El despacho García González y Barradas, vinculado al caso de la Universidad de la Américas Puebla (UDLAP), es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas extorsiones a clientes aprovechando una supuesta cercanía con el ex consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra.

Animal Político dio a conocer que este bufete jurídico, del que es socio Guillermo Barradas, ahora es investigado junto con otros que han litigado para políticos y empresarios acusados de supuestos actos de corrupción.

Específicamente, García González y Barradas defendió al empresario prófugo de la justicia Billy Álvarez en el caso de la Cooperativa Cruz Azul, además de que litigó para el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por los desvíos de recursos que se le imputan.

La investigación de la FGR en contra este despacho comenzó tras la denuncia de extorsión iniciada por el hijo de Ángel Martín Junquera Sepúlveda, exconsejero jurídico externo de la Cooperativa Cruz Azul, actualmente acusado y con orden de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada.

Junquera denunció que supuestamente fue engañado y extorsionado para negociar, con el supuesto apoyo de Scherer Ibarra, un criterio de oportunidad y acuerdo reparatorio.

No obstante, García González y Barradas negó que tuviera una relación profesional o de colaboración con Scherer, según lo publicado por Animal Político.

Ligado a toma de UDLAP

El 19 de agosto la Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ) denunció que Guillermo Barradas y su despacho eran parte del grupo de abogados que impedían devolver el campus de la UDLAP, en conjunto con el despacho del exsenador panista Roberto Gil Zuarth, por un contubernio con el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, a quien la fundación acusó de “persecución política”.

En un boletín difundido ese día la FMSJ recordó que a principios de agosto obtuvo una suspensión otorgada por un Juzgado Federal para que la UDLAP fuera devuelta de forma inmediata al patronato fundador presidido por Margarita Jenkins de Landa.

“Sin embargo, esta suspensión ha sido violada de forma reiterada e ilícita a través del contubernio entre los despachos de los abogados Roberto Gil Zuarth, ex senador del PAN y compañero de escaño de Miguel Barbosa; además de Rodrigo Gurza, quien se ostenta como apoderado legal de la FUDLAP, y el abogado Guillermo Barradas, vinculado a otros litigios irregulares en los que intervinieron también los jueces 24 y 60 civiles de la CDMX”, acusó la Fundación Jenkins.

El 29 de junio del año pasado el denominado “nuevo” patronato liderado por Horario Magaña Martínez asumió el control del campus con el respaldo de la policía estatal, luego de que se acusó al patronato de Jenkins de Landa de hacer uso irregular de los recursos económicos de la fundación.

Tras más de siete meses, este martes el nuevo patronato anunció que devolverá el campus al patronato primigenio, tras la renuncia de Armando Ríos Piter, quien se ostentaba como rector interino.

PAN exige comparecencia de Daniel Vázquez

Minutos antes de la renuncia de Ríos Piter, en el Congreso del estado el diputado local Rafael Micalco Méndez (del PAN) demandó al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sergio Salomón Céspedes Peregrina (Morena), llamar a comparecer a Daniel Vázquez Millán, presidente de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada, órgano del gobierno estatal que nombró al “nuevo patronato” de la UDLAP.

En sesión del pleno el legislador señaló que, aunque la institución se encuentre abierta, se necesita un fundamento legal para la entrega formal de las instalaciones ante un notario público y un juez.

El legislador exigió además a Barbosa Huerta utilizar las herramientas legales para liberar el campus.

“Pedirle al presidente de la Jugocopo algún formato en el que Daniel Vázquez Millán nos dé cuenta de lo que ha hecho desde su nombramiento sobre el caso UDLAP, y al señor gobernador exhortar a que, con la misma herramienta legal que utilizó para cambiar al presidente de la junta, utilice la misma herramienta para devolver el campus a los estudiantes”, sentenció.

Micalco Méndez solicitó a sus compañeros y compañeras no politizar el tema, pero Roberto Solís Valles y Eduardo Castillo López (ambos de Morena), recriminaron que este problema legal comenzó en las administraciones pasadas del PAN.

Acusaron que los desfalcos de la fundación no fueron denunciados por los exgobernadores e incluso criticaron el silencio de la Familia Jenkins a las exigencias de la comunidad estudiantil.