La Constitución particular del estado libre y soberano de Puebla fue reformada en el pasado reciente, inobservandose por completo en la ocasión el modelo de pesos, contrapesos y equilibrios que fuera ideado por los autores de “El Federalista” bajo los lineamientos del pensamiento político de Montesquieu; dejando al pueblo en total estado de indefensión ante una crisis de riesgo a la seguridad nacional de dimensiones mayúsculas, como la que ha devenido por el tristemente célebre caso de los grupos dedicados a la extracción clandestina de combustible en la entidad.

Los plazos de mandato de los gobiernos locales pueden variar siempre y cuando no supere el de seis años, ahora bien, por estricta sistemática jurídica dichos plazos deben ser fijos, ya que establecer un caso único de período gubernamental de año y ocho meses, rompió por completo los equilibrios constitucionales de poderes.

Desequilibrio que se agudizó en virtud de que los integrantes de la legislatura local y de los cabildos contaron con un plazo de duración de cuatro años ocho meses que excede al del ejecutivo en turno dejándole maniatado sin contrapeso alguno ante tales instancias; a mayor abundamiento, la reforma en cuestión vino acompañada de la circunstancia dada de que el fiscal general de la entidad fue designado por el predecesor en el cargo y prolongaría su nombramiento en el tiempo más allá del mandato del gobernador.

El plazo de un año y ocho meses como duración del mandato de un gobierno local, revistió por lo demás el inconveniente de que el proceso de sucesión comenzaría su marcha prácticamente al unísono de que se tomó posesión del cargo en claro demérito del poder político de las instancias de gobierno en la entidad.

Emilie Durkheim habría dejado en claro a fines del siglo XIX cómo la ausencia de regulación estatal no traía consigo aparejado el surgimiento de la libertad civil plena, que, contradictoriamente, sólo es susceptible de ser salvaguardada mediante la aplicación de la regulación estatal, sino que, muy por el contrario, el surgimiento de esquemas ilícitos de regulación de la conducta, o sea, las “mafias” y su “código de conducta”.

El 12 de julio de 2017, Mauro Aquino Delgado, a la sazón director de seguridad pública del honorable ayuntamiento de San Salvador “el seco”, asistió a un foro sobre seguridad pública organizado por el colectivo “Opción Ciudadana” bajo los auspicios de la plataforma “Por México Hoy” liderada en la esfera nacional por Cuauhtémoc Cárdenas.

El mismo día, horas después de haberse verificado el referido foro, Mauro Aquino Delgado abordó en la ciudad de Puebla un autobús destinado al trasporte público de pasajero por parte de la empresa concesionaria “Autobuses Unidos”, y con destino intermedio en San Salvador “el seco”.

En el trayecto la unidad en cuestión fue víctima de un asalto a mano armado, en la que Mauro Aquino sería asesinado por impacto de bala detonada por los asaltantes según consta en las declaraciones vertidas por los testigos del hecho ante los reporteros de la fuente que consignaron el hecho ante la opinión pública.

La empresa concesionaria negó ante los representantes de los deudos toda responsabilidad en el trágico incidente, incluida, la concerniente a gestionar el pago de la indemnización respectiva ante la compañía aseguradora “Qualitas”.

El seguro en cuestión contratado por el organismo público descentralizado “caminos y puentes federales de ingresos”, contempla en su cobertura de riesgo los siniestros sufridos por los usuarios de las vías generales de comunicación que se encuentran bajo el cuidado y control de la referida paraestatal adscrita a la Secretaría de Comunicación en su carácter de dependencia coordinadora de sector; la autoridad municipal por su parte, ha negado toda responsabilidad de índole laboral en el caso.

En el foro en cuestión Mauro Aquino Delgado propuso la reforma respectiva al Artículo 21 de la Constitución a efecto de establecer la plena validez legal de las policías comunitarias, como una medida que permitiese afrontar el avanzado estado de descomposición social sin recurrir de manera necesaria a la militarización como alternativa.

Chachapa, junta auxiliar del municipio de Amozoc, ha sido escenario en fechas recientes de la brutal matanza de seis agentes de la policía municipal presuntamente a manos de los “huachicoleros”, es, además, sede de la “Academia Internacional de Policía” erigida en el mejor espíritu de “La Iniciativa Mérida” en virtud de la política de “Guerra contra el Narco” iniciada durante la pasada administración.

