La organización Liga Estudiantil Democrática (LED) afirmó que la pretendida auditoría a la BUAP es una jugada política para colocar a los incondicionales de la 4T en la máxima casa de estudios en el estado.

Por su parte, jubilados de la universidad demandaron ser incluidos en la auditoría y demandaron que incluya a los rectores anteriores a Esparza Ortiz.

A través de un desplegado, la LED –históricamente enfrentada con la rectoría por el proceso de admisión– se pronunció respecto a la situación que atraviesa la BUAP y señaló que los poderes que jamás se han interesado por los asuntos universitarios o de su comunidad, ahora se vuelcan en una jugada política.

Luego de reconocer el valor de la autonomía universitaria, la organización de estudiantes llamó a que se busque una “solución dialogada del conflicto que sostiene el gobierno del estado con la rectoría de la BUAP y que no se comprometa de ningún modo la autonomía".

La LED concluye con un llamado a la “comunidad universitaria para organizarse no solamente ante la defensa de la autonomía universitaria sino en otros temas como es la estatización del servicio de transporte para bajar el costo del pasaje, más presupuesto para la educación, más plazas que permitan aumentar la matrícula en la BUAP, la despenalización del aborto, la reivindicación de los pueblos originarios y que se aumente la inversión estatal para ciencia y tecnología”.

Piden jubilados intervenir en la fiscalización

La Asamblea General de Universitarios, Jubilados y Ex universitarios externó que “es urgente que haya un proceso de rendición de cuentas al interior de la universidad, en el cual se incluya a todos los que pasaron por la rectoría durante la década de los noventa.

En un desplegado dirigido al gobernador Miguel Barbosa Huerta, al Congreso del Estado, al auditor Superior del Estado, Francisco Romero Serrano, así como a la opinión pública, los universitarios llamaron a que la BUAP permita la fiscalización y que las autoridades vayan más allá por el supuesto enriquecimiento ilícito de los rectores. 

"Hemos venido reiterando desde la llegada del neoliberalismo en la BUAP, en 1990, la necesidad de realizar una auditoría a los rectores empresarios Jose Marum Doger Corte, Enrique Doger Guerrero, Enrique Agüera Ibáñez y José Alfonso Esparza Ortiz, quienes han sido acusados de enriquecimiento ilícito, de haber contratado a familiares y amigos como trabajadores y funcionarios universitarios y junto con ellos, por haber sacado los recursos económicos de la BUAP", plantea el desplegado.

El desplegado acusa que el neoliberalismo trajo consigo la destrucción del sindicalismo universitario y el contrato colectivo de trabajo, además de la eliminación de departamentos que permitió la subcontratación de empresas privadas.

Los ex trabajadores solicitan a la Comisión Inspectora del Congreso del Estado y al auditor Superior del Estado  una audiencia en donde se pueda valorar su participación en las investigaciones y procesos de fiscalización, aprovechando los conocimientos y experiencia que tienen sobre la administración universitaria.

También exigen que se auditen los montos de aportes de los trabajadores a los servicios de salud y medicinas, así como la nómina de jubilados y los montos como pensiones y jubilaciones del personal de confianza, para evidenciar la diferencia que existe con el personal de base; además de auditar los ingresos por sorteos anuales y los gastos universitarios de las administraciones que han pasado desde Jose Marum Doger Corte.