Presidenta electa: ¿Riesgos y aperturas?

  • Antonio Tenorio Adame
El adiós de AMLO se dice va con nostalgia, aunque en materia de reformas institucionales es riesgoso

“Hoy las mujeres invisibilizadas llegan al poder”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo, la recién declarada Presidenta electa por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Minorías cuña de la democracia

La presidenta de la Sala Superior del TEPJF, Mónica Aralí Soto Fregoso, en los instantes de la declaración de Presidenta electa, precisó el hecho histórico trascendente: “Después de doscientos años y 65 hombres al frente de la primera magistratura del país México le quitó el velo al patriarcado; nunca más la duda de si una mujer está preparada para gobernar nuestro país.

El estigma del «techo de cristal viene de los lejanos tiempos de la independencia (1821), cuando Matías de Monteagudo, ‘Gran inquisidor’ de la monarquía, sentenció con arrogancia: “Volveremos porque los mexicanos no saben gobernarse”».

Afortunadamente el augurio fracasó con el plus de ganar un peldaño más en la lucha por la igualdad y la equidad democrática, y una mujer gobernará a los mexicanos, como antes se superaron las barreras de los privilegios con opciones en el desafío de:

  • Los republicanos opuestos a monarquistas (1824 y 1871); o
  • los demócratas contra dictadores, (1911); o
  • los constitucionalistas frente a los sátrapas (1914); o
  • los estadistas ante los maximatos (1934); o
  • de gobernanza de los ciudadanos frente a los militares (1946).

Siempre una ruta de complicado trazo, y pruebas límites existenciales.

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El arribo de una mujer al poder, más allá de equidad de género, confiere trascender el aparente irreconciliable reto de diferencia sexual para alcanzar una elevada civilidad de convivencia y de demostraciones de formas de políticas igualitarias; si bien, no son generales, ya que una parte del territorio (33%) ha sido sustraído por grupos armados y la nación soberana es sujeta de amagos por la supremacía emanada de la vecindad del septentrión de la Casa Blanca.

A nivel republicano somos soberanos en cierto grado, sólo a lo que nuestro régimen interior lo confiere; esto significa que nuestra soberanía no alcanza su nivel universal, ya que para ello se requiere disponer de una capacidad de armas de destrucción atómica, como ocurre en el caso de las potencias mundiales.

Los vecinos del norte amagan y acotan el ejercicio soberano de los mexicanos, lo evidencia el caso de El Mayo Zambada, quien fue sustraído violando la soberanía territorial y llevado ante la justicia estadounidense.

No se trata de negar, ni siquiera de amortiguar el aspecto criminal que envuelve el caso, sino de evitar la subyugación de la relación entre naciones ya que ambas son afectadas por el mismo mal donde se requiere de la colaboración que debe compartirse, comenzando por el respeto a la formalidad entre iguales; así entonces, no manipular el problema en términos de que el origen de la pandemia de la drogadicción es responsabilidad nuestra.

En la dinámica de los hechos, donde a la violación de la ley se le confronta con los recursos ilegales, cabe el recurso de las notas diplomáticas al que la contraparte responde con evasivas o mostrando su prepotencia; no obstante, se ha seguido un camino oblicuo al desempolvar la injerencia política del gobierno de la Casa Blanca con el financiamiento a organismos civiles, caso Mexicanos contra corrupción y la impunidad cuyas actividades involucran campañas electorales y transferencias monetarias al exterior de orden ilícito.

La tarea del nuevo régimen de la presidenta Sheinbaum enfrentará la guerra híbrida que mantienen los poderes fácticos y el crimen trasnacional; se trata de desarticular el reto del mercado de las drogas con una estrategia de orden geopolítico en las que enlazan la seguridad nacional con la seguridad pública, para desmontar a los grupos armados y romper el escalamiento vertical del poder de los capos, cuya ordenación se origina y culmina con la influencia de la agencias del gobierno de los Estados Unidos.

Mayoría por la compresión y tolerancia
En la gira compartida del Presidente saliente y la Presidenta electa que realizaron a Michoacán se decanta el origen y destino de la violencia que se vive en la entidad, donde se originó durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, la salida del Ejército Mexicano de sus cuarteles con el propósito de inmiscuirse, fuera de sus capacidades constitucionales, en el combate al narcotráfico.

