Los errores por parte de los agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE) se han vuelto una constante en las audiencias públicas del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), dejándoles llamados de atención por parte de los jueces a 18 meses de su implementación en Puebla.

Estos yerros han provocado que en más de una ocasión los juzgadores se vean orillados a liberar a criminales o a reclasificar delitos por unos de menor trascendencia, a fin de subsanar las negligencias en las carpetas de investigación que presenta la FGE en las audiencias.

Aunado a esto, el organismo de procuración de justicia también ha recurrido a la elaboración de “chalecos”, como se le conocía a la fabricación de delitos en el viejo sistema penal, con la finalidad de acusar a feminicidas u homicidas por cargos menores como el cohecho, ganando un par de días para elaborar una investigación de la principal falta.

“Copy paste” deja libres a policías huachicoleros de Amozoc

Uno de los primeros casos que exhibió la falta de capacitación de la FGE tras la entrada en vigor del NSJP fue el de las ocho personas, entre ellas seis policías municipales de Amozoc, liberados pese a haber sido detenidos por encubrimiento y colusión con ladrones de combustible en septiembre del año pasado.

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Fue en la audiencia de vinculación a proceso celebrada el 8 de septiembre cuando los abogados de los detenidos exhibieron que, en la carpeta de investigación, los agentes del MP recurrieron al “copy paste” (copia y pega) para integrar las declaraciones de los Policías Estatales que los aprehendieron, cambiando sólo los nombres sin considerar la cronología y coherencia de la acusación.

Esta deficiencia técnica fue determinante para el juez de control Lucio León Mata, quien determinó ordenar auto de no vinculación a proceso y con ello su inmediata libertad, no importando que el argumento de los defensores fuera un error de la FGE y no demostrando su inocencia.

Procesan como adulto a miembro de Los Cuijes de 16 años

Dos de los doce integrantes de la banda de Los Cuijes, vinculados al robo de combustible y el multihomicidio de Huehuetlán El Grande, pusieron en jaque a la FGE luego de que en sus audiencias un juez detectó que había irregularidades en sus procesos y falta de capacitación de los agentes del MP, pues incluso pretendían juzgar a uno de ellos como adulto pese a tener 16 años.

La primera irregularidad fue la de Luis, uno de los detenidos y presunto miembro de esta banda que en la carpeta de investigación fue registrado con 18 años de edad, no obstante su defensora de oficio se percató que su edad real era de 16, por lo que expuso esto al juez, quien no dudó en anunciar que este yerro sería informado al fiscal general Víctor Carrancá Bourget.

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Su audiencia ante una juez especializada en justicia para adolescentes se reprogramó para el 16 de agosto pasado a las 7:30 de la mañana, donde una vez más quedaron manifiestas las deficiencias y el joven quedó en libertad, aunque bajo reservas de ley.

Un día después se realizó la audiencia de Miguel Ángel, otro presunto miembro de la banda que era acusado de tentativa de homicidio en agravio de los policías que lo detuvieron, sin embargo la agente del Ministerio Público fue incapaz de hacer la clasificación legal del caso.

Aunado a esto, el juez consideró que la mecánica de los hechos en la carpeta a de investigación era ilógica y poco creíble, por lo que decidió no vincularlo a proceso y ordenar su libertad. No obstante, a las afueras de la Casa de Justicia de Puebla, ya lo esperaban agentes ministeriales para cumplir una orden de aprehensión, ahora si por el multihomicidio de Huehuetlán El Grande.

Imputan delitos pero no los sustentan

La Fiscalía General del Estado también ha caído en la imputación de delitos incorrectos o mal sustentados, lo cual ha provocado que los jueces deban de corregir a los agentes del MP en plena audiencia, o en su caso, hagan una reclasificación por delitos menores o que se ajustan a la situación, a fin de que los presuntos delincuentes no queden libres.

El caso más reciente es el de Paul Ángel, guardia de seguridad privado acusado de balear a un empleado del bar El Tigre en la Avenida Juárez y de protagonizar una persecución con policías municipales en el Paseo Bravo.

En su audiencia celebrada el pasado miércoles, el agente del Ministerio Público solicitó su vinculación a proceso por los delitos de tentativa de homicidio, ataques peligrosos y “delitos cometidos contra servidores públicos”, sin embargo la juez de control consideró que la carpeta de investigación no tenía las pruebas suficientes.

En su fallo, decidió en primer lugar, reclasificar el delito de tentativa de homicidio a lesiones calificadas, y posteriormente tuvo que señalar que la FGE no puede acusar a alguien de “delitos cometidos contra servidores públicos”, pues esta es un agravante y no un tipo penal.

