Un promedio de tres carpetas de investigación diarias fueron iniciadas por autoridades en Puebla ante la desaparición de personas de enero a junio de este año. Esta situación podría estar vinculada con otros problemas como los “levantones” y homicidios; justo este último delito ya tiene presencia en 53 de los 217 municipios de acuerdo con un recuento realizado por Mauricio Saldaña Rodríguez, autor del Ejecutómetro.

De enero a junio de este año la Fiscalía General del Estado comenzó 661 indagatorias por reportes de personas desaparecidas en el territorio poblano, estas cifras se generan mientras que los legisladores poblanos se niegan a realizar reformas a las leyes en la materia solicitadas por familiares de víctimas.

Mes a mes hay una variación constante en las investigaciones realizadas, aunque febrero destacó por acumular 94, siendo esta la cifra más baja, por el contrario, abril fue el periodo del año con más indagatorias al sumar 133.

Las indagatorias del primer semestre representan una baja en comparación con el mismo periodo, pero del año pasado,  en ese entonces la FGE comenzó 714 según las estadísticas oficiales.

Desde el año pasado el colectivo La Voz de los Desaparecidos, así como por el Instituto de Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría” (IDHIE), de la Universidad Iberoamericana campus Puebla, impulsan la Ley en Materia de Desaparición de Personas, sin embargo, la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso del Estado sigue sin aprobarla.

La inconformidad de la organización por la falta de aprobación provocó que realizaran un plantón afuera de las instalaciones del poder legislativo, el cual se mantiene hasta ahora. En su momento el gobernador del Estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, anunció que contaba con su propia reforma al respecto.

A su vez la presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, María del Carmen Cabrera Camacho, declaró que en próximos días dejaría listo un proyecto sobre el tema, pero este debería ser evaluado por la siguiente legislatura, la cual comienza el 15 de septiembre, mientras tanto los familiares continúan esperando.

Desde el inicio de la actual gestión estatal y hasta el 27 de junio de este año 145 personas desaparecieron en Puebla y ninguna había sido localizada, de las cuales 96 eran hombres y 49 eran mujeres, según la información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Registran al menos un homicidio en 53 municipios poblanos

De enero a julio de este año hubo al menos un homicidio en 53 de los 217 municipios de Puebla, aunque en cada uno de los meses la capital poblana fue el lugar en donde este crimen fue una constante de acuerdo con un recuento realizado por Mauricio Saldaña Rodríguez.

Paulatinamente los homicidios y los sitios en donde las autoridades los registraron comenzaron a crecer. Durante enero este delito fue registrado en cinco municipios; en febrero en 10; en marzo en nueve y en abril en ocho.

Destaca que de mayo a julio este delito se detectó en 21 municipios, respectivamente, aunque los casos no ocurrieron siempre en los mismos lugares, por ejemplo, la capital poblana se mantuvo en las estadísticas de cada uno de los meses, pero otros como Aljojuca, Ahuatempan y Chiautla aparecieron hasta el séptimo mes.

En cuanto a la cantidad de homicidios, se observa que en el primer mes del año comenzó con nueve asesinatos, pero en los periodos posteriores hubo un crecimiento, fue a tal grado que mayo se ubicó como el que tuvo más eventos al sumar 35 según el Ejecutómetro.

En los siete meses analizados sobresale que la capital poblana pues no dejó aparecer en las estadísticas, en total acumuló 27 homicidios, la cifra más alta en todo el territorio poblano.

El autor del Ejecutómetro resalta que “es la primera vez en la historia del estado de Puebla, que se da en un solo año, una ejecución en 53 municipios, equivalentes al 24.42 por ciento del total de la entidad”.

Entre los lugares también se localizan algunos considerados dentro del “triángulo rojo”, denominados así por el robo de combustible. Algunos de éstos fueron San Martín Texmelucan, San Salvador El Seco y San Salvador El Verde.

Consideró que este incremento en las cifras podría explicarse por dos razones principalmente, la incompetencia de todos los niveles de gobierno y la complicidad o indiferencia de las autoridades.

El analista opinó que las autoridades deben estar conscientes de que entre las personas asesinadas también hay comerciantes quienes se negaron a pagar el derecho de piso o policías que hacían su trabajo.