La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ubicó anomalías en el gasto de 1 mil 162.1 millones de pesos del Seguro Popular en Puebla de 2013 a 2017, tales como compra de medicamentos con sobrecosto y pagos no autorizados.

Así se desprende de un dictamen de la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado que tuvo origen en un punto de acuerdo del senador Ricardo Monreal Ávila para solicitar a la Fiscalía General de la República (FGE) que informe sobre las denuncias que la ASF presentó entre 2013 y 2017 por la operación de este programa.

En su planteamiento, el legislador también solicitó a los estados del país que cumplan con el abastecimiento de medicamentos en las instituciones de salud que estén a su cargo, así como que establezcan mecanismos para transparentar el gasto en el sector.

Resaltan anomalías

El reporte detalla que de acuerdo con los informes de la ASF, el organismo fiscalizador hizo observaciones en el uso de 56 mil 226 millones de pesos de origen federal que 17 entidades del país aplicaron para el Seguro Popular durante 2013.

En el caso de Puebla, el organismo fiscalizador observó 1 mil 162.1 millones de pesos, debido a que ubicó medicamentos que fueron adquiridos a un precio superior y pagos que exceden a las partidas autorizadas.

Durante ese periodo, los recursos fueron administrados por la Secretaría de Salud del estado, a través de distintos convenios con la federación. En ese entonces, la dependencia estaba a cargo de Roberto Rivero Trewartha.

Campeche fue el estado con el mayor gasto observado, con 13 mil 723 millones de pesos, seguido por Guanajuato con 9 mil 527; Quintana Roo con 6 mil 884 millones y Michoacán con 4 mil 472 millones.

En 2016, la ASF hizo observaciones por 301 mil 596 millones de pesos en 17 entidades, en las que ya no figuró Puebla.

Según el documento fechado este 26 de marzo, que fue complementado por un análisis de la Comisión Dictaminadora, cuatro de cada 10 pesos del presupuesto con el que anualmente cuenta el Seguro Popular, se emplea en el salario de empleados. El resto del gasto se divide en medicamentos, material de curación y otros insumos.

“…lo que resulta preocupante ya que el rubro de medicamentos, material de curación y otros insumos ocupa el segundo lugar de recursos devengados…”, indicó.

El dictamen fue respaldado por los senadores Clemente Castañeda, Bárbara Gálvez, Minerva Citlalli Hernández, María Soledad Luévano, Oscar Eduardo Ramírez, Ana Lilia Rivera, Daniel Gutiérrez, Cecilia Margarita Sánchez, Félix Salgado, Martha Márquez, Mario Zamora y Nubia Mayorga.

“Ante este panorama, esta comisión dictaminadora coincide plenamente con los motivos que expone el senador ponente, las auditorías muestran datos desfavorables que son casos de estudio para actuar en estas acciones que violentan el espíritu de la política de salud que se ha aplicado en México”, se indica en el documento.

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