La izquierda en América Latina ha perfeccionado un lenguaje que suena noble, como justicia social: primero los pobres, redistribución e igualdad. Palabras que suelen ser muy poderosas, pero el problema no está en lo que dicen, sino en lo que hacen.

Más allá de los discursos y las promesas, lo que se ha consolidado en los gobiernos de izquierda, es un modelo en donde las instituciones dejan de ser contrapesos y comienzan a convertirse en instrumentos de unos cuantos. Se debilitan organismos, se cuestiona la autonomía de quienes incomodan y, poco a poco, se normaliza la idea de que: todo aquello que estorba al poder debe desaparecer o someterse.

Porque si algo ha demostrado la historia reciente, es que los gobiernos de izquierda que llegan al poder prometiendo acabar con la desigualdad y la pobreza, terminan administrándola y, en algunos casos, aprovechándose de ella.

Ahí están los ejemplos: Hugo Chávez llegó al poder con un discurso contra la élite y terminó construyendo un sistema en donde el poder se concentró como nunca antes. Asimismo, Fidel Castro prometió igualdad y dejó una isla en donde el Estado controla todo, menos la pobreza. También, en Argentina, el péndulo del populismo ha sido constante: gobiernos que prometen justicia social mientras la inflación devora el ingreso de quienes dicen defender.

Y la historia se repite con matices, pero con el mismo fondo, siempre ocupando el discurso de austeridad para el pueblo y los privilegios para quienes gobiernan. Porque hay una constante que no falla, es decir, mientras más se habla de pobres, más crecen los ricos en el poder. Y es que el problema no es la izquierda como idea; es el uso del discurso social como herramienta política para justificar decisiones que, en los hechos, no mejoran la vida de la gente.

Porque prometer no empobrece a nadie. Pero gobernar mal, sí. Algunos de ellos murieron hiper millonarios saqueando a sus países mientras sus gobernados morían de hambre.

Y entonces llegamos a México, Andrés Manuel López Obrador construyó uno de los discursos más poderosos de los últimos años, que fue: combatir la corrupción, terminar con los privilegios y poner primero a los pobres. Un mensaje que conectó, movilizó y que ganó elecciones.

Pero seis años después, la pregunta no es si el discurso fue eficaz.

La pregunta es si la realidad lo respaldó, ya que mientras se hablaba de austeridad, se concentraron decisiones; mientras se criticaba el pasado, se repitieron y aumentaron prácticas, mientras se prometía transparencia, se reservaron proyectos, según por la "Seguridad Nacional”.

De acuerdo al discurso de AMLO, íbamos rumbo a tener un sistema de salud como el de Dinamarca. Lo curioso es que, en el camino, lo único que se nos parece a Dinamarca es la distancia. Nos prometieron hospitales como en Dinamarca; la realidad se parece más a un sistema que sobrevive con carencias, desabasto y esfuerzo del personal. Y es que Dinamarca quedó como gran referencia, pero de lo que no somos.

Y si alguien cree que esto es una exageración, basta con revisar los casos más recientes, el ejemplo más claro es el de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), creado supuestamente para ayudar a los más pobres y convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción del país durante su administración.

Bajo la dirección de Ignacio Ovalle Fernández, se documentaron irregularidades millonarias: contratos con empresas fantasma, pagos por productos que nunca llegaron y recursos cuyo destino simplemente no pudo ser comprobado. Las auditorías detectaron posibles desvíos que van desde 2,700 millones de pesos reconocidos oficialmente, hasta estimaciones que superan los 9,500 millones.

Es decir, el programa que debía combatir la pobreza, terminó envuelto en un esquema que debilitó justamente aquello que prometía fortalecer, y mientras eso ocurría, el discurso seguía intacto.

Y si alguien cree que se trata de hechos aislados, hay más ejemplos que confirman el patrón. Ahí está el caso de Cuauhtémoc Blanco, quien durante su gestión enfrentó múltiples señalamientos por presuntos actos de corrupción e incluso acusaciones de vínculos con el crimen organizado, además de observaciones por más de 3 mil millones de pesos en el ejercicio del gasto público estatal. Nada de eso derivó en consecuencias jurídicas. Hoy, lejos de enfrentar responsabilidades, llegó a una diputación federal plurinominal por Morena.

Pero el trato no solo alcanza a los propios. También beneficia a quienes, en el momento adecuado, deciden alinearse.

En Hidalgo, una investigación iniciada en 2022 por adjudicaciones directas a empresas fantasma por más de 422 millones de pesos apuntaba al entonces gobernador Omar Fayad y su gabinete. Sin embargo, tras su nombramiento como embajador en Noruega, el caso perdió fuerza y se diluyó.

Y no fue el único. Durante ese mismo periodo, al menos cinco exgobernadores fueron premiados con cargos diplomáticos.

El caso de Alejandro Murat tampoco pasa desapercibido. Dejó su administración con observaciones por más de 6 mil millones de pesos en el sector salud, según la Auditoría Superior de la Federación. Hoy es senador por Morena.

Las irregularidades no necesariamente terminan en sanción, a veces terminan en cargo público. Entonces la pregunta es inevitable:

¿La pobreza se combate o se administra políticamente? ¿La justicia social se construye o se utiliza como narrativa? ¿El poder se ejerce para servir o para mantenerse en él?

Finalmente, no se trata de ideologías, sino de resultados. Porque al final, quienes prometen acabar con la desigualdad terminan concentrando el poder, el problema ya no es el sistema es quién lo utiliza.

Y la historia, una y otra vez, ha demostrado algo incómodo: que hablar en nombre del pueblo no siempre significa gobernar para él.

Por eso hoy la pregunta no es qué promete la izquierda sino qué ha cumplido. Porque entre el discurso de justicia social y la realidad de los resultados, hay una distancia que ya no se puede ocultar. Y en esa distancia, muchas veces, lo único que sí ha crecido es el poder de quienes gobiernan.

El problema no es que se hable de los pobres. El problema es cuando la pobreza se convierte en discurso permanente, pero no en prioridad real.

Porque al final, la historia ha sido clara: quienes llegaron prometiendo representar al pueblo, terminaron utilizando al pueblo como justificación.  Y cuando eso pasa, la izquierda deja de ser una causa y se convierte en poder. Y cuando la demagogia sustituye a los resultados, lo que queda no es transformación es concentración de poder.

Pobre izquierda mexicana; tan lejos de Carlos Monsiváis, de Muñoz Ledo y tan cerca de López Obrador y del crimen organizado.