En un nuevo revés al Congreso de Puebla, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la reforma con la que se creó el Instituto Poblano de Pueblas Indígenas (IPPI), pues irónicamente no se consultó previamente a las comunidades indígenas del estado.

En sesión virtual el alto tribunal declaró este martes la invalidez de la reforma a la a Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de las Comunidades Indígenas del Estado, avalada en 2019 a petición del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, quien ofreció en campaña la creación del instituto.

El fallo fue resultado de la acción de inconstitucionalidad 111/2020, interpuesta por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El organismo alertó en su recurso que la falta de una consulta pública previa e informada violenta los derechos humanos de quienes integran las comunidades indígenas.

Esto al recordar que la Constitución del país, así como tratados internacionales de los cuales México es parte, establecen que se debe consultar con comunidades indígenas las medidas, políticas públicas o decisiones institucionales que los involucren.

Con este caso el Congreso de Puebla suma dos reveses por consultas públicas que no realizó, pues la Corte invalidó algunas disposiciones de la Ley de Educación, también impulsada por Barbosa Huerta, ya que no se consultó a comunidades indígenas y personas con discapacidad.

Y podría darse un tercer revés, en caso de que la SCJN declare inconstitucional la reforma a la Ley de Defensoría Pública del Estado, ya que hace unos días también fue impugnada por la CNDH por no consultarse a personas con discapacidad.

Dan un año para acatar sentencia

En su resolución de este día la Corte dio un plazo de un año para que la LXI Legislatura de Puebla, que lidera el morenista Sergio Salomón Céspedes Peregrina, realice las modificaciones necesarias a la ley.

La reforma también contemplaba que el Congreso tenía la obligación de tener un acercamiento con pueblos indígenas y el sector afromexicano, para conocer sus necesidades en materia de defensa de sus derechos humanos.

Cuando la iniciativa del mandatario llegó al Congreso en 2019, el diputado panista Oswaldo Jiménez López acusó que el IPPI representaba una carga de burócratas, pues su Junta de Gobierno carecía de representación de la sociedad civil y los pueblos indígenas.