La dispensa de áreas de donación, entrega irregular de permisos para fraccionamientos y condominios, contratación de personal sin el perfil adecuado y probable daño patrimonial al ayuntamiento de San Andrés Cholula, documentó la Contraloría de este municipio en contra del ex secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, José Felipe Velázquez Gutiérrez, en el trienio de David Cuautli Jiménez.

De acuerdo con el expediente de determinación de responsabilidades administrativas 05/2011, se indica que entre 2010 y 2011 el funcionario expidió 65 licencias de anuncios y espectaculares sin que cumplieran con requisitos como estudio de mecánica de uso de suelo, dictamen de protección civil, licencia de obra menor, análisis estructural, alineamiento, fotografías correspondiente al predio, entre otros.

Por este caso, la Contraloría municipal inhabilitó al funcionario por 12 años y le impuso una sanción por 4 millones 45 mil pesos el 14 de febrero del 2014, sin embargo un amparo dejó sin efectos la decisión del ayuntamiento.

Dispensan áreas de donación sin aval de Cabildo

Según el expediente, Felipe Velázquez y Juan Carlos Olmedo Molina, quien fungía como director de Planeación y Ecología, suscribieron convenios de pago por áreas de donación, derechos de conexión y descarga de agua potable en el fraccionamiento Palma Sola, ubicado en camino a Morillotla 2999, en la Ex Hacienda Morillotla, aunque carecían de facultades para ello, ya que debió someterse a la decisión de cabildo.

Asimismo, firmaron un acuerdo de pago correspondiente al área de donación del Fraccionamiento Horizontal denominado Rinconada Santa Fe, ubicado en Camino a Santa Clara 44, Colonia Emiliano Zapata, a cargo de la empresa RSF Bienes Inmuebles S.A. de C.V.

Caso similar ocurrió con los permisos del Fraccionamiento Felicidad, ubicado en Calle Zacatlán 1302, en la junta auxiliar de San Francisco Acatepec, con la persona moral FAM Consultoría Servicios y Sistemas Ambientales S.A. de C.V.

Ahí se perforó un pozo del que no se detallan costos, aunado a que las facultades en términos de agua potable, saneamiento y aguas residuales es competencia exclusiva del Sistema Operador.

Entre las irregularidades asentadas en el documento, atribuidas a Velázquez Gutiérrez, destaca la "simulación de fraccionamiento" para La Concepción Buena Vista, ubicado en Calzada Zavaleta 1201, en la Ex Hacienda Concepción Buenavista.

Se indica que se “subdividió” un predio ubicado en la 3a. Calle Sur No. 22 para relevar a la propietaria, Cianca del Corral de Prieto María Teresa, de las obligaciones por la creación de un fraccionamiento, sin embargo el desarrollo rebasó el máximo legal de subdivisiones permitidas que es de 10.

Así, fueron creadas las fracciones 10-A, 11 y 12 del conjunto habitacional.

De acuerdo con el artículo 24 de la Ley de Fraccionamiento y Acciones Urbanísticas del estado de Puebla, "se considerará como fraccionamiento el acto jurídico de segregación de un solo predio que realice el propietario de este o su representante legal, cuando de dicha segregación resulten más de diez lotes o edificaciones".

Además se pasó por alto la identificación de la propiedad, toda vez que los datos se encuentran asentados incorrectamente, pues de acuerdo con el análisis de la escritura realizado por la Contraloría no existe ningún inmueble a nombre de Cianca del Corral de Prieto María Teresa con las medidas y colindancias que se mencionan.

No obstante, los permisos fueron expedidos por el ex funcionario, al igual que el ex director de Planeación y Ecología.

Daño patrimonial

La Contraloría municipal, entonces a cargo Beatriz Solís Toxqui, solicitó explicación por parte de Felipe Velázquez Gutiérrez y su subordinado Juan Carlos Olmedo Molina acerca de la licencia de construcción del fraccionamiento Rancho San Miguel, la cual fue expedida sin contar con áreas de donación, ni resolutivo de impacto ambiental, causando daño al erario público municipal no especificado.

La intervención de los funcionarios se presentó también para la construcción de la plaza Comercial Rancho San Miguel, sin que ésta tuviera el equipamiento de la plaza comercial ni resolutivo de impacto ambiental, además de ser un uso de suelo prohibido en la tabla de compatibilidad. Allí, también se habría cometido daño patrimonial al pasar por alto las áreas de donación obligatorias.

