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Protege Gali a edil de Jolalpan acusan desalojados del plantón

  • María Pineda
Vecinos de Jolalpan señalan que no están cerrados a dialogar con las autoridades estatales pero en las próximas horas decidirán qué acciones llevarán a cabo
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El desalojo que elementos de la policía estatal realizaron en contra de habitantes de Jolalpan mostró que el gobierno de Antonio Gali Fayad es represor y protege al alcalde Antonio Javana García, acusado de desvío de recursos, afirmó  Ramiro León Flores, representante de los afectados.

Tras retirar el campamento que habitantes del municipio de Jolalpan mantuvieron por 69 días afuera de la sede del legislativo, León Flores advirtió que no cederán en la exigencia de destituir a Javana García.

En rueda de prensa, León Flores expuso que para evitar agresiones por parte de la policía estatal, los 20 ciudadanos que montaron la guardia en el plantón decidieron retirarse y permitir que los elementos de seguridad resguardaran la entrada principal del Congreso.

Señaló que no están cerrados a dialogar con las autoridades estatales, pero que la exigencia es la salida de Javana García como presidente municipal, de quien recordó, no comprobó el uso de 49 millones de pesos ante la Auditoría Superior del Estado.

Apuntó que en próximas horas decidirán qué acciones llevarán a cabo, debido a que tendrá que hacer una asamblea con los ciudadanos del municipio localizado en la Mixteca, y de esta manera determinarán en dónde mantendrán su plantón.

De la posibilidad de que el Congreso del Estado designe a un concejo municipal, León Flores afirmó que los legisladores deben seguir con un procedimiento, para lo cual es necesario que se considere a los regidores que denunciaron los abusos de Javana García.

El 1 de marzo los habitantes de Jolalpan instalaron un platón frente al Congreso del Estado, con la demanda para destituir a Antonio Javana García, quien en las negociaciones que se dieron entre los afectados y representantes de la Secretaría General de Gobierno (SGG) y diputados, propuso el pago de los salarios para los regidores y personal despedido a cambio de validar las actas de las sesiones de cabildo, propuesta que fue rechazada por los manifestantes.

Durante la madrugada de este lunes, policías estatales liberaron la entrada a la sede del legislativo.

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