La desaparición forzada de 43 estudiantes y el asesinato de dos más alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, “Raúl Isidro Burgos”, en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, es una herida que lejos de sanar ha mostrado la podredumbre del gobierno mexicano, independientemente, del partido político que ocupe el ámbito federal, estatal y municipal.

Cinco años han pasado desde la noche de Iguala y, lejos de información falsa, denigración contra investigadores especializados (nacionales y extranjeros), promesas incumplidas y el usufructo de esta violación de los derechos humanos, el gobierno de Enrique Peña Nieto y el actual, no sólo han dejado ver la falta de respeto al Estado de Derecho, sino el contubernio entre el gobierno, el Ejército mexicano, los grupos policiacos y los miembros del narcotráfico, para ejercer de manera brutal el peso, militar y paramilitar, contra quienes exigen mejoras en la vida de las personas y los pueblos.

Aun cuando investigadores especializados han mostrado evidencias de la participación de los cuerpos policiacos y el Ejército mexicano en tan atroces actos, ningún integrante del gobierno estatal, municipal, autoridades de las Fuerzas Armadas o de la policía están presos por estos actos. Incluso, el gobierno priista y, el actual de Morena, han liberado a quienes presuntamente estaban vinculados a proceso por esta matanza. Como siempre, los altos mandos del Ejército y las policías, así como los políticos quedan impunes ante las desapariciones forzadas y los asesinatos de estudiantes y ciudadanos, el pueblo en general. ¡Fue el gobierno! ¡Fue el Ejército! Y, ¿qué hace el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por castigar a los responsables, desde los más altos mandos hasta quienes ejecutaron las ordenes? ¿también hay que tener una política de “paz y amor” con ellos? 

Por otra parte, es evidente la conjunción de los actos entre el crimen organizado y los gobiernos para establecer una política de terror en la población y, así, mantener el control de las comunidades y de la sociedad que cada vez muestran un hartazgo mayor ante las condiciones de vida que se padecen en el país.

Hoy, cinco años después de la matanza de estudiantes hijos de la “democracia” en el país (a diferencia de la del 2 de octubre de 1968, por parte de un gobierno autoritario), ni el gobierno de derecha o el de izquierda han hecho algo para esclarecer los hechos y castigar de manera ejemplar a los culpables. No basta con ponerse una folclórica playera alusiva a los 43 o entregar un informe oficial, como se han redactado ya varios, la cuestión en juego es el respeto a la integridad y los derechos fundamentales de las personas, la reparación de los daños, la sanción a los culpables y la sentencia histórica contra las instituciones que, lejos de proteger a la población, son quienes la torturan, la desaparecen de manera forzada, las ejecutan extrajudicialmente: la asesinan. ¿Cuándo veremos mandos del Ejército y la policía presos? ¿cuándo veremos al gobernador de Guerrero en esos años en la cárcel? ¿cuándo veremos a Enrique Peña Nieto tras las rejas?

Nos sigue faltan 43… Nos faltan muchas y muchos, mujeres y hombres, que padecen no la tibieza de un Estado, sino la omisión premeditada, la complicidad perversa de ejecutar el poder, oficial o extraoficialmente, contra el pueblo. La sociedad no queremos nuevos mártires, como los del 68, exigimos justicia ante sus actos inmorales e ilegales.

Picaporte

Uno de los estados más pobres de la República, Oaxaca, da un ejemplo de lo que significa el respeto de los derechos humanos de las mujeres, sus derechos sexuales y reproductivos y la dignificación de su derecho a decidir.