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En Secretaría de Salud de Puebla acusan entrega ilegal de plazas

  • Maribel Velázquez
Hilda Vázquez Sánchez, directora de Operación de Personal de la Secretaría de Salud, es acusada de recibir “moches” cada quincena a cambio de las plazas
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Trabajadores de la Secretaría de Salud (SSA) de Puebla pidieron al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta y a la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigar la presunta entrega ilegal de más de 200 plazas laborales.

En un oficio recibido por la SFP el 8 de septiembre se señala como responsable a Hilda Vázquez Sánchez, directora de Operación de Personal de la Dirección de Recursos Humanos, a quien se identifica como “protegida” de Eric Cotoñeto Carmona, ex operador político del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

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También se afirma que han colocado personas el director General de Delegaciones de la Secretaría de Gobernación, Andrés Villegas Mendoza, ahora presidente del Consejo Estatal de Morena, y Jorge Mota Jiménez, nuevo secretario de Finanzas del partido y ex asistente de campaña del gobernador.

“La Dirección de Recursos Humanos (DOP) dio de manera irregular más de 200 bases a trabajadores que no tienen ninguna antigüedad y violado la normatividad de este procedimiento escalafonario”, se lee en el escrito recibido por el gobierno estatal.

En la petición de la investigación, se refirió que muchos empleados llevan esperando años para tener una base y creyeron que el nuevo gobierno de Morena sería diferente, pero lamentaron que se repliquen prácticas del pasado.

El proceso para los nombramientos

Los inconformes señalaron que una comisión mixta auxiliar se encarga de seleccionar a las personas aptas para un puesto, pero para que obtengan un base federal, primero deben haber estado en la categoría de contrato, luego en formalizados y después en regularizados.

No hay un periodo preciso para llegar hasta la base federal, pues esto depende de los espacios que se generen por despidos, muertes o jubilaciones.

En el escrito enviado a la SFP se precisó que, de las plazas irregulares, dos son de personas que pertenecen al organigrama de los Servicios de Salud del Estado de Puebla (SSEP).

¿De quién son las bases irregulares en Salud?

Otras 84 plazas son de personas que apenas ingresaron a los SSEP y les dieron directamente una base federal; 55 plazas son de personal que de la categoría de “contrato”, que este año pasaron a base federal, presuntamente violando los procesos escalafonarios, ya que no cumplen el tiempo laboral que se exige y no pasaron por la etapa de formalizado ni regularizado.

A la par, 18 plazas son de personal que por el tipo de contratación no se puede basificar, violando los procesos escalafonarios; 26 son cambios de adscripción dados de manera irregular; 17 plazas tienen un proceso de escalafonario irregular ya que por normatividad no se puede pasar de formalizados a personal de base federal.

Además, 77 plazas fueron otorgados por Hilda Vázquez Sánchez, directora de Operación de Personal de la secretaría de Salud, quien les cobra “una mochada” a los empleados cada quincena, según el documento.

“Le escribo todo esto señor gobernador para que se investigue de manera honesta y transparente las malas mañas y corrupción en la subdirección y la dirección de recursos humanos de la Secretaría de Salud y que actúe ya que dicen que están protegidos por Andrés VillegasEric Cotoñeto y Jorge Mota”.

Los salarios de las personas acusadas van desde los 8 mil pesos y hasta los 51 mil 538 pesos, laboran en lugares como el Hospital Psiquiátrico Dr. Rafael Serrano, Hospital del Sur, Hospital de Traumatología, Laboratorio Estatal, Hospital del Norte.

Algunos de los cargos son: médico especialista, auxiliar de enfermería A, apoyo administrativo y médico general.

Los cambios de centro de trabajo denunciados fueron a lugares como: el Centro de Salud Urbano Zacatlán, Hospital Integral San José Chiapa, Hospital General de Atlixco, el Centro de Salud de Servicios Ampliados en Tlaxcalancingo, entre otros.

El área de comunicación social de la Secretaría de Salud (SSA) se limitó a decir que la denuncia es investigada por las autoridades.

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