Ese objetivo no se logró, en cambió se afectó la seguridad pública y se rompió el orden constitucional con el militarismo. La presencia de los militares en la calle también era una maniobra encubierta con el fin de que la cuestionada presidencia de Calderón adquiriera fortaleza, un objetivo, como señalé, que no se logró.

Hoy el presidente López Obrador se refiere a Michoacán, en donde las corporaciones de seguridad estatales y federales ya están en la zona para atender las denuncias de los productores de limón que sufren la extorsión de criminales

El conflicto de extorsión se está atendiendo en la zona de Buenavista, en la Tierra Caliente de Michoacán; ya está interviniendo el Ejército, la Guardia Nacional y la policía del estado para dar protección a los productores.

El adiós de AMLO se dice va con nostalgia, aunque en materia de reformas institucionales es precipitado y riesgoso, como se plantea la elección de ministros y jueces del Poder Judicial.

En principio, por estar inscrita su ejecución en los bordes del final de su administración, y es riesgoso por el ambiente de choque que significa el bloqueo que personal del Poder Judicial dispone ya de ir al paro nacional.

Habrá dos elecciones para renovar los cargos judiciales:

1. Para junio 2025, la Corte será electa primero al reducir el pleno de ministros a nueve miembros, en lugar de once; también la mitad de los 1700 jueces y magistrados federales, así como las dos vacantes de la Sala Superior del TEPJF y todas las Salas regionales de ese tribunal.
2. En 2027 para los puestos restantes, la votación federal será en los cargos de jueces y magistrados que serán renovados en 2025 los que estén vacantes. El resto los determinará el Senado por insaculación (sorteo).

Además, se crea un Comité de Evaluación para valorar a los candidatos que aspiren a los puestos judiciales.

La resistencia a la aplicación de este plan de reformas al Poder Judicial está divida en dos frentes:
a) El personal que compone este poder de la Federación muestra preocupación por suponer que será afectado en sus derechos, como lo expresa la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), quienes promueven un paro escalonado de labores a iniciar el próximo lunes 21 agosto.
b) El factor tiempo también se vuelve un obstáculo potencial; la Comisión de Puntos Constitucionales, que elabora el dictamen respectivo, ha anunciado que tiene prevista la reunión que emitirá el dictamen dentro de quince días.

El dictamen de la Reforma Judicial se aprobará la víspera del VI Informe de Gobierno y del fin del ejercicio parlamentario en el que expira la LXV Legislatura; por tanto, se recurre al ardid legislativo de “dictaminar al filo del tiempo” para evitar cualquier otra enmienda o critica que señale tropiezos o contradicciones.

El juego de la reforma judicial está echada su aprobación, sólo un suceso extraordinario lo impedirá. Su aplicación es casi inevitable, pero sus consecuencias se dejarán sentir a los inicios de una nueva administración que dispone de aceptación y confianza ciudadana, en cuanto a abrir los temas de la nación a un debate franco de mayor comprensión y negociación.

Para efectos constitucionales

¿Se abrirán tiempos de conciliación?
Un primer indicador lo expresó la misma Presidenta electa durante los actos de entrega de constancia de mayoría expedido por TEPJF, cuando se dirigió a Morena y llamar a un Congreso revisor de su desempeño.

La decisión de realizar dicho Congreso equivale a examinar el Pacto electoral ya consumado y el Pacto de formación de gobierno, donde cabe un examen autocrítico que le permita corregir excesos y causales de errores, a la vez diseñar una estrategia de políticas públicas, donde comienza el nuevo régimen a caminar por una senda propia.
¿Aún cabe la esperanza?

 

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Antonio Tenorio Adame

Licenciado en Economía por la UNAM, y docente en la BUAP. Fundador de la Academia de Historia y Crónica Parlamentaria y cofundador de la Asociación de Periodistas Democráticos junto con Renato Leduc. Ha sido diputado federal en diversas legislaturas, desde donde ha impulsado la apertura democrática.