El decreto argumenta que los agentes viales no cumplían "con sus facultades y atribuciones con los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, objetividad y respeto a los derechos humanos"
Fueron cuatro elementos de Vialidad del Estado quienes le solicitaron 30 mil pesos para dejarlo libre, pues los oficiales aseguraron que su unidad era robada