La evaluación de docentes, producto de la reforma laboral-administrativa, denominada “educativa”, llevada a cabo en los dos últimos fines de semana, como medida ejercida por el gobierno neoliberal de Enrique Peña Nieto y avalada por todos los partidos políticos, además de organismos internacionales y empresarios nacionales, solo dejó ver una serie de irregularidades de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a cargo de Aurelio Nuño Mayer, y de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD), al mando de Ramiro Álvarez Retana y, que más huele a fraude.

Aunque el gobierno federal y la SEP, los dos fines de semana, prontos anunciaron una participación magisterial de más del 90%, dicho dato fue “inflado” con la intención de lanzar a la opinión pública una imagen que el descontento de los docentes con la medida violatoria a sus derechos laborales estaba subsanada y que la mayoría de ellos avalaba la “madre de todas las reformas”. Dichas afirmaciones fueron falsas, ya que en cualquiera de las entidades de la república difícilmente llegó a un nivel de participación mayor a 80%, sin contar con estados de la república donde ni siquiera se llegó al 40% de participación de las y los profesores a la evaluación.

En estas semanas será importante revisar los datos y las cifras registradas por observadores y las propias instituciones involucradas, ya que se sabe que muchas de las cifras anunciadas fueron “infladas” por parte de las coordinaciones nacionales y estatales del Servicio Profesional Docente (SPD) con la finalidad, no sólo de convencer a la opinión pública de legitimar la “reforma”, sino de preparar el terreno para los premios y los ascensos de los funcionarios que movieron cifras de asistentes a la evaluación, con la intención de acomodar los datos según el beneplácito de subsecretarios estatales y gobernadores, mismos que buscan congraciarse ante el ejecutivo federal. La orden estaba dada. El gobierno de Enrique Peña Nieto solicitó directamente a los gobernadores de las entidades en las cuales la primera semana de evaluación no se alcanzó ni el 50% de participación que, para la segunda, se debía tener más del 80%, real o “inflado”. De no hacerlo, las cabezas rodarían y los asensos se vendrían abajo. Increíblemente, entidades como Puebla, mencionaron que llegaron a un 100% de participación, lo cual suena, incluso absurdo.

El gobierno de Enrique Peña Nieto busca a toda costa imponer su reforma ilegítima, con la finalidad de mermar la organización sindical y, en específico, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y a las fracciones democráticas del propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Sin embargo, la resistencia magisterial, las medidas fraudulentas de la SEP y del SPD, una falta de una verdadera reforma en el ámbito educativo (ya que sólo ha sido laboral y administrativa) y un contexto de represión y criminalización de la organización y manifestación de amplios sectores de la sociedad, han hecho que el gobierno federal, en conjunto con los estatales (de todos los partidos políticos) intentan imponer “con calzador” lo que legítimamente no han podido conciliar socialmente. Ejemplo de ello fue Michoacán, estado gobernado por el perredista Silvano Aureoles Conejo, entidad en la cual en la única sede en la que se evaluó a los profesores fue rodeada por 1800 policías, mientras que en las carreteras estaban desplegados 1200 más. Además, fuerzas policiacas federales estatales y militares, deambulaban por toda la entidad, vestidos como civiles para crear disturbios y culpar a los profesores que protestaban, así como reprimir a los inconformes.

De igual forma ocurrió en Veracruz, entidad donde el gobierno federal y el estatal, de Javier Duarte, reprimieron brutalmente a los manifestantes y, la poca participación de los docentes en la entidad dejaron ver el rechazo a la reforma neoliberal priista. Asimismo, en la mayor parte de los estados de la república las protesta dejaron ver que, aun con los profesores que el gobierno metió a las sedes en camiones resguardados por la policía y el ejército, mientras otros eran llevados en helicópteros, la evaluación y la reforma no son aceptadas y, por lo tanto, es una reforma espuria, fallida y una imposición legal (a modo, gracias a la vendida Suprema Corte de Justicia) pero ilegítima socialmente.  

De esta manera el gobierno priista de Peña Nieto y, sus serviles gobernadores (de todos los partidos), se sirven y legitiman el fraude de las cifras del número de participantes en la evaluación magisterial y la represión contra el magisterio. Al igual que con los fraudes electorales, la nueva estafa está en marcha. El magisterio y la sociedad deben vigilar muy bien las cifras, las actas con el número de sustentantes y no dejarse llevar por los medios de comunicación al servicio del Estado. Huele a fraude, se cocina uno nuevo; otro más para este gobierno.

Picaporte

La Revolución Mexicana fue olvidada por los gobiernos de derecha y de izquierda en México. La organización obrera y campesina de 1910 no son más que páginas en los libros de historia, porque gobiernos priistas, panistas, verdes, perredistas, aliancistas y petistas lo olvidaron por completo. El 20 de noviembre pasado se olvidó, como el gobierno lanza al olvido los derechos logrados con sangre en los años de lucha popular. Ahora no nos intercambian espejos los dominantes, ahora nos dan fines de semana largos, puentes, a expensas de reformas que matan al pueblo de hambre, de tierras, de salarios miserables, de hambre, de educación privatizada…