Philip B. Agge en su carácter de desertor de la Agencia Central de Inteligencia del Departamento de Estado de los Estrados Unidos de Norteamérica, escribió uno de los libros fundamentales del período de la “Guerra Fría”.

Las revelaciones de Agge permitieron entre nosotros la identificación plena del más conspicuo agente secreto de la CIA que ha operado en territorio nacional desde los aciagos días de Winston Scott, el legendario “Jefe de estación”.

Procedente de Brasil en el ya lejano año de 1962 , Richard Kern Lorden se desempeñaría primero como jefe de una agencia de relaciones públicas llamada “Murden y asociados” y posteriormente como dueño del restaurante “ C'est Sí Bon” , ubicado en la otrora glamurosa Zona Rosa de la Ciudad de México.

En Brasil compartiría sus andanzas con un colega que sería trasladado al Uruguay con el deliberado propósito de instalar una academia de policía que sirviese de ejemplo en el hemisferio, algo similar a lo que, gracias a “Iniciativa Mérida” tenemos en el cercano poblado de Chachapa; lamentablemente, el esforzado colega sería secuestrado y ejecutado por la organización clandestina denominada “tupamaros” , episodio que fue llevado al cine con la actuación de Yves Montand y bajo la dirección escénica de Costra Gavras en la cinta: “estado de sitio”.

A diferencia de “Yves Montad”, Lorden ha sobrevivido a una auténtica pléyade de acontecimientos, asiduo residente en la Colonia Hipódromo Condesa de la Ciudad de México en donde residía en los años 90, en la Calle de Camargo número 35 primero, y posteriormente en el interior 1702 del número 150 de la Calle Tamaulipas, ha dejado patente a lo largo de su ya longeva existencia un indudable afán como emprendedor de negocios de la índole más diversa y variada que el hombro común que transita por las calles pudiera imaginarse.

En el año 2005 , por intermediación de Carlos Olamendi en su carácter de comisionado para la atención de los migrantes de Puebla en los Estados Unidos, Lorden es designado asesor honorario del Gobierno de Puebla para el referido propósito y en agosto de ese año , como representante de la empresa “Envairomental Tec Internatiuonal” S.A. de C.V. recibió la encomienda de rehabilitar las aguas del lago del embalse de la presa “Manuel Ávila Camacho” , para, posteriormente, encargarse de rehabilitar del ríos de la sierra de Puebla en la estratégica región del Paleocanal de Chicontepec.

Tal no habría sido, por lo demás, su primer acercamiento con la entidad poblana, en la que trabó una amistad estrecha con altos ejecutivos de la planta de Volkswagen, gracias a los cuales y fiel como siempre a su insaciable curiosidad, lograría profundizar en los conocimientos técnicos pertinentes de los sistemas de control de la emisión de los célebres gases de efecto invernadero; en efecto, el 26 de abril de 1999, la entonces COFETEL, dirigida a la sazón por Javier Lozano Alarcón , extendería a favor de nuestro emprendedor estrella y en su carácter de representante de la empresa “Global Comunications Network” S.A. de C.V. la autorización para instalar 2520 teléfonos de uso público mediante la resolución Número P/260499/0119.

El 12 de diciembre de 1997, la sección de sociales del diario “El Universal” dirigida por el periodista Enrique Castillo-Pesado dejó constancia de un acto celebrado en el auditorio de la Cámara Textil de la Ciudad de México con la presencia de representantes del Club Rotario Internacional en la que Lorden recibiría el Doctorado “honoris causa” por parte de “Newport Univerity”, institución que, revestida a grado tal de flexibilidad que jamás de los jamases ha sido dotada de acta constitutiva alguna.

La “academia internacional de policía” se sitúa actualmente en Chachapa , obra en la que al parecer, Lorden habría decidió rendir el más sincero de los homenajes al malogrado compañero de sus andanzas juveniles en Brasil, caracterizado en la pantalla grande por Yves Montand.

 Vicente Blasco Ibáñez, no formó parte de la comunidad española exiliada en México tras la “Guerra Civil”, ni habría establecido nunca su domicilio entre nosotros, escribió sin embargo un ensayo cuyo título reviste especial importancia en los días que corren: “El Militarismo Mexicano”, importancia que no se correlaciona sin embargo con el difícil acceso a una obra cuya edición data de hace prácticamente un siglo.

