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Les aumentan tarifa de agua de 2 mil a 23 mil pesos y les cortan el drenaje

  • Kara Castillo
Familia de la colonia San Pedro explica que el aumento es injusto y además no puede solventarlo; temen por su salud por no contar con servicio de drenaje
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Con el corte a la conexión de drenaje, Concesiones Integrales o Agua de Puebla, quiere obligar a una la familia a pagar un presunto adeudo de 23 mil pesos, mismo que el corporativo se ha negado a aclara

Martha Bautista y Gerardo García ya habían sufrido el corte del agua por la empresa, luego de que emprendieran un proceso legal contra el aumento de su tarifa, que era de 2 mil pesos y que pasó a 23 mil  con la llegada de Agua de Puebla.

Ayer, Concesiones Integrales redobló la medida de presión contra la familia y una cuadrilla de operadores comenzó trabajos frente al domicilio en la calle Adolfo Ruíz Cortinez de la colonia San Pedro, para que no hubiera posibilidades de conexión con el drenaje urbano sin que medie orden de la concesionaria.

Martha aseguró a este diario que hasta la fecha Agua de Puebla no ha podido aclarar por qué creció su adeudo a más de 20 mil pesos cuando no hay actividad comercial ni tampoco se cuenta con más de tres habitaciones en su casa cuyo número de NIS es 2193147.

“Esto es de verdad un atropello. No tenemos dinero, no podría pagar esa tarifa cada año, este gobierno castiga a los pobres. Yo no sé quién pueda vivir sin drenaje, es un hedor que no soportamos. Los niños están en riesgo, enfermaremos..”, dijo Martha a este medio.

Aseguró que la situación también es compartida por los vecinos que pese a vivir en una de las zonas más castigadas de la ciudad, sufrieron aumentos similares desde que entró en funciones el consorcio empresarial Concesiones Integrales SA de CV, compuesto por las empresas Agua de México, Epcor y Ticsa, que han desencadenado la clausura de tomas de agua mes con mes a la colonia.

La Asamblea Social del Agua (ASA) acompaña legalmente la lucha de esta familia y ha condenado la situación repudiando la medida que además es ilegal.

El ASA sostiene que el consorcio pagó al gobierno del estado una contraprestación de mil 400 millones de pesos por el contrato para operar el servicio de agua potable y alcantarillado, además de la cobranza a los usuarios, por un lapso de 30 años.

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