En el robo de combustible a ductos de Pemex, en el Triángulo Rojo en Puebla no está una empresa pequeña, es una mafia que alcanza las estructuras más amplias y sostenidas, haciendo cada vez más difusa la línea que separa al “crimen organizado” del “crimen autorizado”.

Dijo lo anterior el sacerdote  Alejandro Solalinde quien junto con el obispo de Saltillo, Raúl Vera, en rueda de prensa en el Mercado Hidalgo, bastión de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”, antes de la presentación del libro “Juicio al Estado Mexicano por la violencia estructural causada por el libre comercio.Audiencia Final del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos: libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos”

“El huachicol no es un grupo aislado, ni una banda organizada local, allá perdida en una zona rural. Se trata de una mafia que es parte de una economía criminal que vivimos, una estructura sostenida con la complicidad de autoridades, incluso con amparo legal.  Se trata de la parte más sucia de la porquería que se está haciendo con los energético”, dijo el obispo Vera.

Acusaron que este fenómeno convoca a “todo tipo de gente con poder” y lo compararon con “los negocios” que se hacen con indocumentados en tránsito por el país, en su camino a Estados Unidos, por el Instituto Nacional de Migración (INM) cuya corrupción y relación con organizaciones criminales “nos dejaría con la boca abierta”.

“Eso ya no tiene remedio, está podrido de arriba para abajo”, sostuvo Solalinde quien no descartó que los fondos del huachicol tengan como destino las elecciones del 2018.

“Un problema serio, como poliedro, un cuerpo de muchas caras, cómo sacar dinero para los fines de un estado mafioso que tenemos”, dijo.

Puebla, un estado injusto e insultante

En un mini-foro previo a la ronda de preguntas, tanto los sacerdotes  como el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México y fundador de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), Andrés Barreda,  Puebla fue descrito como el estado más sanguinario y represivo del país, con una de las ciudades mayormente polarizadas económicamente, lo que la hace una de las más injustas e insultantes.

Solalinde, Vera y Barreda, sostuvieron que en Puebla, a tono con lo que ocurre en el país, el despojo es el fenómeno que cruza al territorio nacional, dando sentido a leyes que se aprueban en el Poder Legislativo y cuya resistencia en el país le ha convertido en “un gran cementerio clandestino”.

Barreda precisó que la destrucción ambiental es la dinámica del despojo, haciendo a las sierras poblanas, ríos y carreteras la muestra clara y cotidiana.

El académico denunció la omisión de los gobiernos ante  la contaminación mortal del Río Atoyac, cuyas muertes infantiles por padecimientos renales e incluso cánceres se pueden documentar en su ribera.

Aseguró que el estado ha puesto su interés y su política pública a favor de empresarios convirtiendo al estado en un “paraiso industrial”.

“Aquí se gobierna para  los industriales, el eje de la Volkswagen, para sus consumidores y sus productores a quienes se dedica, además del agua, una planeación urbana con todo y  malls o “corredores para los ricos”, es decir “para quienes venden con el dedo en el mapa”

Los sacerdotes llamaron al arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinoza, a hacer la iglesia activa con los pobres, que se aleje del papel de funcionario del estado Vaticano y discierna si es súbdito o un actor que llame a la justicia social y profetice la palabra de Dios.

Los sacerdotes como el académico y representantes de una veintena de organizaciones manifestaron solidaridad con la UPVA “28 de Octubre”, demandaron la libertad de los cinco presos políticos Rubén Sarabia Reyna, sus hijos Alt y Xihuel, Fernando Alonso y José Muñoz Villegas y el cese de la persecución de 4 integrantes, con los que la organización –dijeron - ha pagado su declaración de independencia.

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