La marcha de los acontecimientos políticos y de seguridad en Puebla, no son nada benignos, porque ni uno ni el otro, son aprobados por la ciudadanía, al contrario, la violencia e inseguridad, son del diario, donde el respetable pueblo, no encuentra respuesta positiva a dichos hechos del gobierno del estado como tampoco de la presidencia municipal poblana.

El barco navegaba entre mar picado, hasta que un huracán de protestas universitarias por el asesinato de tres estudiantes de medicina, dos de la UPAEP y otro de La BUAP, más el conductor de Uber, motivó que se manifestaran y organizaran para exigir justicia. Décadas de no realizarse protestas estudiantiles contra gobiernos, que gracias a un sistema político salinista, en Puebla, se imponen modelos neoliberales, donde se va ejerciendo la ruptura de una conciencia social universitaria, por un individualismo sin memoria histórica.

Inicialmente estas dos universidades salieron a las calles para demandar justicia, sobre todo por el mar de declaraciones oficiales carentes de sentido lógico para poder sustentar el porqué de los asesinatos. Entre tanto, el huracán universitario, logra solidaridad y apoyo ciudadano, máxime que el 5 de este mes, se da un acto insólito en la historia, la BUAP, la UPAEP, la UDLAP, la Universidad Iberoamericana, la Anáhuac, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Madero y otras 30 instituciones públicas y privadas, se unieron para exigir al gobierno resultados contundentes contra la delincuencia.

“¡Por qué, por qué nos asesinan, si somos el futuro de América Latina!”, fue el clamor de los alumnos al apoderarse pacíficamente del primer cuadro de la ciudad acompañados de sus rectores, padres y maestros.

Cuando la primera fila ya había llegado al bulevar 5 de mayo, la última iba dejando apenas el Paseo Bravo y esto causó que por momentos se hicieran pausas, que los alumnos aprovechaban para hidratarse, reorganizarse y coordinarse en las consignas.

A las 9:40 arribaron los primeros estudiantes a Casa Aguayo, que desde temprano estuvo rodeada con barricadas y resguardada por policías.

Tomó una hora para que se acomodaran los distintos grupos en la 14 Oriente, 14 y 12 Norte, pero en todo ese tiempo no dejaron de corear: “sí se ve, sí se ve, ese apoyo sí se ve”.

 “Si no pueden, renuncien”, sentenció una estudiante una vez que comenzó el mitin. Con indignación condenó la impunidad y la ola de violencia en el estado, que ha cobrado la vida de más de 200 personas en homicidios dolosos solo en lo que va del año.

“Por Mara (Castilla), exalumna de UPAEP; por Ingrid (Escamilla), de origen poblano asesinada en la Ciudad de México) y por todas las víctimas de esta ineptitud, exigimos: ni uno más”, dijo otro estudiante en su intervención.

Ya en casa Aguayo, los estudiantes encararon al Gobernador Miguel Barbosa, para exigirle justicia, siendo el gobernador que pretendió persuadir que se actuará con legalidad a las demandas, como la creación de una fiscalía especializada para estudiantes; 2 mil nuevos policías; garantizar la seguridad en el transporte público; la inclusión de universitarios en el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y mejorar la seguridad en inmediaciones de las instituciones fueron las acciones que prometió realizar la administración morenista.

Medios locales como nacionales e internacionales, publican que el número de estudiantes en la magna marcha son 150 mil, que no coincide con la versión oficial de “unos 30 mil”.

Se supone que se actuará en consecuencia. Sin embargo, los padres de los estudiantes fallecidos, se regresaron a su lugar de origen, dos colombianos y uno del estado de Veracruz, incrédulos, porque la mamá de la estudiante Ximena, desmintió al fiscal Gilberto Higuera Bernal, por decir que el motivo de los actos se debió al robo de un sombrero.

Así las cosas, no es de sorprender que la segunda encuesta independiente sobre los delitos en México muestre un mapa de impunidad y proliferación delictiva que pone los pelos de punta. La autoridad no castiga las infracciones, las premia con diálogo y negociación. La sociedad no rechaza a la autoridad por su tolerancia, es tan comprensiva como ella con la ilegalidad. “La ley puede violarse cuando hay una causa justa”, piensan muchos mexicanos. “Y la ley no debe obedecerse si es injusta”. Autoridad y sociedad padecen después en carne propia, cada día, los engendros de su tolerancia a la ilegalidad.

