Un Estado fuerte es muy distinto a un Estado obeso. El primero se distingue por su capacidad para resolver problemas públicos, el segundo por su tamaño. El primero sirve a la sociedad, el segundo se apropia de la riqueza social. El tema es pertinente ahora que el Estado mexicano ha renunciado al monopolio de la extracción de petróleo y de la producción de energía eléctrica, y que paralelamente ha ido aumentando el número de organismos constitucionales autónomos (OCA).

Los OCA son una nueva forma de división de poderes. Son organismos del Estado, pero distintos y autónomos de los tres poderes clásicos, ejecutivo, legislativo y judicial. Curiosamente, esta división de los poderes del Estado lo fortalece, en el sentido que lo hace más capaz para enfrentar y resolver los problemas públicos. Contrariamente a la intuición, la concentración del poder estatal no da lugar a un Estado fuerte.

Los primeros OCA en México fueron las universidades públicas, en los años ochenta. Este inicio coincidió con el fin del nacionalismo revolucionario y el inicio del llamado “neoliberalismo”. ¿Casualidad? No parece. La división del poder estatal vía organismos con autonomía parece más bien parte del nuevo paradigma político que busca un Estado más eficiente, más útil a la sociedad.

A las universidades le han seguido el Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Federal Electoral (IFE), el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). Todos cumplen el principio: dividir el poder del Estado para hacerlo más eficiente en la resolución de los problemas sociales. Todos son partes del nuevo paradigma estatal, que lejos de querer acabar con el Estado busca hacerlo más eficaz, más fuerte.

Un poco más recientes son el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFETEL) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL). El IFAI se creó en el sexenio de Fox, pero hasta 2013 se le dio autonomía constitucional.

No se debe subestimar la importancia de estos organismos. Afectan, o pretenden afectar para bien de la sociedad a diversos poderes políticos y sociales. El IFAI busca mediante la transparencia de la información ser un primer paso en la rendición de cuentas de los diversos poderes públicos. La COFETEL debe poner bajo la ley a los uno de los más grandes poderes fácticos, los monopolios. El IFETEL trata de controlar el complejo y crecientemente importante espacio de las telecomunicaciones, donde operan los monopolios y poderes fácticos de manera privilegiada.

Es obvio, pero hay que recordarlo: estos organismos son parte del Estado mexicano, pero no del gobierno. Son autónomos respecto a varios poderes, entre ellos el o los gobiernos en turno. Es curioso que se trate de poner bajo el imperio de la ley a poderes fácticos y no fácticos (como los partidos políticos, en el caso del IFE) no “con todo el peso del Estado”, sino con el peso de los OCA. Su desafío es, en cierto sentido, enorme. Y crucial en este momento de la vida pública de la nación. Parecerían ser la última vuelta de tuerca en la transición mexicana, en la construcción del régimen jurídico y político para enfrentar al siglo XXI.

Se ha hablado también de dar autonomía constitucional a Procuraduría General de la República, como sucede en otros países. ¿Mejoraría la impartición de justicia? Sí, si se hace bien. Los desafíos de los organismos autónomos son muy complejos, y no es fácil enfrentarlos. Hacerlo exige un proceso que va desde las reformas constitucionales y las leyes secundarias hasta la selección de las personas que habrán de operarlas. Muchas complicaciones, pero parece ser el camino para la modernización política del país.

Profesor investigador de la UDLAP