En casi dos años de la LX Legislatura el Congreso de Puebla acumula 15 acciones de inconstitucionalidad y dos controversias constitucionales ante la SCJN, por leyes, reformas y resoluciones que se consideran violatorias de derechos humanos.

En seis demandas la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) corrigió la plana al poder Legislativo, una fue rechazada por improcedente y el resto (diez) está pendiente de resolverse.

La actual legislatura (con mayoría de Morena y sus aliados) superó en menos de dos años las 13 acciones de inconstitucionalidad que acumuló en todo su periodo la gestión anterior (con mayoría del PAN y sus aliados en el sexenio de Rafael Moreno Valle), a pesar de que esa duró cuatro años y ocho meses.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); la Comisión de los Derechos Humanos (CDH) del estado; diputados de oposición y alcaldes son quienes han recurrido al máximo tribunal del país para intentar echar abajo las decisiones de los legisladores, en funciones desde el 15 de septiembre de 2018.

Impugnan caso Tehuacán

La última impugnación fue interpuesta este fin de semana por el alcalde suplente de Tehuacán, Andrés Artemio Caballero López, quien busca revocar el proceso de extinción del Cabildo de ese municipio, por considerarlo injusto e ilegal.

Para esto promovió la controversia constitucional 118/2020, donde exige invalidar el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del estado, con el cual comenzó el procedimiento de disolución.

Legisladores de la coalición Juntos Haremos Historia pretenden declarar la desaparición de poderes en el municipio debido a una serie de presuntos delitos y anomalías que atribuyen a los regidores y al alcalde constitucional (de Morena) preso desde noviembre de 2019, Felipe Patjane Martínez. 

CNDH contra Ley Barbosa

La semana pasada la CNDH promovió una acción de inconstitucionalidad contra los capítulos VI y VIII de la Ley de Educación del gobernador Miguel Barbosa Huerta, aprobada en “fast-track” por legisladores Morena, PT y PES el 15 de mayo.

En el juicio 186/2020 el organismo busca invalidar nueve artículos referentes a la educación en comunidades indígenas y para personas con discapacidad, por considerar que violentan u obstaculizan los derechos humanos.

Diputados locales de oposición impugnaron toda la ley en junio, pero su demanda de inconstitucionalidad 131/2020 fue rechazada por improcedente.

Para la admisión del recurso se exige la firma de al menos el 33 por ciento de una legislatura local, es decir, 14 legisladores en el caso de Puebla, pero el juicio promovido solo tenía 13 firmas, por lo cual fue rechazado sin entrar al análisis de fondo sobre la validez de la ley.

Condenan freno a matrimonios igualitarios

La CNDH también busca invalidar el artículo 294 del Código Civil del estado, que impide el matrimonio entre personas del mismo sexo, pues considera que es discriminatorio y violatorio de los derechos humanos.

A principios de este año promovió la acción de inconstitucionalidad 1/2020, en conjunto con la Comisión de los Derechos Humanos (CDH) del estado.

La impugnación obedece a que los diputados de Juntos Haremos Historia modificaron el artículo en octubre de 2019 por instrucción de Barbosa Huerta, pero se negaron a reconocer los matrimonios homoparentales a pesar de la exigencia de organizaciones civiles.

Por considerar que se violentan los derechos a la igualdad y no discriminación, así como a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, la CNDH también exige revocar varios artículos de la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, reformada en diciembre de 2019.

En otro recurso busca invalidar varias disposiciones de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos Municipales y otras de la Ley de Obra Pública del estado, ya que las considera discriminatorias, por impedir que personas condenadas por delitos no puedan fungir como testigos sociales en la construcción de obras, aunque ya hayan cumplido su sentencia.

Rivera contra mando de seguridad

La alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco (de Morena) interpuso la controversia constitucional 46/2020 contra un decreto de Barbosa Huerta con el cual busca hacerse del control de la seguridad en la capital del estado.

El Congreso del estado aparece como demandado por la legislación del artículo 105 de la Constitución del estado, específicamente su fracción VIII, que otorga al gobernador la facultad de asumir el control de la seguridad pública en casos graves de ingobernabilidad.

Corrige la Corte al Congreso 

Las seis acciones de inconstitucionalidad resueltas se promovieron por la CNDH y en todas se corrigió la plana al Congreso de Puebla, pues se invalidaron artículos de 109 leyes de ingresos municipales aprobadas por los diputados en 2018.

La Corte declaró excesivos y desproporcionados los cobros por el servicio de transparencia y acceso a la información pública y ordenó a los legisladores no volver a permitirlos.

A pesar de eso, en 2019 los diputados volvieron a aprobar cobros por transparencia, así que la CNDH interpuso otra vez dos acciones de inconstitucionalidad que aún están pendientes de resolverse.

Foto: Especial