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Demandan garantías para defensores de derechos humanos, detenidos

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Cristóbal Sánchez e Irineo Mujica están acusados de tráfico de personas
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La Ibero Puebla, entre otras instituciones, grupos defensores de derechos humanos y personas en lo individual dieron a conocer un posicionamiento respecto del caso de los defensores de derechos humanos Cristóbal Sánchez e Irineo Mujica, para quienes demandan respeto a sus derechos humanos y a sus garantías individuales

Los firmantes del pronunciamiento escriben:

“Exigimos se garantice el debido proceso, la presunción de inocencia y que el juicio se lleve a cabo con respeto a los derechos humanos y con todas las garantías procesales.

Manifestamos nuestra profunda preocupación por el avance de la agenda de militarización en la frontera sur y de criminalización de las personas migrantes y de quienes les defienden y acompañan.

El 5 de junio de 2019, en el contexto de las negociaciones políticas y comerciales entre Estados Unidos y México, fueron detenidos de manera arbitraria Cristóbal Sánchez e Irineo Mujica, en Ciudad de México y Sonora, respectivamente. Ambos son defensores de derechos humanos de personas migrantes y están siendo acusados de tráfico de personas

Cristóbal Sánchez es un defensor mexicano de derechos humanos que ha trabajado en temas migratorios durante los últimos 15 años. Fundó el Colectivo de Cultura Migrante y asiste a las caravanas brindando ayuda humanitaria. Ha colaborado con el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, así como realizando trabajo de campo para un proyecto de la Universidad de Columbia, Nueva York. Mientras que Irineo Mujica es miembro de Pueblo Sin Fronteras, organización que ha sido sistemáticamente criminalizada por su labor de acompañamiento a diferentes caravanas migrantes.

Posterior a la detención, Cristóbal Sánchez e Irineo Mujica fueron trasladados a Tapachula, Chiapas, donde este martes 12 de junio a las 8 am se llevará a cabo la audiencia de vinculación. En dicha audiencia, de comprobarse la no existencia pruebas idóneas y suficientes en contra de Cristóbal e Irineo por los delitos que injustamente se les imputan, el Juez debería dictar auto de libertad por falta de elementos. Exigimos a la Fiscalía General de la República que garantice un juicio justo, con atención al debido proceso y con respeto a los derechos humanos, respetando la presunción de inocencia ygarantizando que no se usarán las instituciones de procuración de justicia para fabricar pruebas y criminalizar a defensores.

La privación de la libertad de ambos defensores, representa una forma de criminalización contra las personas defensoras de derechos humanos de laspersonas migrantes, lo que atenta contra el derecho a defender derechos, resultando aún más preocupante en un contexto tan complejo como el que enfrenta la migración en el país.

Sumado a las detenciones de los defensores, nos preocupa que a partir de los recientes acuerdos alcanzados por el gobierno mexicano con Estados Unidos, se anunció el envío de elementos de la Guardia Nacional en todo el territorio, priorizando la Frontera Sur, con la

finalidad de “reducir la migración irregular”, avanzando así en una agenda de militarización en la frontera sur y de criminalización de las personas migrantes y de quienes les defienden y acompañan”.

Entre los firmantes del documento figuran, entre otros,  el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano: Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Centro de Derechos Humanos Tepeyac, Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, Formación y Capacitación (FOCA), Iniciativas para el Desarrollo Humano, Junax, Kaltsilaltik, RedJesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica, Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA, y Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes.

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