El general León Trawitz recibió la encomienda durante la administración actualmente en funciones de preservar la seguridad de los ductos de la empresa productiva del estado “Petróleos Mexicanos”; al unísono de que Roberto Trawitz se habría desempeñado como secretario de turismo del estado de Puebla durante la pasada administración, habiendo recibido el apoyo al fin de la misma para presidir el colegio de economistas de la entidad.

 Los entramados parentales quedarían fuera del todo del eventual escrutinio de la opinión pública, en tanto que, tras la detención de elementos de la secretaría de seguridad pública por parte de elementos del ejército en 2014, Facundo Rosas sería destituido de la secretaría estatal de seguridad pública en medio de acusaciones entrecruzadas entre las vocerías de las diversas instancias de competencia implicadas en el caso.

El texto de la Constitución tal y como fue aprobado originalmente por el Congreso de Querétaro en 1917, dejaba establecido que ninguna autoridad militar “ejercerá en tiempo de paz más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina”.

Habría quedado establecido, por lo demás, que existirían en el país tan sólo dos cuerpos policiales, el que correspondería a la policía preventiva dependiente de las autoridades municipales y la denominada policía judicial adscrita al ministerio público federal o de los estados en su caso, misma que, en los términos del artículo 21 de la propia Constitución, auxiliaría a las instancias ministeriales al esclarecimiento de los delitos y al seguimiento, aseguramiento y consignación de los presuntos responsables en la comisión de hechos ilícitos.

Por lo demás, las trasgresiones al orden público que desbordasen las atribuciones y las demarcaciones territoriales propias de los ayuntamientos, serían batidas por la institución ausente de nuestra vida nacional: La Guardia Nacional.

En tal tesitura, la existencia de las denominadas direcciones generales de seguridad de los estados, resultaba inconstitucional hasta el año de 1994, toda vez que dichas unidades administrativas ejercían acciones que conforman a nuestro Código supremo, debían corresponder a la “Guardia Nacional”.

El antecedente remoto de la referida institución habría remontarlo según don Lucas Alamán al 22 de mayo de 1722, fecha en la que la real Audiencia acordó reconocer como válidas las resoluciones adoptadas en asamblea por el cuerpo armado a cargo del Duque de Linares, Miguel Velázquez de Lorea; conformado desde 1710 por los vecinos de la Villa de Querétaro, y que reconocía como antecedente a “La Santa Hermandad” de la que da cuenta Cervantes en “El Quijote”; siendo adoptada en la Nueva España a iniciativa expresa del Virrey, don Luis de Velasco, hijo según narra el hispanista británico Hugh Thomas en su obra: El Imperio Español de Carlos V.

En 1994 Ernesto Zedillo Ponce de León promovió la reforma a diversos preceptos de la Constitución, destacándose entre ellos los artículos 21 y 73 fracción XXIII, estableciéndose en los mismos el denominado “sistema nacional de seguridad pública”.

De suerte tal que se estableció un nuevo sistema de seguridad diverso del previsto originalmente en el texto original de la Constitución y articulado a partir de la Guardia Nacional, sin que el mismo, por lo demás, hubiese sido derogado.

La institución de la “Guardia Nacional” ha sido materia de amplia preocupación política a lo largo de nuestra historia, teniendo el caso de nuestro ignorado Congreso de 1822 que habría desplegado su actividad bajo el principio de supremacía parlamentaria, caso único e inusitado de nuestra historia política; y que dedicó sus sesiones a innumerables problemas políticos siendo uno de los más importantes el concerniente a desconocer todo vínculo político con los borbones y asimismo de designar emperador a Iturbide; pero abocándose en sus funciones legislativas, de manera destacada y por demás lenta y espaciada a expedir las ordenanzas referentes a la “Milicia Cívica” del país.

La Guardia Nacional de Zacatecas fue clave en la defensa del federalismo liderada por Francisco García Salinas contra el ejército de Antonio López de Santa Ana cuando en 1936 las fuerzas conservadores adoptaron el régimen centralista mediante la entronización de las denominada “Siete Leyes Constitucionales”; y esa misma institución observó una conducta por demás heroica en la defensa de Puebla ante la agresión extranjera el 5 de mayo de 1862 en la actuación patriótica de los cuerpos que la integraban provenientes de Zacapoaxtla y Xochiapulco.

