En la última sesión ordinaria del Congreso del estado este martes, se aprobaron por unanimidad las reformas a la Ley de Educación para mantener las Escuelas de Tiempo Completo en Puebla, ahora con recursos de la Secretaría de Educación del estado. 

Como el gobierno federal canceló este programa, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta envió una iniciativa para modificar la fracción XII del artículo 119 de la Ley de Educación, a fin de establecer la permanencia de este programa en el estado, que inició en 2008 y a la fecha mantiene inscritos a más de 93 mil estudiantes. 

Las escuelas apegadas a este programa cuentan con un horario de educación de 6 a 9 horas diarias, lo que ayuda a padres de familia que trabajan y no cuentan con alguien que cuide a sus hijos.

Con esta reforma, las instituciones educativas seguirán las reglas de operación que emita la Secretaría de Educación estatal y funcionarán ahora con recursos estatales. 

Estas escuelas además proveen servicio alimentario a las y los estudiantes, lo cual les permite su desarrollo dentro de la institución bajo la guía permanente de maestros, tiempo en el que también se impulsan actividades recreativas, como desarrollo físico, artístico y cultural. 

Hasta 2021 el número de planteles era de 661 escuelas generales, indígenas, telesecundarias, escuelas multigrado entre otras.

Habrá intérpretes de señas en defensoría pública 

En otro punto de la sesión del Congreso, también por unanimidad se avalaron las reformas para establecer como obligación del poder Judicial la asignación de defensores públicos con intérpretes de señas mexicanas, la emisión de un documento en sistema de escritura braille y garantizar la defensa legal de calidad y gratuito para personas con discapacidad. 

La reforma fue presentada por la diputada local de Morena, Olga Lucía Romero Garci Crespo, para modificar el último párrafo del artículo 6 y las fracciones XII y XIII del artículo 24; así como la adición de la fracción XIV en la Ley del Servicio de la Defensoría Pública del Estado. 

El objetivo es garantizar que cuando la persona necesite asistencia jurídica y tenga alguna discapacidad, visual, auditiva o trastorno del habla, el Estado asigne a un intérprete especializado para garantizar los derechos de defensa de este grupo vulnerable. 

La Ley de Defensoría establece que se debe de contar con intérpretes para personas indígenas, pero hasta ahora no contemplaba medidas para personas con discapacidad.