La eventual aprobación de las dieciocho reformas constitucionales, anunciadas por el presidente López Obrador el 5 de febrero de este año y que constituyen la piedra angular de lo que la presidenta electa Claudia Sheinbaum, promovió en su campaña electoral, como el segundo piso de la Cuarta Transformación, entra en una etapa crucial en cuanto a saber en primer lugar si Morena y sus partidos aliados logran le sea validada la sobrerrepresentación en el Congreso, que para muchos críticos del partido en el poder y analistas representaría un fraude a la Constitución y una forma falaz de violar su espíritu.

Lo que por tantos años criticó AMLO de los gobiernos emanados del PRI, cuando aplicaban su aplanadora en el Poder Legislativo, acusándolos de ser un partido antidemocrático y autoritario, está a punto de emularlo Morena y sus aliados PVEM y PT en el caso de que el Instituto Nacional Electoral (INE) les otorgue la mayoría calificada en el Congreso, y en caso de que sea impugnada dicha resolución del Consejo General por los partidos de oposición  y posteriormente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la confirme.

Los ciudadanos que votaron el pasado 2 de junio en la jornada electoral y expresaron su voluntad para la continuidad del actual gobierno, merecen el respeto a su decisión, pero también quienes votaron por la alianza opositora, merecen el mismo trato y que su voto, de pauta a la pluralidad en el Congreso y de que se reconozca el porcentaje de diputados y senadores que les corresponde, a fin de que la democracia del país no sea vulnerada.

Para que el Presidente logre la aprobación de las reformas constitucionales, antes de dejar su cargo, con la mayoría calificada que necesita en el Congreso, primero debe lograr que la sobrerrepresentación sea una realidad y que nada impida dejar a su sucesora, las condiciones necesarias para la continuidad de su proyecto transexenal, de ahí que por ahora independiente de los foros y de las protestas en contra de las reformas al Poder Judicial de la Federación que ocupan el espacio público y que todos los días en sus conferencias mañaneras el Presidente trata de justificar ante los ciudadanos, acusando a la Suprema Corte de Justicia y a su presidenta Norma Piña, de conservadores, corruptos, de abusar del presupuesto por sus elevados salarios y prestaciones; así como de estar al servicio de la oligarquía, entre otros señalamientos y ataques que han sido retomados por los diputados y senadores de su partido en los foros, dejando claro, que dicha reforma junto con las otras diecisiete serán aprobadas sin cambiarle una coma al texto original.

Existen las condiciones para un enfrentamiento directo de los Poderes Ejecutivo y Legislativo contra el Poder Judicial, como parte de una venganza del Presidente, que pretende a toda costa lograr su control y de que la impartición de justicia en el país, se vuelva un tema de discusión política y no de la observancia del respeto a la ley y los derechos humanos de los justiciables.

En todo este diferendo, los ciudadanos quedamos en medio y hasta ahora, no he tenido noticia de que los diputados federales y senadores que ganaron las elecciones en sus distritos electorales y estados, se hayan ocupado de consultar a sus representados, sobre cuál debiera ser el sentido de su decisión, en el momento en que las reformas sean sometidas a la votación y aprobación en el Congreso; es decir, tal pareciera que el haber logrado el triunfo en las elecciones, se lo deben a su Partido y no a los ciudadanos que los eligieron.

Dentro de esta lucha del Poder Ejecutivo y Legislativo para someter al Poder Judicial y transformar su estructura y la forma de elección de Ministros, magistrados y jueces mediante la votación popular, el propio presidente ha comenzado a darse cuenta, de que no será una tarea fácil ya que a nivel internacional su propuesta ha sido duramente criticada y a nadie escapa de que el control de dicho poder, ha sido característico de los gobiernos dictatoriales, como Venezuela, Cuba y Nicaragua para acabar con la oposición, encarcelando a sus detractores y e imponiendo un estado autoritario.

En una de sus conferencias mañaneras de esta semana el Presidente, propuso que deben participar todos aquellos que consideren que pueden ser jueces y que reúnan los requisitos y de que en caso de que sean muchos, para seleccionarlos se haga una rifa, o mediante un proceso de insaculación, es decir que sea la suerte la que decida quién debe ocupar el cargo de juez, sin importar sus méritos profesionales, experiencia y capacidad para desempeñar la función de impartir justicia.

La propuesta de López Obrador, pareciera ser una ocurrencia o un mal chiste; es como si usted amable lector, tuviera que someterse a una operación quirúrgica y el sistema de salud, le dijera que el médico que lo va a operar, ganó su plaza en una rifa y que por ello fue contratado.

Así las cosas esta semana que concluye ha circulado la versión en redes sociales, de que el primero de septiembre de este año la presidenta de la Corte, Norma Píña con el apoyo de un grupo importante de ministros, magistrados y jueces, así como el personal del Poder Judicial de la Federación, se jugarán una última carta, en contra de las pretensiones del presidente López Obrador y del Congreso de la Unión de aprobar las reformas al Poder Judicial, con un paro de labores cerrando las ventanillas de atención al público, dejando de funcionar todo el sistema de impartición de justicia federal en todo el país.

Esta medida es inédita en la vida pública del país y ha sido catalogada como el último intento de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, para lograr captar la atención internacional y que los ciudadanos apoyen se frene la reforma y que el Poder Ejecutivo se haga del control del único poder que le ha sido incómodo y no se ha subordinado a su autoridad.

Por todo ello septiembre será un mes clave para el futuro del país. Veremos si finalmente triunfa la imposición o se conserva aún la real división de poderes.