• Sociedad

Aún permanecen en prisión 14 opositores al gobierno estatal

  • Samantha Páez
Una más está en arraigo domiciliario y otras ocho están libres bajo caución
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De las 151 personas que acusaron su detención por motivos políticos durante la presente administración de gobierno, 14 permanecen en prisión, una está con arraigo domiciliario y otras ocho tienen procesos abiertos pero están libres bajo caución. 

A los detenidos se les han solicitado fianzas de 7 mil hasta 300 mil pesos. Los recursos para lograr su liberación o que se les conceda un amparo alcanzarían los 7 millones 174 mil 400 pesos.

Este lunes por la noche salieron del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Pedro Cholula Adán y Paul Xicale, integrantes de la organización Cholula Viva y Digna, que se oponen a la construcción del Parque Intermunicipal en las inmediaciones de la pirámide prehispánica.

Para obtener su libertad los activistas cholultecas tuvieron que pagar una fianza de 25 mil pesos cada uno, ya que les quedan vigentes los delitos de motín y daños a la presidencia.

Continúan en prisión 14

Con la salida ayer de Adán y Paul Xicale, quedan en prisión 14 personas por oponerse a la reforma a la Ley Orgánica Municipal, que quitó atribuciones a las juntas auxiliares; por el conflicto en Chalchihuapan, y por conducir mototaxis después de que se prohibió su circulación.

También existen presos por oponerse a la operación de la línea 2 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA)dirigir a comerciantes ambulantes contra las políticas del gobierno y solicitar la renuncia del edil de Felipe Ángeles.

José Alfredo Roberto Sierra Rosete, uno de los principales concesionarios de las rutas Galgos del Sur y Agua Azul-Mayorazgo, logró el beneficio del arraigo domiciliario debido a que tiene 81 años de edad y su salud se vería comprometida en caso de permanecer en prisión.

Según el artículo 111 bis del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, a "personas mayores de setenta años o de precario estado de salud permanente, el Juez podrá ordenar que la prisión preventiva se lleve a cabo en el domicilio del indiciado o procesado, bajo las medidas de seguridad que procedan”.

Otros ocho presos pasarán su proceso jurídico en libertad, dado que los delitos que se les imputan no son graves, tal es el caso de los docentes acusados de ataques a las vías de comunicación por una marcha en contra de la Reforma Educativa y los mismos Xicale.

Presos de conciencia

De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos del Consejo de Europa se considera “preso político” a las personas detenidas por el ejercicio de ciertos derechos relacionados con la participación política, como la libertad de expresión, la libertad de reunión y asociación, de pensamiento, de conciencia y de religión, y si la detención es motivada únicamente por razones políticas sin ninguna relación con un delito.

Actualmente el Comité por la Libertad de los Presos Políticos y Cese a la Represión Social reconoce la existencia de 250 presos políticos, sin embargo en una investigación realizada por e-consulta se tienen datos de 151 detenidos por oponerse a acciones del gobierno estatal.

Con esa cifra, el actual gobierno estatal duplicaría el número de presos políticos durante el sexenio de Mario Marín Torres, pues el Nodo de Derechos Humanos (Nodho) contabilizó a 78 personas encarceladas por su participación en luchas sociales durante la administración estatal anterior.

Exigen fianzas millonarias

la mayoría de los detenidos se les han solicitado fianzas que van de los 7 mil a los 300 mil pesos, para lograr su liberación o que se les conceda un amparo.

De tal forma que el monto requerido en suma es 7 millones 174 mil 400 pesos, aunque en el caso de los siete estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) detenidos el 5 de julio, a quienes se les pidieron 77 mil 500 pesos a cada uno, no pagaron la fianza para acceder a un amparo.

A los mototaxistas detenidos en Xoxtla y Coronango, por la supuesta quema de patrullas durante un operativo para su retiro, se les fijó la fianza más alta, de 300 mil pesos. También a los pobladores de Cacalotepec, que protestaron contra la línea 1 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), se les fijó una fianza de 170 mil pesos. 

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