Contra la simulación: las víctimas y sus familias en el centro. La iniciativa de Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Puebla, presentada el 15 de julio de 2020, busca sanar un vacío que ha vulnerado a miles de familias que han iniciado procesos de búsqueda por sus propios medios. La espera por la dictaminación no hace sino agravar esas expresiones de violencia. 

En rueda de prensa, la Mtra. Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la IBERO Puebla, expuso la importancia de adoptar dicha ley en un contexto de graves violaciones a las garantías individuales. Con corte al 24 de junio, se contabiliza un total de 88,119 personas desaparecidas y no localizadas a nivel nacional, de las cuales 2,783 pertenecen a familias poblanas. 

Además, su implementación responde a la obligación del Congreso de armonizar la Ley General en la materia, publicada desde el año 2017, así como a las obligaciones internacionales adquiridas por México a través de diferentes instrumentos y organismos. 

La titular del IDHIE consideró como una falta de respeto para las víctimas que el Congreso no manifieste su voluntad política para discutir y adoptar la ley en la materia frente a la cantidad de acciones implementadas por los colectivos de familiares de personas desaparecidas. “Exhortamos al Congreso del Estado a que acate con seriedad el cumplimiento de sus obligaciones y que adopte la Ley de Desapariciones para el Estado de Puebla”. 

El 10 y el 13 de mayo se presentaron dos amparos indirectos a nombre de varias personas desaparecidas y de familiares integrantes del Colectivo La Voz de los Desaparecidos en Puebla. Los recursos buscan que el Poder Judicial de la Federación reestablezca la ausencia de la ley estatal y la violación de derechos fundamentales provocada por la falta de armonización con la Ley General, así como las omisiones a los tratados internacionales. 

Como analizó el Mtro. Simón Hernández León, coordinador de la Licenciatura en Derecho de la IBERO Puebla, el Congreso de Puebla ha litigado en contra de las familias bajo la premisa de que no existe ninguna obligación de emitir una legislación estatal. Esta narrativa “tiene una evidente intencionalidad política que busca deslindar a la Legislatura de toda responsabilidady va en contra de lo realizado por 14 estados que ya legislaron”. 

A pesar de existir pronunciamientos recientes de la Suprema Corte sobre la omisión legislativa cuando se incumplen con plazos para legislar, el Poder Judicial de la Federación en Puebla no ha concedido las suspensiones que permitirán iniciar el proceso legislativo antes del fin del último periodo ordinario de sesiones. Eventualmente, complementó, la instancia deberá pronunciarse sobre la omisión legislativa y tendrá que ordenar se emita la ley estatal. 

Del oficio al grito 

Hace un mes se convocó a una Mesa de Trabajo Interinstitucional con el objetivo de recabar opiniones, propuestas y consideraciones en torno a la iniciativa de Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Puebla. En dicho foro se coincidió en que la propuesta elaborada por los colectivos y la universidad jesuita cumple con lo mandatado por el Congreso de la Unión. 

El 4 de junio, los impulsores del proyecto solicitaron que se convocara a una mesa de trabajo abierta con el fin de recolectar, desde la experiencia de las víctimas, los más altos estándares de protección en materia de derechos humanos para finalmente dictaminar la ley local. A la fecha, el proceso de diálogo permanece estancado. 

El último esfuerzo consistió en la emisión de una nueva versión de la iniciativa de ley, misma que incluye las observaciones formuladas por la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comité Internacional de la Cruz Roja. 

Para el Mtro. Roberto Alonso Muñoz, responsable del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática de la IBERO Puebla, existen condiciones jurídicas cabales para que la iniciativa sea presentada y dictaminada esta misma semana: “Exigimos al Congreso de Puebla cumpla con su palabra y legisle en favor de las personas desaparecidas en el estado y sus familias”. 

Las disputas legales tienen a la deriva a más de 2,700 familias. Muchas de ellas continúan afrontando con entereza el dolor provocado por la desaparición, pero también por la indolencia de la autoridad. Tal es el caso de María Luisa Núñez Barajas, quien fundó el colectivo La Voz de los Desaparecidos en Puebla al iniciar la búsqueda de su hijo Juan de Dios, a quien no ve desde hace 50 meses. 

A decir de la activista, las familias de los desaparecidos han sido vistas como un lastre para los poderes estatales. Señalando a las diputadas Mari Carmen Cabrera y Nora Escamilla por su indiferencia ante la problemática. La activista argumentó que “es incomprensible que ni siquiera les trastoque esa parte humana esta crisis que también se vive en nuestro estado. Es claro que no les importan porque no son sus familiares”.  

 La principal preocupación de los colectivos radica en que la iniciativa de ley, basada en los aprendizajes de su caminar, sea saboteada. “Esta forma de actuar son artimañas para callar a las familias. No tenemos otra forma de interpretarlo: es un ataque contra los colectivos porque no les gusta que levantemos la voz”. Refrendó que su lucha se basa en la exigencia de derechos frente a la violencia sistemática.