El antecedente histórico del Estado de excepción es el llamado Estado de sitio, caracterizado principalmente porque todas las funciones de la que esta investida la autoridad civil para el mantenimiento del orden y de la seguridad interna pasan al mando militar, que las ejercita bajo su exclusiva responsabilidad. En el juego de palabras para el uso de la fuerza y reprimir al pueblo, se asocia al Estado de excepción también con la ley marcial, las cuales expresan una conexión con el Estado de guerra. Por lo tanto el Estado de excepción que se aprobó en Ecuador en días pasados bajo el decreto 884, con 10 artículos, y que representa la medida del Gobierno del Presidente Lenín Moreno para intentar apagar las legítimas protestas causadas por el "paquetazo económico", acordado con el Fondo Monetario Internacional, y que fue el motivo de las movilizaciones sociales.

Las medidas corresponden a la condicionalidad de los acuerdos de préstamo del Fondo Monetario Internacional, el cual tiene una serie de acciones que debe cumplir el Estado ecuatoriano para realizar los desembolsos de los préstamos solicitados para pagar su deuda externa. Dentro de esas medidas se encuentran la liberalización del precio del diésel y la gasolina, una propuesta de promover reformas económicas y laborales, así como generar una nueva forma de jubilación patronal. Medidas que han abierto un debate jurídico y político de enormes consecuencias sociales para el pueblo ecuatoriano, ya que, en suma y para el gobierno en el poder de Ecuador, el Estado sigue existiendo, mientras que el Derecho pasa a un segundo término, y en esencia así es, hay una supresión de los derechos fundamentales en el país sudamericano.

Hoy Ecuador se sacude con las movilizaciones de gremios del trasporte, junto a estudiantes, colectivos indígenas y diversos movimientos sociales que han manifestado su rechazo a lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por lo que se han llevado a cabo acciones como: cierre de  carreteras, lo que ha incitado enfrentamientos con la policía, también ha habido paro de transportistas y lo último es el llamado de las organizaciones sociales a un paro general indefinido para el nueve de octubre. De estos grupos sociales destaca “La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador” (CONAIE), la cual ha anunciado en voz de sus dirigentes, que los indígenas se mantendrán firmes en la lucha por echar abajo el paquetazo del gobierno.

El enfrentamiento político de un gobierno con su pueblo, que apela al uso de la fuerza y suspensión de los derechos a la libre asociación y de reunión, así como el de la libertad de tránsito en todo el país sudamericano, permitiendo las requisiciones a la población, so pretexto de resguardar el orden público, es una falacia que vulnera el orden Constitucional del pueblo ecuatoriano en momentos de crisis provocadas desde el gobierno por su sumisión a los mandatos de los organismos financieros internaciones como el FMI, y de la cual América Latina tiene una amarga experiencia de los nefastos resultados para los pueblos de la región al celebrar, este tipo de acuerdos con los custodios globales del capital . Y nuestro país tiene mucho que decir al respecto, ya que con los gobiernos del pasado se tomaron los preceptos de los Organismos Financieros Internacionales, con punto y coma, para dictar la política económica en México, en al menos los últimos treinta años, causando una mayor desigualdad social entre la población, ya que unos pocos se enriquecieron, mientras la gran mayoría se hizo más pobre. Aquí se les llamaron “Reformas Estructurales”, y de las cueles hoy sabemos por lo que el gobierno federal ha venido evidenciando que esas llamadas reformas se hicieron bajo el manto de la enorme corrupción, dañando en exceso al Estado Mexicano.