De acuerdo con las más recientes declaraciones de la presidenta de la República en materia de desaparición forzada, a propósito del informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED por sus siglas en inglés), los gobiernos de izquierda son incapaces de cometer este delito considerado como de lesa humanidad y los únicos que los cometen o han cometido son los gobiernos de derecha o algo más cercano al centro.

Lo anterior equivale a decir que izquierda y desaparecidos no combinan, que son antinatura, sin embargo, en materia de derechos humanos y desaparición de personas, las cosas son relativas; los primeros se siguen violando y las segundas se siguen cometiendo, ya sea por comisión o por omisión, que al final de cuentas son lo mismo penalmente. En todo caso los gobiernos de izquierda son más estridentes en sus respuestas y más refractarios a los señalamientos en su contra.

Desde su perspectiva, del 1 de diciembre de 2018 a la fecha no se ha cometido ninguna desaparición forzada por razones políticas, lo cual podría tener cierta lógica, pero no es así, ya que antes que la actual administración pasaron seis años en los que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos registró varios casos a pesar de haber volteado hacia otro lado, particularmente cuando se encontraban involucradas las fuerzas armadas y la Guardia Nacional antes de que esta última se incorporara completamente a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Pero si nos vamos a las administraciones azules y tricolores, es muy probable que se hayan presentado algunos casos de desaparición forzada, pero por lo menos entre 2007 y 2012 no fueron cometidas por instituciones civiles y ejemplos hay varios, todos documentados por la CNDH e incluso algunos llegaron hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con resoluciones en contra del Estado mexicano, como el caso de Nitza Paola Alvarado en el estado de Chihuahua en 2009, o bien el caso de dos personas que fueron desaparecidas por el Ejército en la Feria de la Primavera de Cuernavaca, una de las cuales apareció enterrada en Axochiapan, Morelos.

Decir que desapariciones forzadas solo hubo hasta el 30 de noviembre de 2018 es como negar que mañana va a salir el sol, tal vez no todas las han cometido las instituciones federales, estatales y municipales, que son parte del Estado mexicano, pero en algunos casos fueron omisos y ese también es delito.

En otros casos el delito se cometió con conocimiento de causa, como el del exsecretario de Seguridad Pública del estado de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, quien hace unos días fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada. Tampoco estaría detenido el exsecretario de Seguridad Pública Municipal de Matehuala, SLP por la desaparición de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad.

Los casos más recientes por desaparición forzada tuvieron lugar en el estado de Morelos, el primero el 17 de marzo de 2022 en el municipio de Huitzilac, que derivó en una recomendación de la CNDH con el número 110VG/2023 en contra del Ejército, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. El segundo derivó en la detención de ocho policías municipales de Emiliano Zapata y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado de Morelos, registrada el 1 de febrero de 2026.

Quizá lo que más le duela a este gobierno es que el citado informe en algún momento trata de generalizar en el sentido de que todas las desapariciones en México podrían caer en el supuesto de que fueron forzadas y lo colocarían como responsable de un delito catalogado como de lesa humanidad.

Rechazar el informe en su totalidad evidencia que las autoridades federales emanadas de la izquierda no asumen su responsabilidad histórica, como tampoco asumieron en su momento los reclamos de las madres y padres buscadores, de los colectivos y diversas organizaciones no gubernamentales, quienes tuvieron que buscar a sus familiares sin recibir apoyo alguno y en un último esfuerzo acudir a instancias internacionales como la ONU para que les hicieran caso. Así es que no pueden fingir demencia.

Tampoco reconocen que llegaron tarde a su cita con la historia y si no fuera por el informe de dicho Comité, hoy seguirían pateando el bote que significa el tema de los 132 mil 500 desaparecidos, cuyo reporte vinieron postergando desde finales de 2025, pero ya no pudieron hacer nada para seguirlo ocultando.

No es casual que antes de que se diera a conocer el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, apresuradamente en la mañanera del pueblo salieran a exponer las cifras de desaparecidos y todas las acciones que han emprendido; por cierto, en su mayoría de carácter administrativo y de gabinete. Lo que sucedió después tiene un claro interés de denostar el contenido y de desprestigiar a quien lo elaboró diciendo que ni a la ONU pertenecen, que son independientes.

Finalmente cabe subrayar que el CED de la ONU emitió sus conclusiones con base en lo que el gobierno federal ha hecho en materia de desaparición en general y desaparición forzada en particular, no lo que está haciendo en este momento (en gerundio como el gobierno de la República ha venido hablando desde diciembre de 2018) y mucho menos por lo que va a hacer, es decir hechos, no palabras.