Una vez concluida la revolución mexicana, a lo largo del siglo XX, en México los proyectos de nación emergieron de los partidos políticos. No obstante, durante muchos años solo existió una opción con posibilidades reales para detentar el poder. La legitimidad del partido hegemónico provenía de un discurso corporativista y de inclusión social desde el que retuvo el monopolio de la representación. Por esta razón, las últimas décadas de ese siglo diversos movimientos sociales lucharon por cambiar la forma en que se accedía al poder. Sin embargo, el año 2000 marcó un parteaguas en la historia política de nuestro país: la alternancia dio pie a movilizaciones sociales cuyo objetivo era controlar la forma como se ejerce el poder. Estas movilizaciones encontraron eco en las autoridades y permitieron las reformas que marcan la pauta para la construcción del Sistema Nacional de Transparencia y del Sistema Nacional Anticorrupción.

A 17 años de la transición y a pesar de que ya contamos con un pluripartidismo estable, hoy muchos mexicanos no se sienten representados por los partidos políticos, por ejemplo: el 52% de los jóvenes de 18 a 29 años no se identifica con ningún de ellos. Así una parte de la población ha encauzado su participación política en iniciativas que inciden en el control del poder que las autoridades ejercen, iniciativas que buscan por ejemplo seguir la ruta del dinero del gasto público, incidir en los procesos de designaciones o, de manera más amplía, contribuir a la construcción de gobiernos e instituciones públicas abiertas.

En este contexto, el proceso electoral de 2018 es la oportunidad para que los partidos políticos restauren la confianza de la población en ellos apostando a la apertura para consensuar y proponer proyectos de nación que brinden un sentido de futuro al país. Para lograrlo, los partidos políticos deberán transformar sus hábitos. La reforma al artículo 6° en materia de transparencia los obliga a informar del uso de recursos y a interactuar con los ciudadanos, sean sus militantes o no. La apuesta por la apertura les permitiría elaborar programas que involucren a sus militantes y a las personas que compartan premisas con ellos para que dejen claro qué políticas públicas y con qué objetivos las impulsarán, y, lo más importante, qué mecanismos propondrán para controlar la forma en que ejercerán el poder en caso de obtener la mayoría de votos. La apuesta por la apertura no concluye aquí, podrían transparentar el proceso de elección de sus candidatos a efecto de que las dirigencias asuman del nombramiento de cada uno de ellos y así la población sepa porqué cada candidato fue electo. Y, del mismo modo, la transparencia de la elección comprometa al candidato electo a gobernar con el programa del partido que fue consensuado con sus militantes y la población que se involucró. La construcción de partidos políticos abierto permitirá reducir la brecha que  la población percibe entre las decisiones de los partidos y las de la ciudadanía.

La Métrica de gobierno abierto, elaborada por el CIDE y el INAI, da a los partidos políticos un diagnóstico y una ruta para ser abiertos. El reto no es sencillo, los partidos políticos nacionales tienen un gran trecho por recorrer. Obtuvieron una calificación promedio de 0.39 en apertura, en una escala de 0 a 1. En particular, alcanzaron 0.52 en sus capacidades en materia de transparencia 0.52 y solo 0.26 en participación ciudadana. En pocas palabras, los partidos políticos apenas han recorrido la mitad del camino en materia de transparencia y ¡no tienen mecanismos para interactuar con la población!, es decir, sus posibles electores. Esto es preocupante porque se supone que son las instituciones por excelencia para canalizar el interés de aquellos que aspiran a representar políticamente a los mexicanos, a gobernarlos. Su descrédito abona severamente al desencanto con la democracia mexicana.

De cara al 2018, cada uno de los partidos deben mirar más allá del día de la elección. México necesita partidos políticos abiertos, que renueven su agenda y expliquen cómo ejercen los recursos que reciben para llegar al poder, cómo ejercerán el poder y que resultados desean brindar a la población… para eso deben privilegiar la apertura. El primer paso es cumplir con sus obligaciones de trasparencia y dar a conocer, por ejemplo, cómo gastan los recursos públicos que reciben cada año, cómo toman sus decisiones internas, cuál es el currículo de sus miembros y candidatos. Luego, deben promover y ejercer el debate público sobre el rumbo que consideran se requiere para lograr el México que todos queremos. Pero la responsabilidad no es solo suya, la apertura en los partidos también tiene que seguir siendo impulsada por la población. Se trata de lograr que la agenda electoral no distraiga ni a partidos ni población para tener un objetivo ulterior más valioso: asegurarle a la población los mecanismos efectivos mediante los cuales pueda controlar el ejercicio del poder.