Cobros arbitrarios y elevados que han derivado en la escasez de agua potable para la población de escasos recursos, tarifas inequitativas para zonas residenciales y colonias populares, así como opacidad en el manejo financiero del suministro del líquido, han sido las consecuencias de la privatización de ese servicio en la ciudad de Saltillo, Coahuila, advirtieron ciudadanos de esa urbe, quienes alertaron que tal situación podría presentarse en Puebla.

La “Asociación de Usuarios de Aguas de Saltillo A.C.” (AUAS) que tiene 11 años buscando la remunicipalización el servicio de agua potable en su ciudad, recomendó a los poblanos recurrir a la movilización social para evitar que el suministro del vital líquido se concesione a una empresa particular.

En el mes de septiembre pasado la mayoría de los diputados locales aprobaron permitir el ingreso de capital privado en el manejo financiero y técnico de los 25 sistemas operadores de agua potable que hay en igual número de municipios de la entidad. Hasta ahora únicamente el Cabildo de Puebla ha confirmado la concesión de su sistema –Soapap–.

Se prevé que en los próximos días el gobierno del estado de a conocer el nombre de la empresa que ganó el concurso de licitación que hasta ahora lleva a cabo para otorgar la concesión del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (Soapap).

Las firmas que podrían participar en el concurso en Puebla son “Empresas Públicas de Medellín” o a “Aguas de Barcelona”, a través de alguna filial.

Empresas vulneran ley de concesión del servicio de agua

Rodolfo Garza Gutiérrez, quien es representante de AUAS, refirió que desde que ganó la concesión del servicio de agua potable en el 2011, la empresa “Aguas de Saltillo” se ha caracterizado por violar las disposiciones establecidas en la ley del estado de Coahuila referente al suministro del vital líquido.

Una de las anomalías consiste en establecer, de manera arbitraria, altas tarifas para el cobro del agua potable, a través de acuerdos de Cabildo que violan la disposición inicial para regular los costos. El año pasado ese cuerpo colegiado –de mayoría priísta– aprobó un aumento del 44 por ciento  al costo de conexión del servicio, abundó Garza.

Inicialmente se estableció que las tarifas deberían estar reguladas de acuerdo con lo que estableciera el Índice de Precios al Consumidor, sin embargo la empresa no respeta la disposición y realiza aumentos mensuales del dos por ciento. Actualmente el costo promedio es de 43 pesos por mes.

Es necesario recordar que en Puebla, recientemente los legisladores dieron marcha atrás a la reforma que permitía a la empresa concesionaria regular las tarifas, para que esa facultad regresara al Poder Legislativo tal y como la Ley de Agua marcaba con anterioridad.

Otra de las anomalías consiste en el incremento de la reconexión del servicio cuando este es cortado por falta de pago, pues aunque el Cabildo de esa ciudad estableció un costo de 225 pesos, “Aguas de Saltillo” cobra 475 pesos, cantidad elevada y difícil de pagar para los sectores más desprotegidos.

Establecen tarifas inequitativas

El activista ahondó que otro aspecto irregular en la privatización del agua, es que en Saltillo –por ejemplo–, la empresa puede definir las tarifas tanto para las zonas residenciales de la metrópoli como para las colonias más desfavorecidas, acción que ha realizado sin ningún criterio objetivo de por medio.

Así, lotes de reciente creación y con casas en obra negra, tienen la misma tarifa en el cobro del servicio que las colonias de mayor plusvalía.

Concesiones minan el derecho al agua para la población en pobreza

Lo anterior ha derivado en el menoscabo del derecho humano al agua, establecido en la Constitución, pues quienes carecen de recursos económicos y no pueden pagar las cuotas mensuales del servicio, dejan de recibirlo y a pesar de que también se ven incapacitados para pagar la reconexión la cual cuesta 470 pesos.

Garza criticó tal situación, pues la gravedad de la misma radica en dejar sin el vital líquido a la población que más carencias tiene, caso que podría presentarse en la Angelópolis que tiene altos niveles de marginación.

“Cuando la gente no paga es porque no tiene dinero, son pobres y simplemente les cortan el agua, y es la población que más sufre. Ese es el peligro de poner en manos privadas el servicio”, narró.

Ante los escasos caminos jurídicos, queda la presión social

Rodolfo Garza contó que la lucha de la asociación que representa para remunicipalizar el servicio de agua potable en Saltillo, a lo largo de casi 11 años, no ha rendido frutos jurídicos, por lo que recomendó a la ciudadanía poblana a realizar movilizaciones para impedir que la concesión del líquido continúe y evitar las irregularidades mencionadas.

Explicó que en la ciudad norteña los abogados no desean enfrentarse contra las autoridades estatales o municipales, mientras que los honorarios de los mismos son sumamente elevados que son incosteables para la asociación.

Por lo anterior, recurrieron al Tribunal Permanente de los Pueblos, el cual falló a favor de la AUAS, sin embargo, a pesar de que esa instancia es un organismo internacional, sus fallos son de carácter ético y moral, por lo que han sido ignorados por las autoridades municipales y estatales.

La tendencia es remunicipalizar el servicio de agua potable

El representante de AUAS consideró que la ante los inconvenientes que trajo consigo la concesión del servicio del agua potable en Saltillo y recientemente en Ramos Arizpe, que es una ciudad conurbada a la primera, la opción más viable para mejorar el suministro es buscar asociaciones con organismos exitosos.

Citó como ejemplo a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, cuyo organismo operador de agua potable es uno de los más exitosos del país, cuya experiencia ha sido retomada por otras urbes, para evitar concesionar el servicio.

Agregó que aunque en Saltillo la distribución del agua es eficiente, las violaciones en el cobro del servicio hacen que la concesión del mismo por un particular no sea una opción viable de desarrollo para la ciudadanía.

Comentó que contrario a la privatización, la tendencia a nivel mundial es de remunicipalizar los sistemas que han sido privatizados, pues los particulares “convierten el agua en mercancía”.

En la ciudad de Saltillo la empresa que actualmente tiene a su cargo la concesión del suministro de agua potable se denomina como “Aguas de Saltillo”, la cual surge de la asociación entre “INTERAGBAR de México”, que es una empresa filial de “Aguas de Barcelona” y el sistema operador de la ciudad norteña.