Cuando se habla de la estrategia de Estados Unidos para rechazar a los asilados, no sólo se hace referencia a la postura del presidente Trump, sino también la postura de la Suprema Corte de Justicia de esta nación, pues dio la luz verde a la administración federal para aprobar nuevas reglas que generalmente prohíben las solicitudes de asilo de los migrantes que han pisado otro país aparte de Estados Unidos, esto afecta a los principalmente a los guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, quienes recorren por tierra el camino, incluyendo México.

Según esta política que se anunció en julio sólo los migrantes que se les ha negado asilo en otro país o que han sido víctimas de trata “severa” tienen la posibilidad de presentar su solicitud en Estados Unidos. Según las reglas los hondureños y salvadoreños deben buscar asilo en Guatemala o México antes de que puedan solicitarlo en EE.UU, los guatemaltecos deberán hacerlo en México; a su vez los mexicanos en Estados Unidos. Sin embargo, los guatemaltecos, hondureños y salvadoreños representan a la mayoría de los solicitantes de asilo que han intentado ingresar a Estados Unidos. Hasta ahora han sido arrestadas 419, 831 familias centroamericanas, a comparación de 4,132 de origen mexicano (The New York Times, 2019).

Estados Unidos presionó a México para frenar la migración centroamericana. En el mes de junio, se llegó a este acuerdo bilateral para que nuestro país aceptara la calidad de “tercer país seguro” (aunque el gobierno no ha aceptado públicamente este título, de facto si lo está ejerciendo) si no accedía a esto Trump amenazaba con subir los aranceles, que hubiese significado una grave crisis económica, fue así que la nueva administración federal tuvo que hacerle frente gran reto; para esto se acordó el despliegue de miles de elementos de la recién creada Guardia Nacional para evitar el paso de “Caravanas Migrantes” y migrantes en general provenientes mayoritariamente de Centroamérica, África y Cuba.

Por otra parte, el secretario de seguridad de Estados Unidos visitó Guatemala a principios de agosto para formalizar el acuerdo de “tercer país seguro”, aunque realmente las solicitudes de asilo son muy bajas a comparación de México, pues la violencia y pobreza que azotan al país equivalen a las de Honduras y El Salvador.

La asignación de nuestro país como “tercer país seguro” significa que los elementos fronterizos en Estados Unidos pueden rechazar con más razón las peticiones de asilo de los centroamericanos, pues antes los solicitantes tendrían que hacerlo en México o Guatemala. Muchos se encuentran varados en ciudades de la frontera como Tijuana, donde no existe un plan para incorporarlos a un trabajo y a la sociedad en general, por lo cual pueden ser presas fáciles para el crimen organizado.

También se encuentran los solicitantes de asilo que piensan en nuestro país como primera opción para establecerse, todo esto ha causado gran saturación para Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR). Los migrantes centroamericanos están en la vulnerabilidad en un país que no es del todo seguro y donde el gobierno no garantiza su situación. Los que tienen más suerte quedan al amparo de algunas organizaciones civiles que tampoco se dan abasto, ni tienen los recursos suficientes.

Con la distribución de la responsabilidad hecha por el gobierno de Estados Unidos a partir de las asignaciones del título de “tercer país seguro” a México y Guatemala: simplemente se lava las manos ante el problema de los asilados, los deja en la indefensión. Estos problemas sociales en estos países han sido en buena parte ocasionados por EE.UU y su injerencia política y su responsabilidad en los golpes de estado. La inequidad en la distribución de la riqueza en el continente ha ocasionado severas crisis económicas en los países centroamericanos. La violencia en estos territorios también tiene relación con este país pues pandillas como la Mara Salvatrucha y M-13, se han originado en Los Ángeles y luego los miembros de estos grupos regresan a sus países con conductas violentas. 

Con la posibilidad de ser rechazados los hondureños y salvadoreños tendrán que pedir asilo en Guatemala y a su vez los guatemaltecos en México, antes de hacerlo en Estados Unidos. Las solicitudes de asilo en el país vecino, son rechazadas mayoritariamente en un 80 o 90%. Esto significa una grave crisis de derechos humanos. Las autoridades mexicanas están siendo rebasadas ante la gran responsabilidad asignada por el gobierno de EE.UU, este complejo panorama requiere un plan, una gran infraestructura organizacional, con recursos humanos y económicos, un plan bien diseñado para quienes sean aceptados como asilados y también con la población que está de paso.

En la estación migratoria en Tapachula, Chiapas se vive una constante tensión, hace unos días hubo disturbios por parte de africanos donde incluso derribaron algunas vallas metálicas. También en esta ciudad, migrantes del mismo origen realizaron una manifestación: sufrieron dos agresiones una por parte de los policías y otra por un grupo de presuntos comerciantes. Todo esto refleja la situación que se vive en las fronteras especialmente en la de Chiapas y Tijuana.

En México el control migratorio se está endureciendo y bajo este esquema peligran los derechos humanos. Tampoco es positivo la gran presión por parte de Estados Unidos para que se acepten sus reglas y la no apertura de sus fronteras para quienes peligran en sus países. Resulta cruel la generalización de los migrantes, hay quienes requieren ayuda urgente, pues en sus lugares de origen existe una violencia y pobreza generalizada.