El presidente Andrés Manuel López Obrador rindió su Primer Informe de Gobierno, conforme a lo obligado por la letra constitucional, aunque en sus tiempos políticos, fue anunciado como el Tercero. Más allá de los matices mediáticos, el evento no deja de ser un referente de análisis del contexto político, económico y social de nuestro país. Son diversas las razones, entre ellas, la expectación de la sociedad para tener elementos que le permitan valorar los alcances de la decisión que emitieron como electores el año pasado.

El informe gubernamental presentado muestra el estado de la administración y muy poco del estado político, a diferencia de los gobiernos previos que ordenaban la exposición administrativa alrededor de la política. Este elemento confirma lo que en otras ocasiones se ha señalado: el actual estilo de gobernar se orienta hacia la eficiencia gubernamental. Los cambios radicales no forman parte de la política real del Morenismo. No hay que esperarlos.

En esa perspectiva no son nada despreciables los resultados. La dinámica de trabajo intenso, el criterio de austeridad, la reorganización de la administración federal, la eliminación de programas asistenciales convertidos en enclaves de corrupción, la forzosa y a veces accidentada rendición de cuentas en que se convierten las “mañaneras”, la disciplina financiera, muestran todos ellos, efectos positivos de la gestión pública respecto a redistribución económica. Hay cierta eficiencia en el gasto público; el escaso dinero se extiende en programas gubernamentales; los salarios y prebendas de la burocracia dorada disminuyeron; se abrieron espacios educativos en el nivel superior (aún insuficientes); aumentó el salario mínimo; se redujo la ostentación gubernamental.

La economía está prendida con alfileres, sin embargo, el escenario de principio de gobierno no es de catástrofe. Las reservas económicas aumentaron, la inflación es controlada, con crecimiento mínimo, más reservas internacionales, gasto público limitado, más inversión extranjera, tipo de cambio estable. El presidente destaca como buen administrador: es trabajador, probo en el ejercicio de los recursos económicos, perseverante y con cierta atención en su condición de jefe de gabinete.

El asunto es que en el sistema político mexicano el presidente tiene otra cualidad institucional: es jefe de Estado. Los informes presidenciales pasados arrojaban un balance del estado de cosas en esas dos dimensiones. El actual ha sido puntual por lo que respecta al funcionamiento de la burocracia federal, sin embargo, dejo fuera toda referencia a su condición de estadista. La postura en temas de jefatura de Estado, tales como el problema de la migración, las amenazas permanentes del presidente de Norte América a nuestra economía, permanecieron al margen del Informe, cierto es que son aspectos escabrosos y las opciones de maniobra y oficio político en la esfera internacional son limitados para el Estado mexicano, pero ello no inhibe la obligación de enderezar la política de silencio e incluso ignominia ante los actos de chantaje económico del gobierno de Trump. La migración de México y Centro América se encuentra asociada a las políticas de expansión del capitalismo, en el cual los estadounidenses son actores relevantes, su agresividad terminó por colonizar las instituciones republicanas de países con economías pobres, para promover leyes a su antojo, chantajeando con no invertir si no creaban paraísos legales permisibles para pagar salarios miserables, contaminar el medio ambiente y no ser obligados a reinvertir ganancias o parte de ellas en las naciones de origen de la riqueza. Por otro lado, no se debe dejar pasar que la política de Estado pasiva y de sumisión en nuestra relación con Estados Unidos, de los sexenios previos y el actual, ha sido uno de los factores que han incentivado el crecimiento y fortalecimiento militar de las bandas delincuenciales mexicanas; en su mayoría son de carácter transnacional; su logística de violencia depende del mercado de armas de los vecinos; ellos, además de las deficiencias de sus programas de prevención de adicciones, suministran como consumidores, poderosos recursos económicos a los criminales mexicanos. Las armas y el dinero cruzan la frontera sin mayores problemas. La omisión del gobierno vecino del norte nos  ha traído efectos de tragedia.

