En el México posrevolucionario, se inicia por ir creando las bases democráticas que determinen una consolidación de lo dispuesto por nuestra Carta Magna, donde todos los derechos del pueblo, estén garantizados, sin embargo, después del gobierno de Lázaro Cárdenas, los intereses de nuevas castas económicas y gubernamentales, orbitan hacia otro lado, derivando expresiones sociales en contra, ante la violación sistemática de sus derechos.

Es así que durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho, con el pretexto del conflicto mundial en la Segunda Guerra, donde se suponía alguna intervención de las fuerzas del Eje, así como de agitadores del nazismo, es como el 30 de octubre de 1941, se dio por iniciativa del Ejecutivo el reconocimiento del delito de disolución social en el artículo 145 y 145 Bis, del Código Federal Penal, que otorgaba 12 años de prisión y una multa de mil a diez mil pesos al extranjero o nacional que difundiera ideas por cualquier medio, con el fin de perturbar el orden público o la soberanía del Estado Mexicano. Por lo que Manuel Ávila Camacho dispuso que fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de noviembre de ese mismo año, así se lee la tesis Disolución Social, delito de, después de declarada inexistente la huelga, escrita por escrita por Miguel Hernández González.

La razón de tal artículo, obedece a que las masas trabajadoras urbanas y campesinas, se les fue eliminando beneficios conquistados durante el cardenismo, motivando protestas y huelgas, acciones que también se fue involucrando la clase media en contra del camachismo.

De ahí en adelante, después del a gran guerra, en México perduró dicho artículo, como método “legal” para justificar al Estado contra toda manifestación o movilización social, que fuera en contra de los intereses de una élite económica, política y de gobierno, siendo que entre los años de 1958-1959, los trabajadores ferrocarrileros se movilizan ante la violación de sus derechos laborales, situación similar ocurrió con el magisterio, por lo que la huelga fue el camino a seguir, bajo la postulación constitucional del artículo 123. Empero, el Estado jamás sedería ante las demandas, reprimiendo y encarcelando a los líderes de ambas organizaciones.

Ya en 1962, les corresponde a los médicos movilizarse ante violación a demandas laborales y mejores condiciones de trabajo, resultando igual de respuesta: Represión.

El 23 de mayo de 1962, elementos del Ejército rodearon la casa de Rubén Jaramillo en Tlaquiltenango, Morelos. Secuestraron al líder agrario, a su mujer Epifania Zúñiga y a sus tres hijos Enrique, Filemón y Ricardo. Unas horas más tarde sus cuerpos fueron hallados en Xochicalco. Mientras que la represión en el campo no era nada nuevo, este operativo, llevado a cabo en pleno día, contra una familia entera, para acribillar a un líder campesino que tres años antes había sido amnistiado, causó un fuerte impacto. Tanto así, que la historia de su muerte ha sido más recordada que el movimiento que encabezó; una lucha que duró casi dos décadas y media y representa un vínculo esencial entra la lucha agraria de la Revolución y las movilizaciones campesinas que marcaron el siglo XX.

En los años de la incipiente guerrilla en México, a finales de la década de 1960 y principio de la de 1970, el resplandor del asalto al cuartel de Ciudad Madera, el 23 de septiembre de 1965, era el norte político para la mayor parte de las organizaciones clandestinas en formación y un referente inexcusable para todos los que se decidieron por el camino de las armas como forma de transformación social.

Pero los combatientes de Madera, el Grupo Popular Guerrillero (GPG) encabezado por Arturo Gámiz, no sólo tuvieron un influjo moral sobre varias generaciones de activistas revolucionarios armados, sino que fueron determinantes para la constitución de las más importantes organizaciones político militares formadas en la década de 1960 y 1970.

Para el orden establecido, la nación se encontraba en pleno desarrollo económico y financiero, sin embargo, para el pueblo, las condiciones laborales, salariales y de servicios en general, distaba de la realidad planteada por aquellos. Es la década donde en el mundo estaba consolidada la “Guerra Fría” entre el mundo capitalista y socialista. La Revolución Cubana estaba dando sus primeros pasos, reflejándose en el mundo, como el camino contra el capitalismo; también está el movimiento de liberación contra el imperialismo gringo del pueblo de Viet Nam. En Europa, se dan movimientos sociales y estudiantiles como en Francia, Alemania, en el mismo Estados Unidos, donde estudiantes protestaron contra su régimen; los asesinatos de Kennedy y Martin Luther Quing.

El movimiento estudiantil tuvo su origen aparente el 22 de julio por un pleito entre estudiantes de escuelas vecinas, las Vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional (IPN), y la Preparatoria Isaac Ochoterena, incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El escenario: la plaza de la Ciudadela. Pandillas de la zona armaban escaramuzas desde hacía tiempo, sin que la policía actuara para detenerlas. En esta ocasión la autoridad llamó a los granaderos que no se limitaron a detener el enfrentamiento, sino que agredieron a los estudiantes con saña, invadiendo incluso los edificios escolares.

Luego de tal represión, es cuando el estudiantado se moviliza, protesta y va encontrándose así mismo, en una nación donde se ocultaba una forma de gobierno represor, que violentaba todos los derechos, faltaba que actuara con mayor fiereza, para desnudar su verdadero rostro.

El movimiento estudiantil, jamás estuvo solo, porque en cada manifestación, podríamos decir que actuaban dos expresiones coincidentes, la de los estudiantes marchando y exigiendo justicia, y la otra, la de la ciudadanía que veía y atestiguaba la movilización desde las banquetas, ciudadanos anónimos que aplaudían y echaban porras a los estudiantes. Pueblo en acción.

El 2 de octubre, es la traducción de una generación herida por décadas, generación que levantó la dignidad de un pueblo, con dolor por incontables asesinados ese periodo. Lamentablemente, el sistema continuó con su método.

El pliego petitorio del Comité nacional de Lucha, consistió en 6 puntos, entre ellos, la derogación del artículo 145. 27 años de distancia cuando se promulgó, que se mantuvo hasta su derogación en 1978 con el presidente José López Portillo.

Esto no significa que el pueblo logró garantías de no represión, al contrario, continuó, al grado de que de ese 68 a 1983, se emprendió la Guerra Sucia contra líderes sociales y guerrilleros. Aun así, otras generaciones siguen padeciendo y acumulando coraje, porque las masacres, ejecuciones de líderes, desapariciones forzadas, encarcelados, son la constante. Lamentablemente, otra masacre que marca profundamente la memoria, es la desaparición de 43 estudiantes normalistas, bajo la explicación criminal de una “Verdad Histórica”, por parte de un gobierno peñista criminal.

Miles de muertos y desaparecidos existen y reclamando justicia, porque con Felipe Calderón a Peña Nieto, se cumulan más de cien mil muertos y 45 mil desaparecidos.

La lucha sigue, de los vivos y de los muertos, la nación permanece de pie exigiendo un ¡Jamás más 68!

En memoria de todo caído por sus luchas, por ellos y ellas. Su valor jamás será olvidado, porque permanecen sus causas contra criminales en el poder.

rodrigo.ivan@yahoo.com.mx

Analista político y de prospectiva social