El Estado de Derecho de un país se sustenta, primero que nada, en el arraigo que tenga la cultura de la legalidad en la sociedad. El respeto a la ley es un valor que debe fomentarse en la conciencia de los individuos desde el nivel más elemental de convivencia social y fortalecer a lo largo de las diferentes etapas de la vida, mediante la educación en las instituciones, la formación ética en las familias y el reforzamiento cívico en las sociedades. Si la idea del Estado de Derecho no se traduce en un sistema normativo de cuya aplicación se deriven beneficios o costos tangibles, es difícil que la propia cultura de la legalidad llegue a permear en la conciencia de las personas y de las comunidades.

La Legalidad por sí, constituye uno de los cimientos más fuertes que no caduca en el tiempo ni en la evolución, pero que sí conforma y guía el respeto por las leyes de la convivencia entre los individuos que integran una sociedad; provoca que exista confianza entre la sociedad, y al mismo tiempo entre la sociedad y el Estado; logrando la paz y la justicia social.

Con la participación de todas las fuerzas políticas, el trabajo coordinado entre los órdenes de gobierno, la planeación integral conjunta y el uso responsable y transparente de los recursos públicos, podremos impulsar políticas en favor de un desarrollo más equitativo de las regiones, las entidades y municipios del país.

El desarrollo democrático de México ha sido un proceso en ocasiones lento y complejo; sin embargo, también ha sido ordenado y en paz. Lo anterior es producto del fortalecimiento de nuestras instituciones electorales, así como de una serie de reformas a nuestro sistema político y al sistema de partidos, que ha dado pie a la inclusión de cada vez más grupos de la sociedad en la toma de decisiones públicas. En menos de 20 años pasamos de un sistema concentrado a uno multipartidista, donde la posibilidad de la alternancia política es una realidad a nivel nacional y en todos los órdenes de gobierno.

La impunidad, corrupción y simulación han sido obstáculos para el desarrollo del país a lo largo de su historia. Esta distorsión que, entre otras cosas, ha derivado en ocasiones en un ejercicio discrecional del poder, ha generado desconfianza en la sociedad respecto a las instituciones de gobierno y a la actuación de las autoridades. Igualmente grave es la desconfianza que prevalece entre la ciudadanía.

Es necesario fomentar el desarrollo de proyectos integrales que promuevan la práctica de valores morales y sociales, y aseguren una convivencia democrática con una verdadera Cultura de la Legalidad, cuyos beneficios conlleven el objetivo de colocar a nuestro país en niveles de bienestar y seguridad, para finalmente, lograr la paz social.