Exparamédico libra cargo de Feminicidio por error del MP

Otro caso fue el de Manuel G., ex paramédico de Cruz Roja acusado de intento de feminicidio en agravio de su esposa, a quien en un ataque de celos apuñaló en 9 ocasiones el 14 de agosto pasado, en la colonia Resurgimiento de la ciudad de Puebla. 

En la audiencia, el abogado de oficio de Manuel evidenció que el MP no recolectó ni integró en tiempo y forma la entrevista de la víctima, Fátima Sinaí Coca Tirado, en donde ella lo acusaba de violencia psicológica previa, que permitiría tipificar la tentativa de feminicidio.

Al ser una prueba obtenida de forma ilegal por el MP, el juez pudo haber decretado como viciado todo el caso, sin embargo optó por reclasificar el caso de feminicidio en grado de tentativa, a homicidio en el mismo grado, cuya pena es 20 años menor por no tener el agravante en razón de género.

FGE intenta imputar feminicidio en caso de la estudiante de la BUAP

Una situación similar ocurrió con Mariana Fuentes Soto, alumna de la BUAP asesinada durante un asalto el pasado 30 de septiembre por una banda, la cual tenía entre sus integrantes a un chofer de Uber y cuya audiencia se realizó el pasado 18 de octubre.

Ahí, la FGE cayó en dos inconsistencias, pues en primer lugar el abogado defensor expuso una posible siembra de pruebas en contra de su cliente, ya que en la carpeta de investigación la FGE ubicó una identificación de la joven en dos momentos y lugares diferentes, misma que pretendía ser usada como medio de prueba y que el juez la excluyó al momento de resolver.

Aunque el juzgador consideró que además de esa credencial había otros elementos para acusar al chofer de Uber del delito en cuestión, al momento de emitir su fallo también le corrigió la plana a la FGE pues señaló que era imposible acreditar que éste obedecía a un caso de feminicidio, por lo que en plena audiencia hizo una reclasificación para calificar el hecho como homicidio calificado.

En la audiencia, el juez se dirigió a la madre de la víctima, a quien le indicó que “no todos los asesinatos de mujeres pueden ser considerados como feminicidios”, por lo que hacía la reclasificación para que el caso de su hija no quedara impune.

Cohecho, el nuevo “chaleco” de la FGE

En los últimos meses, el número de carpetas de investigación iniciadas por cohecho ha ido en aumento, pues éste se ha convertido en el delito predilecto de la FGE para acusar y mantener bajo proceso a presuntos criminales acusados de hechos más graves como homicidios.

Uno de los casos recientes es el de Mara Fernanda Castillo Miranda. El presunto feminicida resultó un chofer de Cabify que fue acusado de privación ilegal de la libertad, y hasta 18 días después de que la FGE halló el cadáver se realizó la audiencia donde se le imputó el cargo por feminicidio a Ricardo Alexis D.

En el último mes destaca el caso del presunto homicida de un automovilista en San Antonio Abad, el cual fue detenido y acusado de cohecho, pero a las afueras de su audiencia fue reaprehendido y acusado, ahora sí, por el delito de homicidio, dándole un par de días más al MP para integrar la carpeta.

Lo mismo ocurrió con un de los presuntos autores intelectuales del doble homicidio del restaurante Remolqueland en Huexotitla, el cual para ser detenido tuvo que ser acusado de cohecho y posesión de pornografía infantil. Tras ser vinculado por ambos cargos, una semana después se inició finalmente el proceso por homicidio.

Uno de los primeros casos bajo esta mecánica fue la de Carlos Alberto R., alias El Ito, quien fue detenido por el asalto a un microbús de la Ruta 19 en octubre del 2016 en donde junto con otros hombres mataron a un pasajero por resistirse al atraco.

Sin embargo, tras su aprehensión la FGE solo lo acusó por el delito de ataques peligrosos en un hecho completamente distinto al del asesinato del pasajero, y pasó más de un mes hasta que, en diciembre, la autoridad ministerial finalmente concluyó la carpeta de investigación por homicidio e iniciar así el proceso en contra de El Ito y otra persona identificada como El Carihuevo.

Se quedan cortos en pruebas contra ex funcionario

Apenas el domingo el ex encargado de la Bóveda de Indicios y Bienes Asegurados de la Fiscalía General del Estado (FGE), Nahur Hernández Santaella, fue vinculado a proceso por un juez de control acusado del delito de peculado, luego de que se acreditó que existen elementos para suponer que sustrajo dinero a resguardo de la dependencia.

Sin embargo, de los casi 5 millones por los que la FGE pretendía acusarlo de peculado, el juez de control sólo pudo tomar por válido el robo de 2 millones 106 mil pesos, ya que el agente del Ministerio Público no ofreció los datos de prueba para acreditar la sustracción de los cerca de 3 millones restantes, derivado de un desconocimiento de las reglas del sistema penal acusatorio, según lo señaló el juzgador.