La asignatura pendiente de la democracia mexicana no es el desarrollo sino la legalidad, del mismo modo que la asignatura pendiente de las libertades políticas y civiles de que el país goza, es la seguridad pública. Democracia sin legalidad y libertades civiles sin seguridad pública son bombas de tiempo en el corazón mismo de las instituciones políticas. Son riesgos estructurales para la vida pública y para la vida privada.

La situación expresa una debilidad estructural del Estado y una pobre cultura cívica de los actores políticos. Hay una renuncia tácita de la autoridad al uso de la coerción legal la violencia legítima para hacer cumplir la ley y garantizar los derechos de todos contra las infracciones de algunos. Aquí la serpiente vuelve a morderse la cola. Desde la cicatriz traumática del 68, en que una represión idiota y trágica manchó indeleblemente la vida pública mexicana, ningún gobierno quiere pasar por represor. Ninguna comunidad de ciudadanos respaldaría tampoco a una autoridad que actúe con mano firme en cumplimento de la ley.

No es posible negociar democráticamente con una cara y ser permisivos frente a la violencia con la otra. Peca tanto el que atenta violentamente contra la democracia, como el que lo tolera. Entre nosotros, la palabra “negociación” esconde a menudo el temor de gobernar.

Renunciar como sociedad y como gobierno al uso de la violencia legal facilita que prolifere la ilegal, lo mismo el crimen organizado que la “política” “justiciera” de la presión, el chantaje y la violencia.

La historia es justa, si esta no se pretende desdibujarla al antojo de quienes buscan borrar hechos ilegales como de corrupción, por lo que desde la detención de Genaro García Luna, por parte de autoridades gringas, quien fue el encargado de la seguridad nacional durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, y ahora está acusado de corrupción, entre ello, su relación con el Chapo Guzmán.

Durante la administración de Felipe Calderón, resalta un México sumido por la violencia y criminalidad inaudita por parte del crimen organizado, donde ahora sale a flote, gracias a las autoridades gringas, que García Luna, tiene que aclarar su actuación y complicidad criminal y cómo amasó una fortuna.

En su recién rueda de prensa del presidente López Obrador, una periodista le pregunta si se aclarará la relación de Gilberto Higuera con García Luna, a lo que contestó que se tiene que investigar para dar respuestas claras y contundentes del caso.

Los miles de muertos y desaparecidos reclaman justicia a la fecha, porque la nación así lo exige.

Es meritorio que se profundice la investigación de quienes estuvieron presentes y actuantes en ese periodo sangriento, en el entendido que también en Puebla, estuvo Facundo Rosas, quien sirvió como enlace directo de García Luna con diversos movimientos críticos, en cuanto a que Rafael Moreno Valle, lo contrató para ejercer la “seguridad” en el estado. La lista da más, abarca a otro que también radica en Puebla, cuyo origen es Xicotepec, en la sierra norte del estado.

Puebla padece la guerra por territorio entre grupos del crimen organizado que existen y hacen negocio con robo de combustible y venta o traslado de drogas, prostitución y enervantes. Derivando en ejecuciones de enemigos por el control de la plaza.

Si son ocho años de esto, nuestras autoridades ¿qué hacen o qué y cómo dar respuesta a la ciudadanía? Al parecer, lo hacen como el barco en alta mar, pero sin velas ni timón.

Las esperanzas ciudadanas de una Puebla estable y segura, no se refleja en la realidad, más bien nos encontramos con un Covid-19 político, donde la rebatinga por quién tiene más poder sobre otro, niega algo tan fundamental como la confianza ciudadana, que no encuentra tierra firme para un viaje de esperanza y democracia.

Al contrario, pareciera que nuestros políticos entre sus acciones dislocadas de la realidad, ignoran o se ciegan que el próximo año son elecciones, donde el pueblo ya no está tan seguro de seguir y remar, porque no encuentra que los políticos y funcionarios remen parejo, se limitan a estar cómodos en su camarote, ignorando que el barco está haciendo agua.

rodrigo.ivan@.yahoo.com.mx 

Analista político y de prospectiva social