No es suficiente ser un buen administrador, la sociedad actual requiere un jefe de Estado de mayor dinamismo y fuerza, que salga de la cultura de la aldea que dominó en el panismo presidencial y en el último priato. Jefatura de Estado y de gobierno se encuentran asociados. La debilidad de uno explica los efectos negativos o de escasos resultados en la resolución de problemas de alto impacto social como la pobreza y el crecimiento de la incidencia criminal.

Hay una tercera dimensión que conviene recordar. Dice Carpizo en su clásico texto, El sistema presidencial mexicano: el titular del ejecutivo federal, además de ser jefe de Estado y jefe de gobierno, tiene atribuciones Metaconstitucionales: es jefe de partido. Es decir, el presidente, actor político preponderante, es un pilar significativo de la política mexicana. La alternancia no suprime esta condición, se encuentra presente en la mayor parte de los sistemas presidenciales del Cono Sur con democracias consolidadas y se explica por la relación de entendimiento y consistencia política que debe guardar el ejecutivo con la organización política que lo llevó al poder, máxime cuando es mayoría en el legislativo. Esta dimensión ocupó simbólicamente en el informe presidencial un espacio marginal, efecto de un modo particular de entender y hacer política del presidente López Obrador y cuyas consecuencias trascienden las relaciones entre ciudadanos y gobernantes.

No tenemos un gobierno parlamentario. En nuestro sistema político, lo que el titular de la presidencia declara, omite o declara a medias, tiene un efecto en el comportamiento de la sociedad. En política, y mas aún en la política democrática, los espacios de poder nunca permanecen vacíos, de modo inmediato son ocupados simbólicamente y, de hecho, por todo tipo de actores.

En vez de dotar de orientaciones políticas para desarrollar y fortalecer la democracia y su cultura, se ha suprimido de facto dicha dimensión. No es desmesurado afirmar que el ocupante de la presidencia ha dejado parcialmente libre el papel de liderazgo político de la mayoría de electores que lo llevó a la presidencia, sustituyéndola por la condición de predicador. Los efectos han sido desastrosos. Valgan algunos hechos recientes: la declaración de no intervenir en los asuntos internos de Morena, fue aliciente para que en dicho frente político estallara una guerra civil que, por declaraciones presidenciales, pueden llevarlo a la renuncia de su membresía como integrante de Morena. La omisión presidencial ha generado en la elite gubernamental, una oposición derivada del golpe de mano de un político que creció a su amparo, Ricardo Monreal, quien, al imponer presidenta del Senado, se convierte de facto en el principal articulador de la oposición para limitar los alcances de cualquier iniciativa de reforma constitucional emanada del ejecutivo federal; la declaración de no reprimir a los narcotraficantes “porque son pueblo”, desató en las semanas posteriores enfrentamientos violentos y matanza de civiles en diversas partes del país. Las omisiones presidenciales son una desgracia para los entornos locales, si no, veamos el caso de Veracruz, un gobernador que no atina a resolver nada. La prédica inmoviliza en los contextos estatales.

Apelar a cierta moralidad no es suficiente para enfrentar los problemas derivados del incremento delincuencial. Es poco efectiva en la obligatoriedad de las instituciones por atender problemas tales como la persecución del crimen organizado. El aparato gubernamental federal funciona en su devenir cotidiano con criterios de comportamiento racional de mínimo esfuerzo si no hay poder coactivo. La ausencia de disciplina impuesta por jerarcas, la falta de criterios y filtros de urgente intolerancia a los actos de corrupción de los mandos medios y bajos provoca que la criminalidad aumente. El principal enemigo a vencer se encuentra en la omisión de la burocracia: lo que el titular del ejecutivo renuncia o pierde en ejercicio de poder político, lo gana el aparato burocrático en corrupción y connivencia con la delincuencia organizada.

Queda en este informe presidencial, por los aspectos deficitarios, el beneficio de la duda. Por lo demás, es justo exigir que en los estados del país no se repitan las omisiones. Por el bien de todos.

Y atendiendo a las atribuciones metaconstitucionales que señaló Jorge Carpizo en su clásico texto El presidencialismo mexicano.

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