El traslado de los costos ambientales a los municipios: el caso del Colector Morelos

  • Verónica Mastretta
Los municipios no han podido enfrentar la responsabilidad de saber qué pasa en sus drenajes.

La mayoría de los municipios del país no tienen un padrón confiable de las industrias que descargan sus aguas en los drenajes; sus estructuras administrativas para otorgar licencias de funcionamiento son incapaces de registrar qué tipo de aguas residuales echarán en sus colectores y drenajes que solo deberían transportar aguas domésticas hacia algún sistema de tratamiento, nunca directo a un río o al mar. De acuerdo a las atribuciones que les otorga el artículo 115 constitucional, los municipios están obligados a dar el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento de las aguas residuales domiciliares o asimilables, siempre y cuando quienes se conecten a sus colectores cumplan con la NOM/001 de agua o con las declaratorias específicas en cada zona. En general los municipios no han podido enfrentar la responsabilidad de saber qué pasa en sus drenajes y  permiten casi todo en aras de atraer desarrollo aunque sea a costa de envenenar el agua. Los candados y normas que en la ley protegen el agua están abiertos en los municipios. CONAGUA está impedido por ley para clausurar drenajes municipales con el argumento de evitar problemas sanitarios. En los trámites de licencia de funcionamiento he visto que el rubro de agua suele estar en blanco, es decir, no trae parámetros de descarga a cumplir y una vez otorgada, las industrias se conectan a los drenajes municipales, el escondite casi perfecto para un contaminador. Quedan ocultos en una maraña de tubos y descargas que al final van a dar a ríos, barrancas y mares. Una descarga peligrosa puede aparecer a cientos de metros del lugar en que se origina porque existe un inmenso vacío de autoridad en el tema del agua. Los gobiernos estatales están obligados a suplir y subsanar las carencias de los municipios pero pocas veces lo logran.

Lo que sorprende es saber que muchos empresarios se escudan en la ignorancia de la ley y se defienden diciendo que ellos pagan su servicio de agua. Sí, lo pueden pagar, pero si no cumplen con los parámetros de descarga están transfiriendo sus costos de saneamiento protegidos con una autorización municipal. Muchos ayuntamientos cobran el saneamiento sin tener una sola planta de tratamiento, pero argumentan que lo gastan en otras obras públicas como construcción de banquetas o bacheo. 

La semana pasada la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Puebla finalmente clausuró un gran colector industrial que el mismo gobierno estatal construyó en la administración de Antonio Gali con recursos federales y que llevaría las aguas de 47 grandes industrias hacia una junta auxiliar del pequeño municipio de Juan C. Bonilla, vecino del municipio de Huejotzingo, el lugar en donde se generan esas descargas. Desde el gobierno estatal se presionó al presidente municipal de Juan C.Bonilla, un municipio de 19 mil habitantes, para que autorizara recibir  y tratar esas aguas contaminadas y fuera de norma cuando se terminara el colector. ¿A título de qué el municipio cargaría con esas aguas ajenas?Lo más  increíble es que fue un gobierno estatal quien construyó hace cerca de 20 años ese complejo industrial que originalmente se llamó Ciudad Textil.Vendió los terrenos sin contar con infraestructura hidráulica, es decir, sin colector pluvial ni de aguas residuales. Lo resolvieron tirando los drenajes de aguas pluviales, negras y con residuos industriales hacia un terreno a cielo abierto en donde descargaba también un Infonavit. Todos por la libre. Hace unos años la laguna artificial se volvió insuficiente y empezó a inundar el aeropuerto de Puebla. Lo que se necesitaba construir era un colector pluvial separado de las aguas contaminadas que por ley los empresarios están obligados a tratar pero nadie revisa que cumplan. El  gobierno estatal  2016-2018 quiso resolver el problema construyendo dos colectores: el de aguas pluviales y el de aguas residuales. Algunas industrias del corredor cuentan con plantas de tratamiento, pero no se ha informado con exactitud cuáles. Es un dato que debieran tener a la mano tanto el gobierno municipal como el gobierno estatal. Si las aguas residuales ya estuvieran tratadas se volverían a usar en lugar de tirarlas. Así las cosas, los habitantes de la junta auxiliar de Juan C. Bonilla en donde el colector echaría su mugre al río  Metlapanapa que luego se une al Atoyac, se opusieron con toda razón  desde octubre pasado a que tal cosa sucediera. Como no les hicieron caso decidieron impedir la construcción del último tramo del colector por la fuerza. Hay quienes se atrevieron a decir que los habitantes de Juan C.Bonilla son un retrógrados que se oponen al desarrollo. Literal, eso escriben los defensores de un proyecto hecho con los pies. Como diría un niño ¿Quién empezó? Existen las vías legales para que se otorgue la razón en un litigio, pero en este caso los habitantes de la zona se toparon con ilícitos y con hechos consumados por el mismo gobierno durante años. Un activista en contra del proyecto fue encarcelado hace dos semanas y tuvo que ser liberado como respuesta a la presión social, mientras que no hay un solo responsable por la errática construcción del colector construido sin todos los permisos y requisitos obligados, finiquitado por anticipado y que cargaría a un municipio la contaminación que generan muchas de las industrias textiles y de auto partes de la zona. Todo es un despropósito cuyo origen está en que los municipios  no priorizan el tema del agua y no tienen ni la fuerza ni las herramientas  para saber quién se instala en sus territorios y con qué consecuencias. 

Desde 2017 la CNDH emitió una recomendación a todas las autoridades del agua, a los gobiernos de Puebla y Tlaxcala y a los ayuntamientos de la cuenca del  Alto Balsas para presentar las acciones a seguir para sanear  al  río Atoyac, el segundo más contaminado del país. La respuesta del anterior gobierno estatal de Puebla fue construir un colector que liberaría a las empresas de sus costos ambientales.  La clausura de las obras del Colector Morelos hasta que se reúnan los requisitos a los que están obligados sus constructores y sus usuarios puede ser una buena señal.

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Verónica Mastretta

Licenciada en Relaciones Internacionales, especializada en temas de comunicación, sustentabilidad, medio ambiente y gestión social