 de cada 10 hogares padecían pobreza energética, es decir que, o bien no contaban con servicios como gas o luz, o debido a la falta de ingresos tenían que abstenerse de alguno de ellos con tal de comprar alimentos.

Esta situación de indolencia contrasta con la excesiva condescendencia en el caso del estado de Tabasco. Hay que recordar que en esa entidad se le sigue proporcionando el servicio a 60 mil hogares que tienen adeudos de años. Tabasco presenta el mayor porcentaje de adeudo a nivel nacional: casi el 30% del total. 1 de cada 3 pesos de la deuda de consumo de luz corresponden a esta entidad. 3 de cada 4 tabasqueños no cubren el pago de la luz en sus casas.

En mayo del 2019, Tabasco firmó un convenio con CFE para que los ciudadanos que estaban en “resistencia civil” regularizaran su situación. Así, en junio 2019 se aplicó un “borrón y cuenta nueva” para 386,566 personas en Tabasco. Si hubo ya un acuerdo de este tipo, algo similar podría darse para tiempos excepcionales, no que implique la condonación, pero si por lo menos evitar la suspensión del servicio. Además, para nadie es un secreto que los 90 mil trabajadores de CFE reciben el servicio de luz de manera gratuita.

Todos tenemos derecho a contar con energía eléctrica en nuestros hogares. Es un bien común esencial para acceder al bienestar. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el derecho a una vivienda adecuada que, entre sus elementos, debe contar con energía para la cocción, la calefacción y el alumbrado, así como para la conservación de alimentos y eliminación de residuos.

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDEM), insta a los Estados a garantizar “condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, transporte y las comunicaciones”.

Es urgente diseñar mecanismos de apoyo durante la pandemia para familias vulnerables. Así lo han hecho en otras partes del mundo. Por ejemplo, en España, se han suspendido todos los cortes de suministro de luz por razones de impago de las facturas de manera indefinida mientras dure la situación excepcional ligada a la pandemia. En Reino Unido, el gobierno y las empresas de gas y electricidad emitieron un “paquete de emergencia” para establecer nuevos planes de pago, reducciones de pago y ampliación del lapso de pago, para los ciudadanos más vulnerables.

En Puerto Rico se prohibió el corte del servicio de luz o agua mientras dure la declaración de emergencia. En Bolivia se prohibió la suspensión de servicios públicos durante el estado de catástrofe. En Guatemala los servicios de agua, electricidad, teléfono e internet no se suspenderán en caso de falta de pago de facturas entre mayo y julio.

Pensando en la urgencia de resolver esta problemática, presenté un nuevo exhorto a la CFE para que, como medida de apoyo extraordinario y humanitario en el contexto de la actual crisis económica y sanitaria, reestablezca el servicio de energía eléctrica a los usuarios que les cortaron la luz por falta de pago durante los primeros 5 meses de este año.

Asimismo, he solicitado una reunión de trabajo con el Lic. Manuel Bartlett Díaz, Director de CFE, con las comisiones unidas de Economía, Comercio y Competitividad; de Energía; y de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados, con la finalidad de analizar las alternativas necesarias para garantizar el servicio de energía eléctrica en la totalidad del país durante la pandemia.

No podemos permitir que una empresa del Estado mexicano como la CFE, incumpla su responsabilidad de velar por el bienestar de las familias mexicanas.