Diputados aprobaron la iniciativa del gobernador Miguel Barbosa Huerta para desincorporar el Servicio Médico Forense (Semefo) del Poder Judicial para que ahora sea parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Por unanimidad la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local avaló este lunes que el Semefo deje el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), del cual depende.

Para esto se aprobaron reformas a las leyes orgánicas del Poder Judicial y de la FGE, propuestas por el mandatario, mismas que no tuvieron cambios trascendentales.

Sin mayor debate el proyecto de ley se avaló tras desecharse las modificaciones que la priista Rocío García Olmedo intentó hacer.

Para la desincorporación se dejaron sin efectos la fracción IV del artículo 113 y el artículo 120 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, concernientes al Semefo.

Para la adhesión se modificaron las dos primeras fracciones del artículo 23 de la Ley Orgánica de la FGE y se agregaron dos nuevas.

De tal forma que el texto dirá: “el Instituto de Ciencias Forenses tendrá las funciones siguientes:

I. Verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos que escapan a la cultura común de la gente, sus causas y sus efectos;

II. Suministrar reglas y conocimientos técnicos o científicos de su experiencia o especialidad para formar convicción sobre hechos e ilustrarlos, con el fin de que se entiendan y puedan apreciarse correctamente;

III. A través del Servicio Médico Forense y de los peritos que lo integren, emitir estudios de carácter médico forense, identificación de cadáveres, químicos toxicológicos, histopatológicos, genéticos, antropométricos, odontológicos, dactiloscópicos, entomológicos, valoraciones psiquiátricas y psicológicas y demás estudios de esta naturaleza que resulten necesarios para el esclarecimiento de los hechos en materia de procuración de justicia, y IV. Las demás que le sean asignadas por el fiscal general del estado”.

Transición durará tres meses

La transición del Semefo durará al menos tres meses, de acuerdo con el tercer artículo transitorio del dictamen aprobado.

“Dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado transferirá a la Fiscalía General del Estado de Puebla, los asuntos y recursos humanos, materiales y financieros asignados al Servicio Médico Forense, con la intervención de los órganos internos de control respectivos, de conformidad con la normatividad aplicable”.

El mismo agrega: “el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y la Fiscalía General del Estado de Puebla, con el apoyo de las dependencias competentes, proveerán, acordarán y resolverán lo necesario para cumplir oportunamente el proceso de transferencia, incluyendo lo relativo a la reorganización de sus estructuras y las adecuaciones presupuestales conducentes conforme a lo dispuesto en la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal que corresponda”.

Funcionará durante el traspaso

En el transitorio cuatro se precisa que el servicio funcionará, durante el traspaso, de manera normal.

“El Servicio Médico Forense a cargo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla continuará en funciones durante el proceso de transferencia, a efecto de no suspender la prestación de los servicios respectivos, por lo que los procedimientos y asuntos que con motivo de la entrada en vigor de este Decreto deban pasar del Poder Judicial del Estado a la Fiscalía General del Estado de Puebla, a través del Instituto de Ciencias Forenses, continuarán tramitándose por el Servicio Médico Forense hasta que termine totalmente dicha transferencia y se emita acuerdo de conclusión por el presidente del Consejo de la Judicatura”.

El artículo posterior indica que “el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla y la Fiscalía General del Estado de Puebla, deberán hacer las gestiones conducentes ante la Secretaría de Planeación y Finanzas, para que realice las adecuaciones presupuestales y tome las previsiones necesarias, para su inclusión en el presupuesto para el ejercicio fiscal 2020”.

A continuación, dice que “todo instrumento legal, jurídico o administrativo y norma en sentido formal o material, que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se refiera al Servicio Médico Forense, se entenderá atribuido al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado”.

Con respecto al personal, el transitorio siete afirma que “los derechos y obligaciones contractuales, contraídos por el Servicio Médico Forense, serán atribuidos al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado”.

Para concluir sostiene que “los derechos laborales del personal que, en virtud del proceso de transferencia derivado del presente Decreto, pasen del Poder Judicial del Estado a la Fiscalía General del Estado, se respetarán en términos de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado”. 

Foto: Agencia Enfoque