Los cuatro diputados del PRI que votaron a favor de los nuevos límites entre Puebla y San Andrés Cholula tendrán que aclarar ante el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) el sentido de su decisión, aseguró Ernesto Leyva Córdova, coordinador de la bancada en el Congreso local.

Aunque el líder de los legisladores enfatizó que el grupo legislativo no tiene fracturas, dejó en claro que Zenorina González Ortega,  Elvia Suárez Ramírez, Juan Manuel Jiménez García e Iván Conrado Camacho tenían conocimiento de que la mayoría de los diputados  votaría en contra del dictamen que presentó la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

En entrevista, Leyva Córdova indicó que previo a que iniciara la sesión ordinaria del viernes, platicó con sus correligionarios sobre la información con la que se contaba del dictamen, la cual sólo estaba contenida en cuatro hojas que le entregó Mario Riestra Piña, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

Aunque el priísta manifestó que cada uno de los diputados tiene el derecho de votar como mejor le “convenga y parezca”, sí advirtió que los legisladores tendrán que aclarar ante el CEN por qué decidieron apoyar un proyecto del cual no tenían conocimiento.

“Es un tema que ellos tendrán que responder, nosotros pasamos la información en el sentido de cómo iba nuestra  votación por la forma en la que se estuvo manejando este dictamen (…)  ellos tiene la libertad de emitir su voto como les convenga y parezca, (…) es un tema que le compete al CEN”, subrayó Leyva Córdova.

Durante la sesión ordinaria, los diputados Lauro Sánchez López y Edgar Salomón Escorza criticaron la manera en la que se validaría el nuevo decreto de límites, y anunciaron que la fracción tricolor votaría en contra, no obstante al momento de la votación, cuatro de sus compañeros respaldaron el dictamen que presentó la panista Josefina Buxadé Castelán.

Esta es la segunda ocasión en la que la bancada del PRI tiene voto divido en proyectos que cuentan con todo el respaldo de los diputados del bloque aliancista (PAN, PRD, MC, Nueva Alianza), así como de los representantes del Partido del Trabajo (PT) y del PVEM.

Además de votar a favor de la actualización del decreto de 1962, Zenorina González Ortega, Elvia Suárez Ramírez, Juan Manuel Jiménez García e Iván Conrado Camacho, también apoyaron la privatización de los 25 Sistemas Operadores de Agua Potable y Alcantarillado (Soapas) y que 17 municipios comprometan recursos federales para celebrar contratos de PPS para la renovación del alumbrado público.

Aunque el 13 de octubre los cuatro diputados anunciaron su separación de la bancada, nunca formalizaron ante la Junta de Gobierno y Coordinación Política su intención de declararse como legisladores independientes.

Incluso, dos semanas más tarde de anunciar su salida de la fracción priísta, González Ortega, Suárez Ramírez, Jiménez García y Conrado Camacho aclararon que su decisión se debió a una inconformidad con Pablo Fernández del Campo, líder estatal del partido, pero afirmaron que su intención no era renunciar a su militancia en el tricolor, por lo que, manifestaron, continuarían dentro de la bancada.