La gran interrogante que habrá de resolverse en los próximos meses y años es identificar cuáles serán los mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones públicas en México.

El voto del 2 de junio expresó una clara voluntad de continuidad a favor del régimen.  La continuidad por sí misma no debería significar problema alguno pues, en todo sistema democrático, los electores cuentan con el poder del voto para castigar o premiar las gestiones de sus gobiernos.

Así, la decisión mayoritaria de las y los mexicanos se pronunció por apoyar las políticas públicas y los resultados de la gestión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Por esa decisión, la presidencia de la República será ocupada por Claudia Sheinbaum quien, a lo largo del proceso electoral, basó su campaña en proponer la continuidad del régimen y de quien se espera mantenga el rumbo propuesto por la actual administración y profundice algunas de las medidas adoptadas.

Sin embargo, el voto mayoritario también apoyó una ruta de cambios institucionales que ponen en severo riesgo la existencia de mecanismos de control gubernamental y de defensa de los derechos de las minorías políticas.

Durante la mayor parte del siglo XX, México vivió en un régimen presidencialista sin controles institucionales y sin un andamiaje institucional sobre el que se soportaran; había mecanismos de control político que funcionaban poniendo en juego equilibrios de poder y contando con un mecanismo definitorio -toma de la decisión final- depositado en la persona que ocupaba la titularidad de la Presidencia de la República.

Ese juego de equilibrios encontró límites cuando las crisis económicas superaron la capacidad del Estado para obtener la aprobación mayoritaria hacia la fuerza política dominante.

Las muestras del resquebrajamiento fueron visibles en lo económico y en lo político.

Crisis económicas recurrentes y cada vez más dolorosas fueron consecuencia de, entre otros factores, la toma de decisiones en materia de finanzas públicas que privilegiaban atender demandas de grupos sociales organizados, en lugar de vigilar la solidez de los indicadores fundamentales de la economía.

Crisis políticas recurrentes que se generaron por la incapacidad del régimen de otorgar espacios de representación a todos los actores políticos y, con ello, mantener las lealtades de todos. Esas crisis se vieron expresadas en las rupturas, cada vez más evidentes entre grupos del partido dominante y con el crecimiento a nivel regional de la oposición que, a lo largo de los años, se mantuvo legal y reclamante de un sistema democrático.

Las crisis apenas alcanzaron a superar las turbulencias políticas y económicas que se desataron después de la elección presidencial de 1988 y, sobre todo, en el proceso electoral de 1994 y el desastre económico que conocimos como el “error de diciembre”.

Para enfrentar esas crisis, México tomó la única ruta de estabilización que tenía a la mano y que consistía en establecer controles democráticos al ejercicio del poder público, de modo que las decisiones no pudieran ser producto de la voluntad final de una sola persona ni producto de los intereses en juego de los grupos afines al poder.

La solución para México era institucionalizar la vida democrática y hacer prevalecer el Estado de derecho sobre las fuerzas supra jurídicas que actúan en la sociedad.

A lo largo de las últimas décadas construimos y fortalecimos instituciones en las que la premisa central consistía en establecer límites claros y robustos al poder político y mecanismos eficientes de protección de los derechos humanos de todas las personas y de todas las expresiones minoritarias que formamos el país.

Con el resultado electoral, el régimen puede eliminar los mecanismos de control construidos a lo largo de nuestra experiencia democrática.

La nueva administración podrá realizar reformas constitucionales, sin ningún control democrático, y si eso sucede, seremos testigos del desmantelamiento de nuestras instituciones.