Con una convocatoria a organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y de investigación, el bloque legislativo de Morena, Encuentro Social y PT pretende elaborar una nueva Ley del Agua para el estado y así revocar la concesión del servicio en la capital.

Gabriel Biestro Medinilla, coordinador de Morena, presentó ante el pleno el proyecto que permitiría establecer que el agua es un derecho humano que debe ser garantizado por el estado.

El morenista explicó que la intención es que se rediseñen los sistemas de distribución y de inversión pública a través de un Plan Estatal Integral de Agua, el cual contempla evaluaciones de crecimiento poblacional, actividades industriales y agrícolas, evaluaciones de saneamiento de aguas residuales, municipales, así como de la cobertura de la red de agua y de drenaje.

En septiembre de 2013, el entonces gobernador Rafael Moreno Valle remitió a la LVIII Legislatura la iniciativa para reformar la fracción IV y adicionar la fracción IX del artículo 31 la Ley del Agua para el Estado de Puebla.

La propuesta del panista la validaron las fracciones del PAN, PRD, MC, Nueva Alianza y el PVEM, mientras que los legisladores del PRI se manifestaron en contra.

Con la validación que se hizo al marco legal, se permitió la celebración de contratos de concesión entre particulares y 25 Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Puebla, en los cuales se establecerían los "derechos y obligaciones" de los interesados.

Además, en la fracción IV del artículo 31 se advierte que el incumplimiento del contrato implicaría sanciones y la obligación de "indemnización" a cargo de la autoridad competente por criterios de caducidad, rescate, revocación o terminar de manera anticipada la concesión.

Tres meses después de la aprobación de la reforma impulsada por Moreno Valle, en diciembre de 2013, Concesiones Integrales asumió el control del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) por un periodo de 30 años.

Sin embargo la revocación de la concesión de este servicio público fue parte de las propuestas de campaña de la coalición "Juntos Haremos Historia".

La promesa de la alianza lopezobradorista fue cuestionada por Martha Erika Alonso HIdalgo, aspirante a Casa Puebla y esposa del ex gobernador Moreno Valle, quien afirmó que revocar el contrato con la particular tendría un costo de 3 mil millones de pesos para el estado.

PRI plantea criterio poblacional para la apertura de notarías

Por otra parte, establecer como criterio a la población económicamente activa para la apertura de notarías y que los fedatarios públicos sean considerados como mediadores certificados, plantea la fracción del PRI a través de reformas a los artículos 23 y 24 de la Ley del Notariado y al numeral 7 de la Ley del Centro de Mediación Estatal.

Rocío García Olmedo, proponente de las iniciativas, precisó que la intención es que tanto en la Ley del Centro de Mediación y el Código de Procedimientos Civiles se considere a los notarios como "mediadores certificados" tal como ya lo reconoce la Ley del Notariado.

En cuanto a la propuesta para los artículos 23 y 24 de la Ley del Notariado, manifestó que el propósito es restituir el criterio para que al abrir una notaría se considere a la población económicamente activa.

"Habrá una notaría pública por cada 50 mil habitantes de la población económicamente activa de conformidad con los censos poblacionales realizados por el INEGI (...) el ejecutivo del estado, podrá crear el número de notarías que se requiera por cada distrito judicial", señala la propuesta de reforma al artículo 23.

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