La reforma educativa confronta a la sociedad mexicana, reconoce Otto. Orondo manipula datos, cifras y porcentajes. Magnifica los “más de 3 millones 140 mil entradas” para revisar el tema en Google, las 167 iniciativas y puntos de acuerdo en trámite legislativo y el resultado de unas encuestas aplicadas con cargo a la oficina que comanda.

Celebra que el 64% de sus entrevistados apruebe una reforma, cebada en la marginación política de Elba Esther Gordillo Morales. Mientras que el resto (36%) se manifiesta en contra, a pesar de la dilapidación de recursos públicos utilizados para posicionarla, gastando más de 4 mil millones de pesos. Empero, un gran sector de maestras y maestros manifiesta  inconformidad con la evaluación, las tutorías y el acompañamiento al tiempo que padres y madres de familia externan su oposición por las cuotas voluntarias que deben cubrir de manera obligatoria. Cuotas que lo mismo sirven para contratar a personal docente que la reforma educativa escamotea a un gran número de planteles, que para pagar la “renta (Internet), el teléfono y la luz”.

Imputa alianzas perversas (SNTE-Gobierno) a las dos administraciones emanadas del Partido Acción Nacional (PAN), pero ignora que éstas se remontan a los gobiernos surgidos del Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y de su heredero, el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Puntualiza que los “arreglos políticos desplazaron a la calidad” y podría tener razón; si por ellos se refiriera, a las componendas que a cambio de la expulsión de maestras y maestros y de sus dirigencias comunistas (1943), lo mismo que del apoyo incondicional que el SNTE diera al partido del gobierno en los procesos electorales.

Entregaron al SNTE y a las dirigencias impuestas desde las oficinas gubernamentales, nada más y nada menos, que la titularidad de las relaciones laborales; la recaudación de las parcialidades de las cuotas sindicales y la entrega del entero al “sindicato” y adicionalmente y por si lo anterior fuera poco, incluidas gubernaturas; senadurías; diputaciones locales y federales; así como presidencias municipales y regidurías; secretarias de educación pública locales, subsecretarías, direcciones, jefaturas, manejo de las oficinas de trámite de personal; lo mismo que posiciones de dirección en el PRI. Cierto, “los intereses corporativos suplantaron al interés público” y es responsabilidad del partido en el gobierno, el Revolucionario Institucional. Partido que prefirió tener un aliado incondicional que le garantizara triunfos electorales a cambio de prebendas y de recompensas, por encima del interés superior de la niñez mexicana.

Otto no sólo manipula datos, cifras y porcentajes. También manipula situaciones. Arroja culpas, a quienes en torno al proceso electoral, pretenden revertir una reforma que les conculcara derechos laborales. Llama a “consolidar” una reforma que existe sólo en promesas del grupo gobernante “y a defenderla frente al oportunismo y la demagogia, ya sea electoral, pseudoacadémica, civil o mediática”; mientras que la Secretaría de Educación Pública hace arreglos en lo oscurito con la dirigencia impuesta en el SNTE,  transfiriéndoles cifras millonarias -que rondan en los 4 mil millones de pesos- y pactara, con cargo a la organización tiempos en medios en los que difundiera las bondades de una reforma, cuestionada por múltiples actores del quehacer educativo.

Pondera a sus aliados como suscriptores del pacto por México que pretende construir “un país competitivo en medio de la globalización y de la economía del conocimiento”, pero, a su vez soterra la depredación del medio ambiente y de los recursos naturales, propiedad de la nación y posesión de las comunidades originales al tiempo que ignora los daños causados por la extracción de petróleo a través de la fracturación hidráulica (fracking) con cargo a empresas multinacionales y se confronta judicialmente con varios de sus exsocios.

Derecho humano postergado por Otto a un mediano plazo: la equidad distaría mucho de ser la segunda de las fortalezas de la reforma educativa. Aludiría a los buenos contenidos que se pondrían gradualmente “en marcha a partir del próximo agosto”, sin ser probados -o al menos piloteados- y sin merecer todavía ese calificativo. Otto da por sentado que esos buenos contenidos -el corazón del nuevo Modelo Educativo- acompañarían a “los buenos maestros” y a las buenas escuelas en la enseñanza de los aprendizajes clave.

Empero, ignora que los programas reales de capacitación y actualización de maestras y maestros en servicio, serían prácticamente inexistentes y son sustituidos por cursos en línea con duración de 40 horas. Desconoce se carecería de buenas escuelas en zonas urbanas, semiurbanas y rurales, a pesar de la deuda bursátil contratada a 25 años y de la reparación de 33 mil planteles (1 de cada 6 escuelas). Valdría la pena señalar que la transformación de los planes y programas de las escuelas normales, de las que depende la formación inicial  de quienes ingresan al servicio profesional docente circulan en redes con  la etiqueta de material de trabajo.

La que para Otto sería la tercera de las fortalezas de la reforma educativa, para maestras y maestros se convertiría en la mayor de sus debilidades. Origen de las protestas en contra de esta reforma, la Ley General del Servicio Profesional Docente levantaría al magisterio de varias entidades de la República en contra de una ley de excepción que les conculcara derechos laborales, incluyendo a aquellos que ingresaran con base “en el mérito, la capacidad, el desempeño y el esfuerzo”, pero que también están sujetos a contratos por tiempo determinado. Ley a la que se oponen, que les moviliza y les permite generar alianzas electorales hasta lograr la reivindicación de sus derechos laborales y la seguridad en el empleo. Y en tanto eso suceda, Otto y la reforma educativa no podrán dormir tranquilos.