Las denominadas “Guardias irregulares del estado de Coahuila”, por su parte,habrían sido determinantes para que Venustiano Carranza desconociera la legitimidad de Victoriano Huerta; siendo digno de destacarse que don Alberto García Granados llegó a señalar al respecto, que el financiamiento federal de dicho cuerpo bajo el mando de las autoridades locales constituía una determinante política para la sublevación del Gobernador de Coahuila en contra del titular del Ejecutivo federal, sin que al respecto importase demasiado quién fuese el titular del Gobierno Federal, incluido por supuesto el propio Presidente mártir.

Ministro de Gobernación del presidente Madero, así como del usurpador Victoriano Huerta; Alberto García Granados fue procesado bajo el Gobierno del Varón de Cuatrociénegas y condenado al paredón de fusilamiento; por lo demás, su previsión sobre las implicaciones del esquema de transferencia de fondos federales a los estados para el sostenimiento de cuerpos de seguridad a cargo de las autoridades locales debería llamarnos a una profunda reflexión, ya que es ese, precisamente, el esquema que corresponde al modo de operación del denominado “sistema nacional de seguridad pública”, en que una instancia de mando, la federal, asigna el gasto correspondiente a la conformación y seguimiento de un cuerpo paramilitar que está a cargo de una fuerza política diversa, la que corresponde a las autoridades locales; la falta de unidad conceptual se enseñorea en nuestro textos legales al más alto nivel de jerarquía y la seguridad pública hace agua en todo el país en tanto que se pretende entronizar de manera abierta y total militarización entre nosotros.

La muerte del Coronel Sergio Gallardo Bonilla, y la respectiva dilucidación de su eventual suicidio se erige en un episodio clave para orientar los derroteros a seguirse en el futuro inmediato por parte de la comunidad nacional.

Dado su carácter de integrante del cuerpo de ingenieros militares del ejército mexicano, habría recibido la comisión de edificar un nuevo cuartel en el estado de Quintana Roo; previamente, habría diseñado la nave industrial que las fuerzas armadas se aprestan a erigir en el municipio de Oriental en el estado de Puebla, y, previamente, conjuntamente con el Coronel Roberto Nava Balderas; habría emitido el dictamen concerniente a la desincorporación del “campo militar número uno” de la esfera del patrimonio del estado asignado a la Secretaría de la Defensa Nacional, señalándose al respecto que, la enajenación propuesta, incidiría en agravar el hacinamiento por movilidad en la zona colindante, contribuyendo concomitantemente a incrementar el estrés hídrico en la misma.

La enajenación del “campo militar número uno” constituye una de las operaciones, que medida en su caudal numerario son dignas de una especial consideración respecto a la administración que concluye; la otra, es la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional en la edificación de la barda del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, en la que se ha señalado por parte de la Auditoría Superior de la Federación un sobreprecio considerable por medio de al menos dos empresas fantasmas , denominadas : “Constructora Camino Real del Valle” y “ Constructora los 4 Príncipes”, cuyas actas constitutivas fueron tiradas por Jaime Juárez Hernández, notario público de la Ciudad de Puebla.

El eventual parentesco del Coronel Gallardo con el actual subsecretario de la defensa nacional Roble Arturo Granados Galalrdo, así como su paso previo por Puebla abren interrogantes sobre su eventual suicidio que resultan por demás inquietantes, sobre todo, de cara a las controversias por demás álgidas que se han venido ventilando ante la opinión pública, tanto en relación a la enajenación del “campo militar número uno”, como asimismo en relación al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación delibera en éstos precisos momentos sobre la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, en dichas deliberaciones, la existencia de un enclave extranjero de la profundidad y trascendencia de la Academia Internacional de Policía en Chachapa, aunada a un eventual caso de corrupción en las fuerzas armadas, deben ser consideraciones por demás dignas de tomarse en cuenta, como, a juicio del suscrito, reconsiderar cancelar la implementación de la “Guardia Nacional” como estrategia central de seguridad pública debería ser objeto de una profunda reconsideración.

albertoperalta1963@gmail.com