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Cuesta corrupción 15% del PIB en México: UDLAP

  • Jaime Zambrano
El estudio revela que México ocupa el penúltimo lugar de en el Índice Global de Impunidad compuesto por 59 naciones analizadas
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En México, la corrupción cuesta 15 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con la Primera Edición del Índice Global de Impunidad presentado en la ciudad de México por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia.

El estudio revela que México ocupa el penúltimo lugar de en el Índice Global de Impunidad  compuesto por 59 naciones analizadas.

Además, el documento indica que 46 por ciento de los reclusos carecen de sentencias y falta un mayor número de jueces, ya que sólo hay cuatro por cada 100 mil habitantes.

Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), criticó que la corrupción alcance un 15 por ciento del PIB.

“Desde nuestro punto de vista, si se empezará a atacar la impunidad en sus fundamentos, se traducirá en una disminución de la corrupción. Este factor cuesta entre el 10 y el 15 por ciento del PIB. Si se resuelve la mitad del tema de corrupción, tendríamos una reducción de 7.5 por ciento del costo”, resaltó.

En el estudio se resalta que pese a los esfuerzos por incrementar el número de cuerpos policiacos como medida para combatir la inseguridad y la impunidad, no se alcanzan los resultados esperados. México cuenta con 355 policías por cada 100 mil habitantes, sin embargo, los problemas de inseguridad se mantienen.

“Si tú tienes policías que se fatigan, si tú tienes policías que se la pasan teniendo 24 horas de desarrollo personal dentro de una patrulla, vas a tener policías fatigados, vas a tener policías que violan los derechos humanos y que no llenan bien una denuncia, eso va a generar impunidad”, detalló el rector de la UDLAP.

La investigación agrega que para poder impartir justicia de manera eficiente, es necesario contar con 17 jueces por cada 100 mil habitantes, mientras que en México se alcanza la cifra de cuanto por cada 100 mil habitantes.

El estudio resalta la necesidad de atender dos dimensiones prioritarias: la funcionalidad de su sistema judicial y la estructura de su sistema de justicia.

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