Sin bienestar la vida no es vida; solo es un estado de languidez y sufrimiento.

-François Rabelais-

Por: Fernando Manzanilla Prieto

Cualquier análisis sobre la imperiosa necesidad de un nuevo contrato social para el bienestar de Puebla exige asumir, como escribía en anteriores colaboraciones, que el nuevo pacto tendrá mucho que ver con las vertientes jurídica y de seguridad, económica; política y social, desde un diálogo honesto y constructivo entre mercado, estado y sociedad.

Lo anterior obedece al hecho que, como ocurre a nivel nacional, la sociedad poblana reviste una enorme complejidad, la que merece ser entendida para aportarle las mejores propuestas de solución que puedan traducirse en un nuevo modelo de entendimiento que permita que más y más personas puedan vivir en paz y con bienestar.

En esta lógica, es indispensable reconocer que nuestra colectividad es heterogénea y diversa, formada por personas, grupos y núcleos de población con diferentes experiencias, aspiraciones y visiones del mundo que no pueden ser encasillados en ninguna categoría simplista, por más atractiva y eficaz que resultare para el discurso.

Así, admitir que la cohesión social -que vamos a reparar- implica unidad y que existe un principio que establece que todas las personas somos iguales ante la ley, no significa pretender uniformar a la sociedad.

Tratar como iguales a los desiguales es una de las más grandes injusticias que se puedan cometer. En todo caso, con nuestro nuevo pacto social lo que tenemos que combatir es la desigualdad social, que tanto daño le ha hecho a Puebla y a México.

Los contrastes en nuestro estado son ofensivos. Por un lado, tenemos la región Angelópolis, que genera el 82 por ciento del Producto Interno Bruto de la entidad, mientras que, de los 217 municipios del estado, 135 registran un grado de marginación alto o muy alto.

De acuerdo con el Coneval, Puebla es la séptima entidad con mayor pobreza en el país. Del total de población del estado, el 50 por ciento por ciento se encuentra en pobreza moderada y el 9 por ciento en pobreza extrema, lo que se traduce en altos niveles de desigualdad social.

Si los actores del mercado, la sociedad civil y el gobierno nos hemos de poner de acuerdo para enderezar un nuevo acuerdo fundacional con implicaciones sociales, jurídicas, económicas y de honestidad pública, no podemos ofrecer soluciones uniformes a problemas complejos. Tampoco resulta razonable pretender mejorar las condiciones de vida de una colectividad única y monolítica; en realidad no hay tal pueblo.

Las nociones de desarrollo social hoy día se entienden -atinadamente, a juicio de quien esto escribe- como un asunto de bienestar para las personas, familias y comunidades. La vertiente social del nuevo contrato social para Puebla, precisamente, tiene que mirar hacia la consecución de una red inclusiva de bienestar para todos.

El piso parejo y común deseable para nuestra sociedad, que representa la vertiente social de nuestro nuevo contrato social pasa, al menos, por un acceso extendido y equitativo a la alimentación, la salud y la educación.

El logro y multiplicación de dicho acceso, podrá reducir la desigualdad y ser punto de partida para aspirar a niveles más altos de bienestar afectivo - emocional (estados de ánimo) así como cognitivo - valorativo (satisfacción de la propia vida), indicadores de felicidad que son posibles en un entorno de paz social y corresponsabilidad.

De las vertientes jurídica, económica y combate a la corrupción, hablaré las siguientes entregas.