Ambos personajes son señalados por otorgar licencias de construcción a los fraccionamientos El Deseo, Torres El Deseo, Real Santa Clara, Casa Viva 828, Vista Azul, Departamentos Zapata, Terrazas de Angelópolis, Vista Premier, Rinconada Santa Fe, Palermo, Cluster del Ángel, Lofts Jardines del Roble y Pabellón de la Concepción, entre otros, sin contar con requisitos como factibilidad de agua potable, drenaje sanitario, energía eléctrica, impacto ambiental, áreas para donación de terrenos, e incluso sin especificar terminación de obra e ignorando garantías de vicios ocultos en los inmuebles.

Destacan las irregularidades presentadas en el otorgamiento de tres licencias para la construcción de la 1a. Torre Residencial Angelópolis, ubicada en calle Algol No. 201 de la Reserva Territorial Atlixcáyotl, sin contar con licencia de fraccionamiento y áreas de donación. La primera licencia fue expedida a Desarrolladora de Espacios IMJC S.A. de C.V. y las otras dos a nombre de Suárez Matías Rubero Galileo.

De igual forma fue entregada una serie de permisos de obra a empresas y particulares, presentando las mismas irregularidades en detrimento del municipio y a favor de AL-JO Imagen S.A. de C.V., Carlos Alberto Rugarcía Caballero, Omar Abaid Kuri, e  Integradora Empresarial Poblana S.A. de C.V., por mencionar algunos.

Usurpación de funciones y recursos sin comprobar

Durante el tiempo que ejerció sus funciones Felipe Velázquez, se refiere que otorgó licencias de construcción y uso de suelo a personas físicas y morales, cuando éstas eran responsabilidad de la Dirección de Desarrollo Urbano, a cargo de Vicente Soto Flores.

Entre los beneficiados se encuentran Grupo Alde de Puebla S.A. de C.V., que recibió licencia de construcción con uso de suelo, cuando debió haber emitido licencia de uso de suelo por cada casa habitación, causando daño al erario.

A construcciones AVP S.A. De C.V. le expidió una prórroga de licencia, sin tener antecedentes de la anterior licencia.

El expediente documenta también que Juan Carlos Olmedo Molina tramitó en su área distintas licencias de obra mayor, alineamiento y número oficial, uso de suelo, prórrogas de terminación de obra, cuando no le competía a su cargo.

Por si fuera poco, el expediente detalla que Felipe Velázquez no entregó el expediente relativo a la perforación del pozo profundo para agua potable ubicado en Camino a Morillotla del proyecto PRODDER, en el cual se gastaron 450 mil pesos, sin embargo faltan 239 mil 599 pesos por comprobar.

Tampoco entregó a la administración 2011-2014 el expediente relativo al programa federal de asignación de recursos denominado Saneamiento de Aguas Residuales (Prosanear), donde se ejerció la cantidad 473 mil 397 pesos, por lo que no existe comprobación de los mismos.

Coloca inexpertos en áreas claves

En su carácter de secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Felipe Velázquez Gutiérrez otorgó una serie de cargos públicos a arquitectos e ingenieros que carecían de la experiencia requerida para desempeñar sus funciones e incluso él mismo recibió una responsabilidad como corresponsable, sin acreditar los requisitos.

El expediente de determinación de responsabilidades administrativas 05/2011 detalla que entregó carnet de director responsable de obra a Agustín Eulalio Cruz Cielo y a Juan Carlos Olmedo Molina, con la falta de requisitos como copia de título, cédula y curso de directores responsables de obra.

Asimismo recibió el carnet de director responsable de obra por parte de Vicente Soto Flores, sin presentar copia de título, cédula, curso de directores responsables de obra y colegio, violentando el artículo 8 fracción III y IV del Reglamento de Construcciones para el Municipio de San Andrés Cholula. A su vez otorgó carnet de corresponsable y director de obra a Vicente Soto Flores, con las mismas irregularidades.

En otros encargos repartidos aparecen los nombres de Guadalupe Rosas Crespo, José Carmelo Mario Morales Flores, Francisco Javier Martínez y Cordero, Consuelo Jesika Jalpa Rivera, Héctor Cuazitl Cuautle, Pedro Tenahua Rueda y Víctor Meneses Campos.

Por estas irregularidades la Contraloría municipal decidió inhabilitarlo por 12 años y le impuso una sanción por 4 millones 45 mil pesos, según el oficio del 14 de febrero del 2014, aunque el expediente no fue respaldado por la Contraloría Estatal ante un amparo tramitado por el ex funcionario y autorizado el pasado 27 de febrero que dejó sin efectos la decisión del ayuntamiento, sin que hasta el momento exista algún informe por parte de la actual administración encabezada por Leoncio Paisano Árias.