Por presunto abuso de autoridad, peculado, portación ilegal de arma de fuego y enriquecimiento ilícito, en lo que va del año han sido detenidos en Puebla dos exalcaldes y tres presidentes municipales en funciones, estos a unos días de concluir su gestión el 14 de octubre, mientras que en 2019, con un año en funciones, fue detenido el edil de Tehuacán, Felipe Patjane Martínez.

La aprehensión más reciente ocurrió la mañana de este lunes, cuando agentes ministeriales ejecutaron una orden de arresto librada por un juez en contra de Calixto González Montero, alcalde de Tepatlaxco de Hidalgo por el delito de abuso de autoridad.

El domingo se dieron a conocer las detenciones de Roberto Víctor Bolaños Altamirano, expresidente municipal de San Pablo Zoquitlán, y Ángel López Cabrera, alcalde de Honey.

El primero es acusado de peculado por sus presuntas irregularidades en su cuenta pública del 2009, mientras que el segundo fue arrestado en el estado vecino de Hidalgo en posesión ilegal de armas de fuego y 1 millón de pesos, supuestamente para personas afectadas por el huracán Grace. 

Un mes antes, el 27 de agosto, policías municipales de Puebla detuvieron a Servando Arizpe Campos, presidente municipal de Tzicatlacoyan, debido a que conducía en inmediaciones de la colonia Chapultepec con un arma de fuego sin los permisos correspondientes, por lo que quedó a disposición del agente del Ministerio Público para las diligencias correspondientes. 

Leoncio Paisano Arias, exalcalde de San Andrés Cholula, fue detenido el 13 de abril mediante una orden de aprehensión girada por el delito de abuso de autoridad, aunque posteriormente el agente del Ministerio Público agregó a la carpeta administrativa el delito de peculado.

Por ambos delitos, el 19 del mismo mes fue vinculado a proceso y enviado a prisión preventiva.

De los 3 meses a 12 años de cárcel

Respecto a las penalidades de los delitos que enfrentan los funcionarios y exfuncionarios, el Código Penal de Puebla en su artículo 420 indica que abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal se sanciona con prisión de seis meses a seis años, multa de 20 a 200 días de salario y destitución, así como inhabilitación hasta por seis años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servicio público. 

Para quien comete el delito de peculado, se le impondrá de seis meses a 12 años de prisión, multa de 30 a 300 días de salario, destitución e inhabilitación, en su caso, de seis meses a 12 años, para ejercer un empleo, cargo o comisión en el servicio público, según el artículo 429.

Al responsable del delito de enriquecimiento ilícito, según lo que indica el artículo 433, se le impondrá de dos a 11 años de prisión, multa de diez a 100 días de salario, destitución, inhabilitación de dos a 11 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos y decomiso en beneficio del Estado o Municipio de aquellos bienes cuya honesta procedencia no acredite. 

Por último, el artículo 160 del Código Penal Federal, señala que a quien porte, fabrique, importe o acopie sin un fin lícito instrumentos que sólo puedan ser utilizados para agredir y que no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas, se le impondrá prisión de tres meses a tres años o de 180 a 360 días multa y decomiso. 

Servidores públicos solo pueden portar armas necesarias para el ejercicio de su cargo, sujetándose a la reglamentación de las leyes respectivas.