El combate a la impunidad en Puebla quedó sólo en el discurso pues la entidad carece de una estrategia para atacar ese problema, según revela un informe de la Fundación Impunidad Cero.

El estudio, encabezado por Federico Reyes Heroles, quien a su vez forma parte de la agrupación civil Transparencia Mexicana, devela que la palabra “impunidad” quedó plasmada en el Plan Estatal de Desarrollo de la administración estatal actual, pero únicamente como parte de un diagnóstico y no de un problema a combatir.

El análisis denominado como “Estudio sobre la disponibilidad presupuestal para el combate a la impunidad”, identificó una estrategia para combatir los delitos que quedan sin castigo únicamente en ocho de las 32 entidades del país: Nuevo León, Tabasco,Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Hidalgo, San Luis Potosí y Durango.

En cambio, Yucatán y Zacatecas no hacen alguna mención del tema en sus estrategias de gobierno.

Aunque ocho entidades sí tomaron en cuenta el tema de impunidad en sus políticas públicas, no existe ningún caso en el país en el que se establezca un presupuesto para ese rubro.

Arturo Ramírez, quien es responsable de la investigación, lamentó la situación que se identificó en las entidades del país, pues la última edición del Índice de Impunidad que realiza la Universidad de las Américas (Udlap) arrojó que en México el 95 por ciento de los delitos queda impune.

Queda sólo en mención el combate a la impunidad en Puebla

En el caso de Puebla, el análisis identificó que la palabra “impunidad” –entendida como el hecho de que un delito quede sin castigo para el infractor y sin compensación para la víctima–, se menciona en la plataforma de gobierno de la administración estatal actual pero únicamente como parte de un diagnóstico, es decir, no se perfila alguna estrategia para erradicar el problema. La misma situación ocurre en Colima, Nayarit y Quintana Roo.

Por ende, no se identificó alguna partida presupuestal etiquetada a la solución de esa problemática en una revisión que se realizó a las cuentas públicas de los periodos de 2006 a 2014.

Durante campaña, el gobernador Rafael Moreno Valle prometió sancionar a funcionarios de la anterior administración estatal a cargo de Mario Marín Torres, ante los señalamientos de corrupción que hubo en contra de éstos.

Hasta abril pasado la Contraloría había emitido una veintena de sanciones administrativas en contar de integrantes del anterior gobierno, pero sólo tres fueron correspondieron a funcionarios de primer nivel, y de éstas, únicamente una derivó en encarcelamiento.

El único funcionario marinista que pisó la cárcel fue Alfredo Arango García, quien se desempeñó como secretario de Salud, pues purgó una sanción penal por enriquecimiento ilícito de más de 54 millones de pesos. El ex funcionario quedó en libertad en diciembre de 2013, tras pagar una multa de un millón y medio de pesos por una pena conmutable de cuatro años en prisión.

En julio pasado, el Congreso estableció una inhabilitación por 12 años en contra de Arango, así como una multa por 19 mil 976 millones de pesos, sanción que el afectado ya impugnó.

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